Cuaderno de crisis /
19
Albert Recio
Condenados a reforma perpetua
I
En
la España democrática hay cosas intocables (la Constitución, el
Poder Judicial, el Concordato con la Iglesia Católica...) y otras
sometidas a perpetua transformación. Las regulaciones laborales son
el paradigma de la actividad reformista de nuestros legisladores.
Cada década ha contado, al menos, con dos reformas importantes
(aunque el segundo gran intento de 1988 fue abortado por la Huelga
General del 14 de diciembre), y una enorme variedad de
microrreformas que han cambiado sustancialmente la regulación
institucional del mercado laboral.
Tan
desmedido afán reformador se ha justificado en la recurrente
situación de desempleo masivo. Pero el elevado desempleo no
justifica por sí solo que las reformas deban centrarse en el mercado
laboral. Estas se explican sobre todo por la ideología económica
dominante, por la forma en que son analizados los problemas
laborales. Una lectura rigurosa del pensamiento económico permite
observar que existen, básicamente, dos formas de entender los
problemas del desempleo. Para una parte importante de pensadores se
trata, fundamentalmente, de una manifestación dolorosa de las
lógicas de funcionamiento de las economías capitalistas, de sus
múltiples “fallos” o “contradicciones”. Más o menos de la misma
forma que la fiebre constituye un efecto de muchas enfermedades
aunque sus causas están en otro lugar. Desde esta perspectiva la
lucha contra el desempleo es, en gran medida, el campo para un
amplio espectro de intervenciones y regulaciones públicas, un campo
que incluye propuestas más reformistas (como las de los economistas
keynesianos y post-keynesianos) hasta otras más radicales. Otra
poderosa corriente, la que llamamos neoclásica, considera que el
desempleo es, básicamente, el resultado del mal funcionamiento de
los mercados laborales, y por ello las reformas deben concentrarse
en este ámbito. Se trata de un convencimiento sustentado en modelos
teóricos que en gran medida ven el funcionamiento del mercado como
un engranaje social casi perfecto y por tanto la aparición de
problemas laborales se explica precisamente por la existencia de
pesadas regulaciones laborales que impiden su buen funcionamiento.
Esta última corriente se impuso en el campo académico, cultural y
político, con la contrarrevolución neoliberal de los años setenta
del pasado siglo y ha manteniendo su hegemonía hasta el momento
presente. Totalmente insensible a las múltiples evidencias que
muestran que en casi todos los parámetros de comparación
(crecimiento económico, empleo, pobreza, estabilidad económica,
desigualdad, gestión medioambiental....) el periodo neoliberal ha
sido menos que mediocre. En España, sus partidarios han argumentado
que los problemas del mercado laboral español se explican por la
persistencia de muchas rigideces heredadas del franquismo. Rigidez
que las sucesivas reformas no han eliminado porque se han planteado
como reformas “en el margen” y no reformas globales. Ello explica su
insistencia en dar nuevos y sustanciales pasos reformistas cada vez
que las cosas se complican. Quizás su “revolución pendiente” nunca
tenga lugar (al fin y al cabo toda reforma siempre requiere algún
tipo de compromiso, excepto si se produce en regímenes dictatoriales
como el franquista, el pinochetista o el chino), pero no cabe duda
que la insistencia conjunta de patronales y académicos ha avanzado
mucho trecho en laminar derechos individuales y colectivos de los
trabajadores.
II
No
volveré a discutir los argumentos de los “reformistas neoliberales”.
Muchos de ellos están ya contenidos en anteriores entregas de este
cuaderno. Voy a limitarme a comentar los aspectos cruciales de la
actual reforma y a discutir cuáles son sus posibles efectos.
Básicamente la reforma laboral incluye novedades que si bien no
llegan al contrato único de empleo y a la fragmentación completa de
la negociación colectiva avanzan sustancialmente en esa dirección.
Más
allá de un análisis jurídico detallado, siempre necesario, la
reforma incide en una serie de cuestiones clave de la regulación
laboral en materias como la regulación de los despidos y la
contratación temporal, la negociación de la flexibilidad interna, la
negociación colectiva y la intermediación en el mercado laboral.
En
la mayoría de estos campos la nueva regulación tiende a ampliar los
poderes empresariales y a reducir las garantías jurídicas (por
ejemplo desaparece la consideración de despido nulo cuando la
empresa no entrega una comunicación formal). Esto se hace por vías
diversas, especialmente por una nueva definición de las
circunstancias objetivas de despido que amplía el margen de maniobra
de las empresas. Margen que pueden salir reforzado en el trámite
parlamentario donde posiblemente el Gobierno acabará por realizar
concesiones a quien se ofrezca a apoyarle: CiU nunca ha perdido
oportunidad en anteriores reformas de sacar tajada para sus
intereses de clase y no es previsible que ahora renuncie a ello. La
misma “apertura” de criterios se produce en todo lo que tiene que
ver con el descuelgue de la negociación colectiva. De hecho los
cambios apuntan tanto a hacer automáticos los despidos (lo que ya se
conoce por despido “exprés”, vigente de hecho desde las últimas
reformas del PP) como los cambios de condiciones laborales. A mi
entender, esta unilateralidad es tanto o más importante que la
reducción del coste de la indemnización, puesto que puede permitir
situar la indemnización por fin de contrato más próxima a los 20
días por año trabajado (a través de las múltiples fórmulas de
despido procedente) que de los 33 días en los que trata de
generalizarse el coste del despido improcedente. De hecho, la
definición o no de procedencia depende crucialmente de cómo se
formule el supuesto. Una definición laxa de las razones de la
procedencia, como apunta la nueva norma, puede abrir el camino a la
difuminación del despido improcedente. Si a ello se suma la
anunciada asunción de 8 días de indemnizacíón por parte del Fondo de
Garantía Salarial (es increíble que en tiempos de recortes
presupuestarios se abra una nueva vía de subvenciones al despido) el
resultado final podría ser cercano al pretendido contrato único con
un coste de despido de 12 días por año, manteniendo eso sí la
ficción de una protección al empleo prácticamente inexistente.
Vistas así las cosas sorprenden las críticas de la patronal y los
“combativos” representantes del manifiesto de los 100. Quizás sólo
sea teatro politico para ayudar a presentar la reforma como una
propuesta equilibrada, o quizás sea una reacción de soberbia porque
el Gobierno no ha aplicado literalmente sus propuestas. Es decir,
mero ejercicio de fuerza para sacar nuevas tajadas. No deja de ser
indicativo que en el plazo de unos pocos días, fruto de la protesta
patronal, una de las pocas medidas que mejoraban derechos
—la
limitación temporal de los contratos por obra o servicio—
vio extender su duración máxima de dos a tres años (cuatro si los
sindicatos ceden).
III
El
otro ganador de la reforma son las empresas de empleo temporal. Su
campo de actuación se amplia en dos sentidos: aumentan las
actividades en las que puede intervenir
—especialmente
construcción y administración pública—
y pueden convertirse vía convenios en intermediarios de la
contratación laboral. Puede parecer que esto es sólo una nueva
variante de las prácticas neoliberales al uso: las regulaciones
públicas orientadas a garantizar espacios a los negocios privados.
Pero su alcance puede ir mucho más lejos y constituir un vigoroso
mecanismo que refuerce el desigual reparto de poder y derechos en el
mercado laboral.
En
el caso de la intermediación privada, que existe hace años, lo nuevo
es que las empresas de colocación pueden alcanzar el estatus de
colaboradoras de la Administración, lo que en la práctica se
traducirá en que realicen sus mismas funciones y tengan poder
estatutario para ello. Sabemos lo lo suficiente sobre el significado
de la colaboración en campos como la sanidad, la escuela y los
servicios de dependencia concertados como para saber qué se puede
esperar del nuevo modelo. Sobre todo teniendo en cuenta el
desprestigio que tienen los servicios públicos de empleo. Dejar en
manos de los gestores privados el control del proceso de colocación
puede traducirse en prácticas mucho más coercitivas y
discriminatorias en los procesos de búsqueda de empleo. Al fin y al
cabo las posibilidades de rechazar empleos indeseables depende de la
voluntad del controlador de aceptar un criterio u otro. Y la
experiencia de las mutuas patronales de accidentes son una buena
muestra de ello, un sistema institucional que permite por ejemplo
camuflar gran parte de las enfermedades profesionales. Ahora la
experiencia de estas mutuas podrá extenderse al campo de la
contratación. No es despreciable tampoco la creación de nuevos
mecanismos de estigma basados en los criterios que apliquen estas
empresas (desde listas negras de trabajadores rebeldes hasta la
marginación de los menos empleables). La empleabilidad puede
transformarse así en un nuevo mecanismo de coacción laboral. Cuando
pienso en este tema siempre me viene la referncia de los estudios de
Beveridge, el primer economista académico que reconoció la posible
existencia de paro involuntario la cual asoció a las prácticas de
las empresas de gestión portuaria londinenses. Por ello Beveridge
fue un acérrimo promotor del sistema de colocación pública y
universal. Las recetas neoliberales nos retrotraen al siglo XIX.
Igual de inquietante es la ampliación de los espacios de
intervención de las ETT en espacios sensibles como la construcción y
el sector público. En el primero de los casos esto genera un nuevo
problema regulatorio en un sector donde la extrema subcontratación
siempre ha estado relacionada con los elevados niveles de accidente
y las desigualdades salariales, y donde esos nuevos operadores
generan un nuevo reto a los intentos sindicales de regular el sector
vía ley de subcontratas y delegados de prevención. En el sector
público constituyen sin más un nuevo mecanismo de segmentación
laboral y un intento de dinamitar una cultura de lo público tanto
más necesaria que nunca.
IV
No
hay que ser muy avispado para comprender que ni estamos ante una
reforma equilibrada, ni ésta es progresista. Uno no encuentra ningún
atisbo de mecanismos compensatorios con los que gustan llenarse la
boca los modernos partidarios de la flexiseguridad
(flexibilidad con garantías de derechos). Más bien es una nueva
muestra de que las políticas liberales simplemente se orientan al
desmantelamiento de derechos y de la acción colectiva, y a la
individualización de las relaciones laborales. Como el mundo del
XVII, donde un liberal compasivo como Adam Smith describe el mercado
laboral en La riqueza de las naciones como un mercado entre
desiguales. Los intelectuales liberales de ahora o son más cínicos o
más ignorantes (o simplemente hace tanto tiempo que forman parte de
una cultura sectaria que son incapaces de reconocer el mundo real).
Hay
que combatir el modelo. Aun a sabiendas que a corto plazo las
fuerzas están mermadas y hay poco a ganar. Y hay que hacerlo con
argumentos que pongan en claro que esta regulación ni es buena como
mecanismo para reducir las enormes desigualdades e injusticias que
existen en el mercado laboral (generadoras de una enorme
diferenciación de las clases trabajadoras) ni va a prestar apoyo al
desarrollo de un nuevo modelo productivo.
De
lo primero poco hay que explicar. Despidos baratos y fáciles no sólo
aumentan las prerrogativas empresariales y permiten introducir
nuevas discriminaciones entre empleados (leales y desleales,
conformistas y rebeldes, entregados o defensores de su autonomía,
individualistas y sindicalistas...). Son también la fuente de nuevas
medidas de presión sobre el comportamiento laboral de la gente. Algo
que se produce en todos los contextos en los que la desigualdad de
poder es extrema, como podemos observar en la situación laboral de
los inmigrantes (en la que el tema de los “papeles” es un elemento
crucial en la aceptación de condiciones laborales inaceptables). En
contra de lo que preconizan los economistas neoliberales, allí donde
hay mucho poder patronal florece la desigualdad y la iniquidad. Y
de esto ya tenemos mucho en el mercado laboral español. Ahora
tendremos más.
De
lo segundo, la experiencia internacional permite mostrar que un
cambio de modelo productivo como el que se preconiza sólo puede
funcionar si se basa en la cooperación, y ésta exige avanzar en
campos tan relacionados como los derechos de participación laboral,
el reconocimiento profesional (asociados a procesos formativos
adecuados), o la existencia de contextos igualitarios. Todo lo
contrario de un modelo diseñado para promover una movilidad dictada
autoritariamente por los directivos empresariales, con poco diálogo
y pocas garantías de derechos. Alguien debería explicarnos cuál es
la racionalidad de subvencionar los despidos, una subvención que
pagaran en parte las empresas más respetuosas con el empleo. No deja
de ser curioso que ningún liberal se haya quejado de que aquí puede
producirse un clásico modelo de “riesgo moral” de transferencia de
fondos a los empresarios aprovechados. Pero hace demasiado tiempo
que sabemos que la mirada de muchos de esos liberales es estrábica y
lo que vale para otras cosas no sirve para el análisis de las
políticas liberales.
V
Es
tiempo de respuesta. Aun con expectativas limitadas. De realizar un
enorme esfuerzo de debate en el seno de las clases trabajadoras. De
generar una nueva conciencia de la dignidad y la racionalidad.
Tiempo también de saber diferenciar el enemigo principal de las
molestias secundarias. Algo que debería saber aplicarse todo el
mundo. Desde las grandes organizaciones sindicales, a menudo tan
desdeñosas del resto, como de los sectores más radicales, siempre
proclives a tomar como enemigo principal al que está más cerca. Si
queremos que no todo sea un desastre hay que trabajar por conseguir
alguna movilización importante. Y ello requiere esfuerzo compartido,
búsqueda de compromiso y colaboración. Lo hemos conseguido otras
veces. No podemos dejar que el próximo septiembre sea un nueva nueva
autovía a la desesperación. El reto es importante y requiere máxima
unidad entre todas las personas y fuerzas que creen que alguna vez
podremos salir del bucle de la reforma laboral permanente.
El adversario ausente
Lo formulaba el Roto con uno
de sus sintéticas reflexiones: “Fracasa el capitalismo y se hunde la
izquierda, ¿Hay quién lo entienda?”. Hay sin duda muchas razones
para explicar esta aparente contradicción. Sólo me centraré en lo
que me parece más obvio: la inexistencia de un discurso político que
realmente cuestione el marco social dominante. Un marco referencial
sin el cual es difícil que las resistencias, el malestar, las
demandas sociales insatisfechas puedan traducirse en un verdadero
movimiento alternativo.
Los
discursos que emplean la mayoría de activistas se debaten entre la
propuesta de un modelo de crecimiento diferente (tal es el contenido
del nuevo manifiesto elaborado por las direcciones de CC.OO. y UGT),
la apelación abstracta a la inviabilidad del capitalismo que
explicitan los sectores más radicales, o la simple formulación de
propuestas parciales como respuesta a la crisis (como la que
formulan los partidarios de la renta básica). A mi entender ninguna
de ellas resulta demasiado operativa para generar lo que requiere un
proceso movilizador: ideas de fondo, proyectos de transformación que
situén un horizonte de reorganización deseable, por un lado, y
propuestas de acción a corto plazo en las que pueda avanzarse
cambios o cuando menos generar un espacio de confrontación frente a
las propuestas neoliberales, por otro. Sin duda pesa la no asumida
crisis del “socialismo real”, y pesa también la pluralidad de
pensamientos alternativos de la izquierda (el postmodernismo no ha
sido sólo una cuestión de los intelectuales de derechas si nos
atenemos a la dispersión de planteamientos que confluyen en los
movimientos sociales). Y pesa mucho (especialmente en los
movimientos sociales más tradicionales) la hegemonía neoliberal
ampliamente propagada por los medios de comunicación y buena parte
de la academia. Sin generar un espacio referencial alternativo,
compartido, es difícil que se acaben por desarrollar movimientos
sociales de largo alcance y que el neoliberalismo tenga que hacer
frente a una verdadera presión de cambio.
Y
ello es más urgente cuando se constata la pluralidad de “crisis” o
“graves cuestiones sociales” a las que tenemos que hacer frente y a
los que resulta evidente que las respuestas neoliberales son del
todo punto inadecuadas. Desde la perspectiva del análisis económico
crítico detectamos la superposición de tres grandes vías de
fractura: En primer lugar la que podríamos llamar económica
convencional, cuyo reflejo es el desempleo, la precarización social,
la inseguridad económica para amplios sectores de la población, etc.
La segunda es la crisis ambiental, generada por el propio modelo de
producción-consumo y cuya gravedad crece a diario (con efectos
también en términos de desigualdad). Y la tercera es la crisis
social o de los cuidados que se traduce en la persistente
desigualdad de género (especialmente en términos de carga de trabajo
entre hombres y mujeres, pero también en términos de desigualdades
salariales, de poder etc.) y que está asimismo relacionada con la
incapacidad de la esfera capitalista de reproducirse por sí misma y
de ofrecer condiciones laborales (por ejemplo en la cuestión de los
tiempos) que permitan a todas las personas gestionar una vida social
plena. Unas crisis que sólo pueden resolverse cambiando el marco
organizativo y los objetivos de la actividad económica. Y que es lo
que exige construir un marco cultural alternativo donde las
apelaciones al crecimiento, la competitividad, la rentabilidad sean
substituidos por la necesidad de garantizar la cobertura de
necesidades básicas, la sostenibilidad económica y social, la
seguridad económica a todo el mundo, la democracia social, el
igualitarismo, la cooperación humana. Un marco que exige no sólo
defender valores sino también pensar y defender formas de
organización social adecuadas a estos objetivos, que exige
reformular las viejas demandas socialistas teniendo en cuenta todo
lo aprendido de propuestas fallidas de “socialismo real” (más bien
de proyectos burocráticos protosocialistas), de patriarcado y
desigualdades de género, de ecologismo y sostenibilidad, de
experiencias de participación social, de cooperativismo...
Contar con un proyecto alternativo no basta. Es necesario también
desarrollar un espacio de reivindicaciones concretas específicas que
avancen en esta dirección. Éstas están ya presentes en muchas de las
luchas actuales, pero requieren una cierta puesta en común y una
clara confrontación con las políticas de reestructuración en marcha.
Hay que insistir en el fracaso real de las propuestas neoliberales y
proponer una línea alternativa. A corto plazo me parece evidente que
el fortalecimiento del sector público constituye el eje sobre el que
pueden pivotar muchas de las demandas. Y ahí no sólo hay buenas
razones ideológicas sino también la evidencia empírica de cuales son
las sociedades existentes que mejor garantizan derechos sociales. En
un país como España, con poco peso de lo público (en términos de
impuestos y de gasto), ésta debería ser un campo de demanda y
reflexión esencial.
Defender lo público no significa ni apostar por el estatismo ni
ignorar los peligros de las burocracias públicas. Supone también
desarrollar buenas propuestas de gestión democrática de lo público,
de nuevas formas de participación y control social. Pero es la vía
más clara de confrontación con un proyecto neoliberal que descansa
en el uso sostenido de la accion del Estado en beneficio propio.
Vamos siendo derrotados desde que se inició la crisis. El programa
neoliberal sigue marcando el ritmo de las políticas. Aunque augura
pocos éxitos en cuestiones sustantivas. Por esto existe una
oportunidad de respuesta en clave tanto de proyectos de
transformación radical como de políticas concretas. Pero para que
éstas se encarnen hace falta ganas de hacerlo, generación de
organización y voluntad de trabajo unitario. Todos tenemos
responsabilidad en que no se ahonde la grave crisis social, pero es
obvio que son las organizaciones más consolidadas (IU, ICV,
sindicatos, etc.) quienes deben abrir las posibilidades para que
ello sea, cuando menos, posible de intentar.
Resistencia y sueños
Agustín Moreno
La crisis en tres fases y un adiós.
La estafa
bancaria. Con la burbuja inmobiliaria y el capitalismo de casino (el
75% del capital circulante nada tiene que ver con la economía
productiva) estalla la crisis. Ayudas públicas escandalosas a los
especuladores. Los propósitos iniciales: refundar el capitalismo
(Sarkozy), regular mercados, acabar con paraísos fiscales,
quedan en agua de borrajas.
El ajuste.
Tras algo de keynesianismo para la reactivación, el neoliberalismo
rampante vuelve al mantra: recortar salarios, derechos laborales y
sociales. Los que se forraron, los incompetentes contraatacan. Todo
el mundo se plega: Zapatero con el triste semblante de un suicida
(Chirbes) incumple todas sus palabras y aplica recortes sociales
injustos (congelación de pensiones y dependencia, 5% menos para los
funcionarios), desequilibrados (los capitales no se gravan),
contrarios al empleo y la reactivación. Qué pena, ni un solo voto
libre, digno, en las filas socialistas del congreso: sólo brazos de
madera, militantes derrotados de antemano, gobierno amortizado.
Ambiente de crisis general: no éramos una gran economía (G8), somos
una democracia vigilada (Garzón).
La protesta.
Lo peor es la resignación. Hay alternativas técnicas (presión fiscal
progresiva, banca pública, papel del Estado en la economía…), faltan
las políticas. Sobre todo para evitar un duro ajuste sostenido es
necesario resistir: pensamiento crítico y movilización. Si luchamos
podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos.
La despedida.
Estamos rematando el curso, decidiendo notas. Nos despediremos de
los compañeros y de los alumnos. Iremos a descansar con la nómina
mermada. Con la incertidumbre sobre el futuro de la educación, con
la certeza de que seguirán los ataques a la pública en nuestra
comunidad. Pero ahora toca cargar las pilas. Será sólo un paréntesis
para volver en septiembre con alumnos de la misma edad de siempre y
nosotros un año más veteranos. Para intentar volver renovados en
proyectos y actualizar el compromiso con la escuela, ese lugar donde
nacen los sueños cuando hacemos que funcione y participe toda la
comunidad educativa. Buenas vacaciones. Ha sido un placer.
Cajón desastre
El Lobo Feroz
Sobre el neofundamentalismo católico
En esta crisis no se
puede desdeñar un hecho cultural importante: la ofensiva católica
fundamentalista por devolvernos a una cosmovision anterior a
Galileo. En ella colaboran científicos creyentes, poco respetuosos
con los hechos y atrevidos en las interpretaciones, que ponen su
reputación personal, obtenida en sus carreras en institutos
científicos, al servicio del misterio. Pretenden revivir a
Dios. Volver a colocar la fe en Dios en un lugar central de las
consciencias. Aprovechan el desencanto de los intelectuales de
izquierda en este cambio del mundo para tratar de recuperar el poder
cultural. Y están teniendo cierto éxito. Usan el mentidero
irresponsable que también hay en Internet para que circulen las
falacias. A las que es preciso estar muy atento.
Movimientos
fundamentalistas como Comunión y Liberación están creando
instituciones culturales paralelas a las públicas. Mientras el
neoliberalismo induce a los gobiernos a recortar los fondos
asignados a las universidades y a la investigación, este movimiento
promueve lo que llama el principio de subsidiariedad, que se
manifiesta en la creación de instituciones paralelas al desmantelado
humanismo de las universidades, preparándose para subordinárselas.
Este movimiento concede becas, promueve congresos, crea residencias
estudiantiles, selecciona a científicos afines, y acepta cierto
pluralismo subsidiario en su propia construcción de la hegemonía
cultural. Mientras, los centros públicos languidecen. Sus
potencialidades están maniatadas.
La financiación de estos
movimientos fundamentalistas es ante todo oscura. A veces incluso
consiguen obtener fondos públicos. Más probable es que haya alguna
zona de intersección con los mercados negros.
No se debe olvidar que
el negocio de la droga, y, sobre todo, el blanqueo del dinero de la
droga, visto en su conjunto, es la más importante de las empresas
multinacionales. Este universo nuestro tan tecnológico es también un
universo de miseria, de violencia, de barbarie. Y ahora, también, de
regresión cultural.
Comunión
y Liberación, E-cristians, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Regnum
Christi son una vanguardia cultural de la derecha. Que tiene tras de
sí el gran cuerpo de la iglesia católica construido a lo largo de
los siglos: instituciones de toda índole donde es posible reunirse,
estudiar, practicar el deporte, ayudar al prójimo, vivir en común.
Con algunas zonas de este gran cuerpo de la iglesia católica es
posible avenirse y colaborar desde posiciones laicas. Con esa nueva
vanguardia fundamentalista, sencillamente, no.
Energía: van a levantarnos la camisa
Ha bastado el anuncio de
que Angela Merkel impondrá un impuesto a la prolongación de la vida
de las centrales nucleares para que el ministro de industria español
se apresurara a decretar la prolongación de la vida útil de la
central nuclear de Almaraz por diez años más.
El ministro no ha
tardado ni veinticuatro horas. No son tan tontos como dicen los
tontos. Iberdrola y Endesa respiran. Ahora, a prolongar la vida de
Ascó, que la inmeditada inversión en nucleares la ha de recuperar el
capital. La luz será más cara, que aquí las famosas leyes del
mercado se pueden orillar. Te equivocas en la inversión, pero lo
pagan otros. Eso si no pasa nada peor.
Y luego dicen que el
kilowatio renovable es caro.
Usque tandem Afganistán?
A estas alturas ya está
claro que la Otan no lleva las de ganar en Afganistán. A las malas
noticias militares y políticas se añaden las "civiles": la
corrupción del régimen oficial afgano, los millares de dólares que
las empresas de suministro de intendencia entregan... a su enemigo.
Seguirán cayendo los muertos: unos por "acierto" y otros por
"error", unos afganos y otros no afganos. Y sin embargo no parece
que esto vaya a tener un final cercano.
El gobierno español
mantiene el tipo. No se habla de retirar las tropas ni siquiera en
medio de los recortes sociales. También aquí está limitada la
soberanía, pero lo está también por la escasa reacción popular ante
esta guerra inicua. Una guerra americana más. Como cuando empujaron
a iraníes e iraquíes a matarse mutuamente.
La radio y la televisión
públicas llaman terroristas a los resistentes afganos a la invasión
extranjera. ¿Habrá que considerar retroactivamente terroristas a
Jean Moulin, a Albert Camus, a los guerrilleros que se enfrentaron a
Franco, a la Segunda República española?
Prohibir
¡Qué lejos queda el
prohibido prohibir de mayo de 1968! Prohibir se ha convertido en
el deporte nacional español, balón aparte. Numerosas entidades
catalanas que siguen los pasos de la italiana Liga del Norte
italiana expresan ahora su xenofobia a través de prohibiciones
municipales de vestir el burka.
Uno creía que los
ayuntamientos podían prohibir cosas como mear en la calle o tirar la
basura fuera de tiesto. Pero prohibir el burka cuando es
rarísimo verlos —el Lobo Feroz no lo ha conseguido—, o prohibir a
las chicas árabes portar un pañuelo en la cabeza en la escuela,
donde las monjas llevan o han llevado toca hasta anteayer, muestra
un celo feminista muy particular e incongruente con la
libertad de expresión. En realidad es pura y simple
xenofobia. A la que se suman ediles de partidos sedicentemente
democráticos. ¡Qué sabrán ellos de democracia, ocupados como están
en mirar para otro lado cuando alguno se llena los bolsillos!
La
otra
prohibición entusiasta, la de fumar, parece ser aceptada por la
población. Nada de imitar a países atrasados, como México,
donde prima la separación de espacios en establecimientos
públicos para fumadores y no fumadores. ¡Se prohíbe, y basta! El
puritanismo se impone: que esos contribuyentes que son los fumadores
—al comprar tabaco pagan más por impuestos que por la mercancía—
fumen, si quieren, en el retrete de su casa. La seguridad social
—dicen— se ahorrará millones. Por lo visto nadie ha caído en que de
algo hemos de morir. Ni en que los médicos no han conseguido hallar
remedios farmacológicos para los cambios en el complejo de
neurotransmisores de los adictos al tabaco, que suelen recaer una y
otra vez en la adicción. Por lo visto algunos también tienen
prohibido pensar.
Está
permitido
en cambio que el ejército participe en las procesiones católicas, o
que las autoridades institucionales acudan como tales a ceremonias
religiosas. O que centros educativos financiados públicamente sigan
exhibiendo símbolos de esa naturaleza. Parece haber pues dos pesos y
dos medidas también para prohibir.
Desde
mi barrio, 3
Albert Recio
Affaire millet: ¿el final del urbanismo a la carta?
El
affaire llamado “Millet” o “Palau de la Música” tiene cada vez más
ramificaciones. Unas, previsibles desde los inicios, apuntan a que
el saqueo de los socios Millet-Montull eran tolerados porque servían
de tapadera al cobro de comisiones ilegales de Convergència i Unió.
Las evidencias son cada vez más abrumadoras y arrojan luz sobre las
conexiones de las grandes empresas constructoras y de servicios con
el poder político. En este caso ha sido Ferrovial, empresa que
obtuvo importantes contratos de construccion y que cuenta con una
filial, Cespa, que es una de las principales gestoras de vertederos
de residuos en Catalunya, la que ha salido a la palestra con
sospechosas donaciones al Palau que en poco tiempo permitían hacer
pagos a proveedores directos de CiU. Para que luego se diga que la
cultura no sirve para nada.
Pero la ramificación más novedosa es la que ha llevado, de momento,
a la imputación del concejal del Partido Socialista y responsable de
urbanismo de Barcelona, Ramón Garcia Bragado, y a su gerente Ramon
Massaguer, por posible recalificación del suelo para la construcción
de un hotel. Una cuestión que fue denunciada desde el principio por
el movimiento vecinal de Casc Antic, al entender que se trataba de
una mera operación especulativa que incrementaría la presión
turística en un área donde ésta genera una enorme presión sobre el
mercado de la vivienda (mobbing, molestias generadas por los
apartamentos turísticos, etc.) y el tejido comercial (expulsión de
comercio de proximidad). Lo realmente paradójico del caso es que la
operación se justificaba por necesidades funcionales del Palau. En
la práctica la operación consistía en transformar en un hotel
privado un espacio calificado urbanísticamente como equipamiento.
Como la legislación establece que una permuta de este tipo debe ser
compensada por nuevo suelo de equipamiento, la Administración era la
que de hecho aportaba (con la promesa de una compensación) ese suelo
(el de un edificio de titularidad pública pero calificado como
“suelo privado”, pues era la antigua sede de la desaparecida Caixa
de Barcelona). O sea que en la práctica la Generalitat y el
Ayuntamiento aportaban casi gratis suelo público para un negocio
privado, camuflado como un hotel asociado al Palau. Después se ha
descubierto que el espacio que iba a ocupar el hotel ni siquiera era
propiedad del Palau, sino que había sido transferido a los
promotores (la cadena hotelera Olivia Hoteles), verdaderos
beneficiarios de la operación (junto con el dúo dinámico Millet &
Montull + los Hermanos de la Salle, que iban a ser compensados por
aportar parte del suelo necesario para la operación). Fueron los
vecinos y vecinas del barrio los que sacaron la cuestión a la luz
(la historia detallada está explicada en varios números de la
revista vecinal Carrer, accesible en
http://www.favb.cat/). Consiguieron una primera victoria cuando
la Generalitat decretó que la obra afectaba a edificios protegidos y
el proyecto debía rehacerse. Y cuando se destapó el affaire central
de la corrupción en el Palau, su denuncia sirvió para abrir un
segundo sumario que ha dado resultados más rápidos, seguramente por
la diferente actitud del juez que lleva el caso. La implicación de
cargos municipales se basa en la anormalidad de la operación, en la
evidencia de reuniones entre los jerifaltes del Palau y los (ir)responsables
municipales y en el testigo de cargo de la ex-concejala dimitida de
Ciutat Vella Itzíar González, que relató ante el juez las presiones
recibidas para dar el visto bueno el proyecto.
Sin
duda, todo el affaire es una nueva vía de agua a la averiada
maquinaria del Ayuntamiento socialista de la ciudad. Quizás
sorprende lo cutre del caso, pero para los que seguimos de cerca la
política municipal lo vemos como un caso extremo de toda una
práctica de gestión urbanística de la que por desgracia existen
demasiados ejemplos en nuestro pasado reciente. Una práctica en la
que la iniciativa parte de alguna institución privada que trata de
sacar rendimiento a una operación especulativa y negocia con el
Ayuntamiento un plan de recalificación que se justifica siempre en
aras al interés común. Es el mismo modelo que se ha aplicado en las
recalificaciones de suelo del FC Barcelona y antes del RCD Espanyol,
en la conversión de la sede barcelonesa de Telefónica en un edificio
de vivienda, en toda la operación Sagrera en beneficio de Renfe, en
el proyecto Casernes de Sant Andreu para transferir rentas al
Ministerio de Defensa... Una práctica que empezó a desarrollarse en
el período olímpico (la construcción de la Vila Olímpica) y que
siguió con toda la remodelación del frente marítimo. Una práctica
que ha tratado de presentar como gran urbanismo lo que no era
más que una actitud servil a los intereses especulativos y que
ignoraba, olímpicamente, las demandas vecinales de
equipamientos públicos o las denuncias de densificación. (Hace pocos
meses tuve que escuchar de boca de un técnico municipal que en el
barrio de Les Corts el Ayuntamiento no encontraba espacio para
construir una escuela de adultos, mientras se debatía la
recalificación del Miniestadi en el mismo barrio. Y en mi propio
barrio, Prosperitat, hemos pasado por la experiencia de ver cómo
Telefónica, con la aquiescencia de los ahora imputados, se saltaba a
la torera el compromiso de transformar parte de sus edificios
inutilizados como compensación al pelotazo obtenido en la
recalificación de su sede central).
Es
posible que no haya corrupción en el sentido de ganancia monetaria.
Que la confusión entre interés público e intereses privados haya
llegado a unos extremos donde se confunden totalmente los papeles.
En cualquier caso, estamos ante una completa perversión del
ejercicio de la democracia. Una perversión que realmente ha
contaminado una vida municipal que se pretende progresista,
participativa y modélica. Quizás el affaire del Palau sirva para
poner punto y final a esta forma de ejercer la política urbanística,
o cuando menos frene las tendencias más perniciosas. Pero ni está
claro que la lección se haya aprendido, ni sirve de consuelo la
perspectiva de que la probable alternativa al fracaso socialista sea
una convergéncia y unió implicada hasta el cuello en el caso Palau.
Sólo un renacido movimiento ciudadano podría alterar la situación.
En el caso del Palau se evidencia cuando menos que un movimiento
vecinal activo ha sido capaz de sacar a la luz un tema que estaba
predestinado a quedar escondido en las catacumbas de la trama.
Saramago
Una
enorme tristeza por la muerte de esta gran persona, de este gran
escritor. Tan enormemente atento a los cambios culturales de nuestro
tiempo. Le recordaremos siempre. Es autor de libros bellísimos:
Caín, El evangelio según Jesucristo. De obras que dan en el centro
de los problemas de nuestro tiempo: La caverna (o el consumismo,
dicho reductivamente), Ensayo sobre la lucidez (o sobre la
enajenación de la política). De libros originalísimos como Todos los
nombres, Ensayo sobre la ceguera. Tantos libros. Un gran trabajador,
nuestro amigo desaparecido. Nos queda su obra, a nosotros y a las
generaciones que vendrán. Pero solamente podemos sentir tristeza.
Perú: ¿línea de
fractura en América latina?
Manuel Monereo Pérez
Introducción
2006 fue un año difícil para la oligarquía peruana. En un contexto
general de cambios en América Latina, un candidato, Ollanta Humala,
ponía en peligro el control que dicha oligarquía ejercía sobre la
vida pública y sobre una democracia que, sin exageraciones, cabría
definir como limitada y recortada al servicio de los grupos de poder
económicos y de los intereses geopolíticos norteamericanos.
Alan García fue elegido presidente encabezando un amplio frente que
iba desde el APRA a la derecha política, pasando por los llamados
“medios de comunicación”, dirigido por la embajada Norteamericana.
Aún así, Ollanta Humala alcanzó el 47,5% de los votos del país,
teniendo que soportar una cascada de descalificaciones, insultos y
calumnias inimaginables en países con hábitos más o menos
democráticos.
Después de las elecciones, el gobierno de Alan García ha dedicado
una parte sustancial de su actividad a demoler sistemáticamente la
persona y el proyecto de Ollanta Humala. Han sido más de once
procesos judiciales abiertos con acusaciones tan graves como la
violación de derechos humanos, la financiación ilegal o la
insurrección militar (agravada porque a consecuencia de la misma
hubo muertos). Como se puede suponer, cada procesamiento significó
primeras páginas y titulares en los noticieros televisivos
(acusaciones sin presunción de inocencia). Estos juicios obligaron
al candidato de la mitad de los peruanos y las peruanas a
presentarse periódicamente ante los juzgados, la prohibición de
salida de Lima y la retirada del pasaporte para viajar al
extranjero. Hoy Ollanta Humala ha ganado todos los juicios. Pero la
imagen de “satanización” queda para una parte significativa de la
opinión pública: “calumnia, que algo queda” es aquí una verdad que
no admite demasiadas dudas y que funciona.
Podría hablarse de venganza o de persecución política, pero es algo
más. Alan García sabe perfectamente que, hoy por hoy, en el Perú
sólo Ollanta Humala está en condiciones de organizar la alternativa
al patrón económico y de poder dominante en el país andino. De ahí
el ensañamiento: impedir que la esperanza se organice y gane peso en
las aspiraciones del pueblo peruano. Por eso, nos tememos que los
ataques y las calumnias no han hecho nada más que empezar y se
agudizarán en el futuro conforme se acerquen las elecciones
presidenciales y el candidato nacionalista siga encabezando las
encuestas.
Las elecciones presidenciales peruanas en el contexto geopolítico
sudamericano
No
hace falta insistir demasiado en la idea de que la geopolítica
Latinoamericana está cambiando aceleradamente. En primer lugar, la
crisis económica está teniendo consecuencias contradictorias en
países que intentan construir alternativas reales a las políticas
neoliberales. La recesión económica mundial está afectando a todos
los países, especialmente a aquellos que dependen fuertemente de las
exportaciones de materias primas y que están incrementando el gasto
social desde el control público de los recursos naturales. En otros
casos, como en el Perú, la crisis puede beneficiar a las fuerzas
que, desde la oposición, rechazan el modelo neoliberal y el patrón
de poder dominante.
En
segundo lugar, la política de Obama en América Latina no se
diferencia demasiado de la de Bush y, en cierto sentido, es mucho
más peligrosa: neutraliza a una parte de la izquierda (en sentido
amplio) y reorganiza a las fuerzas que, de una u otra manera,
defienden los intereses oligárquicos. La presencia de la IV Flota,
las nuevas bases militares en Colombia y el rearme general nos dicen
claramente que EEUU, en momentos de debilidad relativa, necesita
volver a anclarse sólidamente en América Latina para defender sus
intereses estratégicos globales. Honduras nos advierte de que el
llamado “poder inteligente”, como no podía se de otra forma, vale
porque tiene siempre el fundamento de los “poderes duros” con un
objetivo preciso: evitar que nuevos países se sumen a los cambios
sociales y a las transformaciones políticas en nuestro continente,
advirtiendo, de paso, que el golpe militar, en determinadas
condiciones, puede ser una alternativa viable.
En
tercer lugar, el ciclo electoral latinoamericano está generando
incertidumbres y contradicciones que no deben ser ignorados. Uruguay
y Bolivia, desde sus especificidades, suponen nuevas energías para
los procesos de cambio. Chile, sea cual sea la valoración que se
haga de los gobiernos de la Concertación, significa el retorno de
una derecha pura y dura en un país crucial que tiene relaciones
privilegiadas con EE.UU. Brasil y Argentina tienen procesos
electorales abiertos cuyas salidas políticas son inciertas. La
construcción de un eje (del Pacífico) entre México, Panamá,
Colombia, Perú y Chile sería la alternativa al llamado “eje del mal”
encabezado por Venezuela.
Perú y sus elecciones, en este contexto, cobran una importancia
fundamental. En cierto sentido aún más que en el 2006, ya que ése
era un momento de cambio y de ofensiva general y hoy, hay que
subrayarlo, se vive el contraataque del imperio y una etapa
(¿relativa?) caracterizada por el repliegue y la consolidación de
espacios.
La coyuntura peruana: déficit de legitimidad sin crisis de Régimen
Si
hoy llegara al Perú un observador atento advertiría una paradoja muy
sobresaliente, a saber: un país que ha crecido en los últimos siete
años en porcentajes “asiáticos” (6,74% de media), tiene un gobierno
rechazado por el 71% y un presidente rechazado por el 66% de la
ciudadanía (encuesta Ipsos-Apoyo de 17.01.2010). ¿Cómo es posible
esto? En primer lugar, porque las magnitudes macroeconómicas no
reflejan la calidad de la vida de las poblaciones y especialmente el
desigual reparto de la renta y de la riqueza. En segundo lugar,
porque el modelo primario-exportador dominante en la economía
peruana escinde social y territorialmente al país, agravando las
desigualdades y marginalizando a partes significativas de la
población. En tercer lugar, porque el sistema político vigente es
una forma de dominio que asegura el control de los grupos de poder
económico y que organiza una clase política a su servicio. La
corrupción no es algo episódico o exclusivamente de moral pública:
es el sistema, el medio a través del cual los que no se presentan a
las elecciones ganan siempre. De ahí el desprestigio de la política
y de los políticos, de ahí la asociación entre la política, el robo
y el expolio del país que explica el enorme déficit de legitimidad
de todo el sistema político.
Cuatro elementos explican con cierta precisión la actual coyuntura
del Perú:
a)
El gobierno de García. Para poder ganar a Ollanta Humala, García
tuvo que, de un lado, ganarse el apoyo de los poderes económicos
fuertes y de la derecha política; de otro, convertirse en un crítico
de las políticas neoliberales prometiendo un giro más social y más
próximo a las capas populares. Una vez llegado al gobierno, García
se ha convertido en un fundamentalista de las políticas económicas
más a la derecha y, literalmente, ha cuarteado y puesto en venta el
territorio peruano. De hecho, hoy es el prototipo de la
desnacionalización de la economía, el ajuste y represión salarial
permanente y de la sumisión a los intereses de las grandes
trasnacionales.
b)
García va, sin embargo, más lejos. Pretende construir lo que
pudiéramos llamar el “Partido del Régimen”, es decir, perpetuar el
sistema político fujimorista e impedir, usando todos los medios
(legales e ilegales) que Ollanta Humala llegue democráticamente al
gobierno del país. Como el mismo García ha dicho, el presidente del
Perú no elige a su sucesor pero puede impedir que un político que
cuestiona el Régimen acceda al gobierno.
c)
En tercer lugar, la conflictividad social. Una de las singularidades
del Perú es que existe una conflictividad difusa que no logra
traducirse en alternativa política. Lo que se ha llamado “el Baguazo”
(la sublevación de las tribus amazónicas) expresa con mucha claridad
esto que se acaba de decir: conflictos sociales radicales, que no
logran traspasar el muro de la política. Para decirlo con más
claridad: la habilidad de la oligarquía limeña ha consistido en
desconectar lo social de lo político. Esto tiene consecuencias
importantes: deja a lo electoral como territorio único para dirimir
los conflictos políticos-sociales y fomenta la “delegación” en torno
a figuras extra o antisistema, además de perpetuar la debilidad de
los movimientos sociales y, derivadamente, de los partidos políticos
democrático-populares.
d)
Por último, la izquierda social y política en Perú fue destruida en
el conflicto militar entre Sendero Luminoso y el gobierno
dictatorial de Fujimori. Una de las izquierdas más creativas y con
más apoyo social sucumbió presa, de un lado, de la represión
fujimorista, y de otro del cainismo de unas formaciones políticas y
sindicales que nunca entendieron un problema capital: configurarse
como alternativa de poder.
Hoy
quedan los residuos de aquella izquierda, personas y organizaciones
con poca incidencia electoral, apreciable presencia social y mucho
sacrificio militante. El problema es muy simple y, a su vez,
política y humanamente complejo: ¿cómo ayudar a construir una
alternativa en la que ellos no serán los actores principales?
Ollanta Humala parece consciente de esta realidad: él tiene votos y
base electoral, pero tiene una organización aún demasiado débil, es
decir, carece de cuadros (cantidad y cualidad) capaces de organizar
e impulsar una fuerza (que es ideológicamente plural y socialmente
heterogénea) con voluntad de constituirse en alternativa de gobierno
y de poder.
El movimiento nacionalista y popular: una posibilidad real de la
alternativa
Que
Ollanta Humala ha sido víctima de un proyecto de demolición personal
y política es algo que nadie puede negar en el Perú. Hay una
singularidad: García, para ser el presidente del “Partido del
Régimen”, necesita polarizarse con Ollanta Humala y, a su vez, debe
impedir que éste llegue al poder. Esto hay que entenderlo bien.
García quiere volver a ser en el futuro Presidente del Perú y para
ello necesita gobernar la transición y convertirse en el “gran
elector” determinando, en lo posible, a su sucesor. Esta es una
arista del asunto, la otra es que la derecha (económica, mediática y
política) quiere tener las manos libres para imponer sus políticas y
sus candidatos evitando hipotecas demasiado costosas y riesgos de
bonapartismo. La carta última del Presidente es que una candidatura
dirigida y gobernada por la derecha no sería capaz de impedir el
triunfo del candidato (antisistema) Ollanta: solo él está en
condiciones de impedirlo.
Con
la feroz campaña contra el candidato nacionalista lo que se
pretendía y se seguirá pretendiendo es que no pase a la segunda
vuelta, pero esto es cada vez menos viable. La encuesta de Ipsos-Apoyo
pone de manifiesto que por mucho que intenten manipular a la opinión
pública, hoy por hoy, Ollanta Humala es un candidato bastante seguro
para la segunda vuelta. Para decirlo de otra manera, el problema
real, como anteriormente se indicó, es saber cuál será el candidato
de la oligarquía con posibilidades reales de ganar a Ollanta en una
previsible segunda vuelta.
En
Perú, como en casi todas partes, las encuestas son un arma
electoral. Ipsos-Apoyo es la empresa más solvente, pero se sabe con
claridad que responde a los intereses de los grupos económicos
dominantes. Ha intentado en estos últimos años situar en un lugar
secundario a Ollanta Humala: no lo ha conseguido. Hoy tienen que
reconocer que Ollanta ocupa el tercer lugar, pero que fuera de Lima
es ya mayoritario. Si hacemos un análisis de lo que podríamos llamar
“las tripas” de la encuesta de Apoyo llegamos a la conclusión de que
el interior del Perú está subvalorado y que, lo que podríamos llamar
“Lima en un sentido amplio”, está sobredimensionado. Más claramente,
a nuestro juicio Ollanta Humala está en un suelo electoral del 20%,
y se configura como alternativa viable.
El
problema de fondo es cómo pasar de un suelo del 20% a conquistar la
mayoría del país. Esto requiere credibilidad, solvencia y fuerza
organizada. Configurarse como una alternativa de gobierno y de poder
en las condiciones del Perú exigirá de Ollanta, en primer lugar, un
programa claro, radical y posible; en segundo lugar, un equipo
solvente, convenciendo a una parte mayoritaria de la población de
que no sólo quiere, sino que puede, y para eso es decisivo un equipo
de hombres y mujeres capaces de gobernar para transformar, tejiendo
alianzas sociales, aglutinando mayorías sociales y sabiendo
gestionar; en tercer lugar, debe vertebrar y organizar una fuerza
político-social donde converjan movimientos sociales, intelectuales
y profesionales críticos, sectores empresariales emergentes y
fuerzas políticas regionales. Una campaña electoral entendida como
un proceso prolongado de acumulación de fuerzas, de alianzas con los
sectores medios y de reasentamiento en los sectores populares. En
este sentido Lima será decisiva como en 2006.
En
cuarto lugar, la campaña debe ser fuertemente propositiva,
generadora de alternativas concretas y apegada al terreno de las
necesidades básicas de las personas de carne y hueso, de los
“comunes y corrientes”. El objetivo central de la misma, el
imaginario (el marco) que hay que movilizar, es que el cambio es
necesario y posible; que hay futuro para el Perú porque hay futuro
para los ciudadanos y ciudadanos que viven en esa tierra. Que la
esperanza de los más venza al miedo de los menos. Hay Alternativa.
El
manifiesto a favor de la gran transformación y de la candidatura
presidencial de Ollanta firmado por un conjunto de prestigiosos
intelectuales va en el buen sentido: demostrar que Ollanta quiere,
puede y sabe. Todo ello desde una defensa intransigente de los
intereses nacionales y de las clases subalternas, que al fin y al
cabo, son su sustento moral, electoral y político.
—Lima, Marzo 2010
18
Muestra Internacional
de Cine de Mujeres de Barcelona
La muestra de la rebelde
Josep Torrell
Del 10 al 20 de junio
tuvo lugar la 18 Mostra de Films de Dones de Barcelona, que presentó
un total de 59 películas, entre cortos (27), medios (7) y
largometrajes (24). De los largometrajes, seis eran ficciones y
dieciocho eran documentales.
Seguir la muestra era una actividad difícil, porque este año las
sesiones se distribuyeron por igual en dos salas, distante una de la
otra (la Filmoteca de la Generalidad y Espai Francesca Bonnemaison).
Una de las únicas películas que se proyectó en ambas salas fue —nada
casualmente— la francesa Louise Michel, la rebel (2009) de
Sólveig Anspach.
La Muestra...
Una de las secciones
(titulada «Historias del feminismo») estaba dedicada a Carole
Roussopoulos (1945-2009), de quien la Muestra ofreció Début! Une
histoire du mouvement de libération des femmes, 1970-1980
(1999), presente ya en su edición del año 2000, un documental que es
casi el único con formato de largometraje en la filmografía de la
autora, centrada casi toda ella en los medio metrajes, que favorecen
el debate posterior en su proyección militante. [Casi al mismo tempo
que la Muestra, ha aparecido en Suiza un DVD en homenaje a Carole
Roussopoulos, que contiene seis trabajos, bajo el título de
Caméra militante. Luttes de libération des années 1970,
editado por MētisPresses, y que se puede encontrar en Francia en
http://www.carole-roussopoulos.com]
Junto a ella, estaban Vindicación (2010) de Susana Koska, una
recuperación de la revista Vindicación feminista (1976-1979),
que evitaba caer en una mera rememoración de aquella experiencia,
haciendo que sus redactoras se posicionen sobre el tiempo
transcurrido desde entonces. Aunque el documental tiene cierto
tufillo institucional, tiene la sorpresa de ser también una película
feminista que se dirige a los hombres, instándoles a organizarse
contra el machismo y la desigualdad.
La sección se cerró con Ragazze. La vita trema (2009) de
Paola Sangiovanni, uno de los mejores documentales feministas vistos
en muchos años. La película parte en busca de la memoria del
movimiento feminista para contarlo a las niñas que no han podido ni
tan siquiera soñarlo. Para ello, se sirve de la memoria personal de
cuatro dirigentes históricas del movimiento de mujeres, cuyo rasgo
común es el haber nacido en 1947 (y no sus militancias, que son
diversas).
La película cuenta lo que fueron los años sesenta. La familia, la
educación segregada y sumamente represiva, la violación como
iniciación sexual, el descubrimiento liberador de la universidad, la
lenta transformación de la ropa que empezaron a llevar, y,
finalmente, el Sesenta y ocho. Cuando la oleada remitió, las mujeres
descubrieron que la militancia en grupos de obediencia
extremadamente ortodoxos negaba la experiencia que habían vivido.
Entonces nace un movimiento que rompió con esto y cuyo primer signo
es la «conquista de la soledad»: el ser capaces de verse como
cuerpos pensantes. A medida que el movimiento crece, crece también
«la hermandad de mujeres», y también su influencia en el terreno
político. Cabe recordar que la lucha por el divorcio movilizó a
cientos de miles de personas en Italia. Y cuando estaban en lo más
alto del movimiento, aparecieron las Brigadas Rosas: en una
manifestación feminista estallaron enfrentamientos y murió una
muchacha de 19 años. Nada fue igual que antes: nadie había
contemplado la posibilidad de morir. La historia de los años sesenta
había terminado. Esta es la historia que tejen las feministas para
contar a sus hijas.
Paola Sangiovanni utiliza las entrevistas, pero no se detiene en
ellas. Hay una cuidadosa búsqueda en los archivos de imagen, en los
del movimiento feminista pero también en los del movimiento obrero y
en muchos archivos privados. El resultado es un mosaico en el que
imágenes de archivo de las dirigentes entrevistadas (inéditas) se
mezclan con imágenes del movimiento de mujeres o con imágenes de
época que se diría que nada tienen que ver con ello, lo que da una
consistencia impresionante a la película. Ragazze. La vita trema
es un documental que no se conforma con decir, sino que trata
además de ser convincente, ...seguramente pensando en las mujeres
que han venido detrás. Éste es el primer largo de su directora.
La sección «Pioneras»
estaba ocupada solo por la polaca Ostatni etap (La última
etapa, 1948) de Wanda Jakubowska, superviviente del campo de mujeres
de Birkenau, adjunto a Auschwitz, que fue la primera en representar
el holocausto nazi y construir una ficción para mostrar la vida en
el campo de exterminio, cuando en muchas partes se intentaba pasar
página vergonzosamente de este brutal episodio. De 1948 hasta hoy,
han pasado sesenta y dos años. Los campos de concentración han
sufrido cambios profundos en su tratamiento: concretamente, en el
sadismo y su representación. Hoy ya no se siente igual el horror
ante el médico de las S.S. que pone una inyección letal a un recién
nacido (se representa objetivamente, sin ningún suspense añadido).
Ostatni etap,
por supuesto, es
anterior a todo eso: muestra un poco, para dejar adivinar todo el
horror que no podía nombrarse. En 1948, la estrategia escueta y sin
ribetes era suficiente para promover el horror ante los campos de
concentración. Hoy, sin embargo, suena a sabido. Es evidente que
Ostatni etap no logra ya mover la emoción que solía mover, y
ello debería suscitar una reflexión muy seria de cuantos nos
preocupa el horror nazi o los horrores sin nombre que siguen
asolando a la humanidad.
El cine ha hecho del espectador un analfabeto funcional, que sólo se
conmueve cuando el director lo consigue con trucos. Es cierto lo que
argumentaba Godard en Historia(s) del cine: el exterminio es
la balanza que mide la regresión en el cine.
(Digamos, en honor de la Muestra, que absolutamente nadie conocía
esta película. Y que la programaron a pesar de la absurda cantinela
de ser una película estalinista, cosa, por lo demás, harto
discutible.)
... y la rebelde
Sin embargo, esta
edición ha quedado marcada por la película de Sólveig Anspach.
Louise Michel (1839-1905) era pedagoga y poetisa (bajo el seudónimo
de «Enjolras»), una activista social en las filas de Auguste Blanqui
(y, a la vuelta del destierro, del anarquismo), y una de las
dirigentes de la Comuna de París (y, luego, una de las principales
divulgadoras de la experiencia: Mis recuerdos de la Comuna,
Siglo xxi, México, 1973).
Louise Michel, la rebel
empieza cuando todo ha acabado. En los planos iniciales, asistimos a
la declaración de Louise ante el tribunal que la juzga por los
hechos de la Comuna. La insurrección, el aplastamiento y la feroz
venganza de clase, han quedado atrás. La película empieza con el
destierro y las barcas desembarcando en Nueva Caledonia. Allí,
Louise aprenderá la necesidad del anticolonialismo al compartir el
destierro con los argelinos y al asistir a la brutal y sangrienta
represión del levantamiento canaco en 1878.
Sin romper con la narración lineal, la película va trazando el
carácter de los personajes, a partir de su papel en la comuna, su
actitud actual y su resistencia (o no) frente a las autoridades
francesas de la isla. De tarde en tarde, llegan noticias de París,
con los intentos de Victor Hugo y otros intelectuales de conseguir
el indulto para la protagonista. Para ello, le erigen una imagen
heroica. El interés de la película es que evita cuidadosamente este
peligro.
Las condiciones del destierro, hechas de aislamiento y de
impotencia, generan en los desterrados sentimientos de desesperación
y desasosiego. Louise Michel se enfrenta a eso mediante el rigor, la
esperanza y el mirar hacia adelante, con férrea disciplina
revolucionaria, cosa que era bastante común entre los blanquistas.
Pero no todos tienen el temple para ello, y se abre un vacío entre
ella y sus compañeros. Un vacío del que sus amigos y compañeros son
conscientes, pero ella no. Cuando los oye, no responde a tales
comentarios, como si, en realidad, no los entendiera (lo cual puede
ser cierto: a veces la necesidad de abrirse camino ciega a los que
van delante). Sólveig Anspach va tejiendo así un hilo muy tenue,
pero que envuelve a Louise Michel, protegiéndola a ella —y también a
nosotros— de una imagen demasiado heroica.
La película concluye cuando se le concede el indulto.
Retrospectivamente, el espectador percibe que, a partir de una
supuesta simplicidad narrativa, el trabajo de Sólveig Anspach ha
consistido en ofrecer una imagen veraz y detallada del pensamiento
propio de Louise Michel y una crónica de la aspereza de su
destierro.
Por lo demás, y esto lo comentaban elogiosamente las feministas al
terminar la primera proyección, es una película modélica en hallar
la forma de hacer una película histórica con un presupuesto muy
reducido. Rodada en vídeo de alta definición, contando con el solo
gancho de Sylvie Testud (¡magnífica!), ha sabido encontrar un
paisaje que le permitía hacer un relato sin tener que pasar
forzosamente por la costosa reconstrucción del París de finales del
siglo XIX. Digámoslo abiertamente: no es éste el menor de los
méritos de Sólveig Anspach al abordar esta obra.
La directora era conocida por Que personne ne bouge! (1998) y
Haut les coeurs! (1999), dos excelentes películas vistas en
las Muestras de 1999 y 2000.
Un estreno
André Téchiné, La chica del tren (Le Fille du RER), 2009
[estreno: 25.06.2010]
Ha llegado a las
pantallas el último film del maestro Téchiné (Los
inocentes, En la boca no, Los juncos salvajes, Alice et Martin, Los
ladrones, Otros tiempos, entre sus obras inolvidables). A partir
de un falso ataque antisemita ocurrido en Francia en 2004, y el
consiguiente proceso judicial, el film radiografía el inconsciente
colectivo de la sociedad francesa a partir de su capacidad
—con la intervención del poder
político y cultural— para convertir una mentira
consentida en una verdad. El interés mayor de la película radica
en situar al espectador ante sus propios miedos, en el corazón de un
orden moral sumamente peligroso y manipulable, como lo era el de la
Alemania retratada por Fritz Lang en “M”. Pero hay otros motivos
importantes para verla, y no es el menor de ellos el trabajo de
actores, magníficos en el difícil papel de interpretar el gigantesco
salto cultural entre tres generaciones. No te la pierdas.
[AGM]
Conferencia Mundial
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra
Acuerdo de los pueblos
Hoy,
nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en
peligro. De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a
lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague”
existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a
nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y
un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes
extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones
afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los
desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los
glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares
desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura
de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos
en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los
habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de
forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya
sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las
corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más
desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad
científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un
problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la
causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos
la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el
sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se
aceleró con la revolución industrial.
Hoy,
nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en
peligro. De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a
lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague”
existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a
nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y
un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes
extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones
afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los
desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los
glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares
desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura
de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos
en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los
habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de
forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya
sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las
corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más
desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad
científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un
problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar
la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos
la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el
sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se
aceleró con la revolución industrial.
El
sistema
capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y
crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la
ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza,
estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo
todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las
culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los
derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma. Bajo el
capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias
primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores,
en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son. El
capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso
de acumulación y el control de territorios y recursos naturales,
reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema
imperialista de colonización del planeta.
La
humanidad
está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del
capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la
armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Requerimos forjar
un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y
entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la
naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos
a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y
fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas
ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y
propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un
ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible,
interdependiente, complementaria y espiritual.
Para
enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra
como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los
principios de:
-
armonía
y equilibrio entre todos y con todo
-
complementariedad,
solidaridad, y equidad
-
bienestar
colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de
todos en armonía con la Madre Tierra respeto a los Derechos
de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
-
reconocimiento
del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
-
eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e
intervencionismo
-
paz
entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El
modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado.
Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las
necesidades funda- mentales de su población, pero de ninguna manera
pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países
más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que
el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido
en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este
ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2
planetas para el 2030.
En
un
sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus
componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte
humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para
garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la
naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los
derechos de la Madre Tierra. Para ello proponemos el proyecto
adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en
el cual se consignan:
-
Derecho
a la vida y a existir;
-
Derecho
a ser respetada;
-
Derecho
a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de
alteraciones humanas;
-
Derecho
a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados,
auto-regulados e interrelacionados;
-
Derecho
al agua como fuente de vida;
-
Derecho
al aire limpio;
-
Derecho
a la salud integral;
-
Derecho
a estar libre de la contaminación y polución, de desechos
tóxicos y radioactivos;
-
Derecho
a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura
amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
-
Derecho
a una restauración plena y pronta por las violaciones a los
derechos reconocidos en esta Declaración causados por las
actividades humanas.
La
visión
compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas
peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la
base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero
diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan
con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan
retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura
media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando
la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el
apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados
deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones
que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra
visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de
acuerdo al objetivo último de la Convención. La “visión compartida”
para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la
negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento
de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero
en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y
equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de
adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción,
consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de
la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los
países
desarrollados, principales causantes del cambio climático,
asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y
honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para
una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En
este marco exigimos a los países desarrollados que:
-
Restablezcan
a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está
ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto
implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción
y absorción de sus emisiones.
-
Asuman
los costos y las necesidades de transferencia y vuelta de
tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de
oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico
restringido.
-
Se
hagan
responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar
por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus
políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes
una vida digna y con todos los derechos en sus países.
-
Asuman
la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio
climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para
prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus
excesivas emisiones.
-
Honren
estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra
adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos
de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El
enfoque
debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente
de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las
personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la
Tierra.
Deploramos
el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el
único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países
desarrollados.
Advertimos
al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de
los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2%
entre 1990 y 2007. Estados Unidos a causa del consumo ilimitado
aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al
2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2
por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones
correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de
20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos
de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que
permite a estos países desarrollados ofertar reducciones
insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos
voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la
Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La
próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de
año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para
el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el
cual los países desarrollados deben comprometer reducciones
domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de
1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación
que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos
establecer primero una meta para el conjunto de los países
desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada
país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre
cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto
para las reducciones de las emisiones.
Los
Estados
Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del
Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una
responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por
cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a
respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de
emisiones a escala de toda su economía.
Los
pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos
del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio
climático entendida como la resignación a los impactos provocados
por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes
deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia
planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio
climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una
imposición, y además como herramienta que sirva para
contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo
un modelo de vida distinto.
Es
necesario
construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para
enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero
manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa
por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos
y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos
impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de
países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el
resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por
pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos
extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse
si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como
aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento
de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos
Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si
mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los
países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de
adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se
establece como inaceptable que en los procesos de negociación
internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por
su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas,
desigualdades y segregaciones entre ellos.
El
inmenso
desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento
global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una
profunda transformación en la agricultura hacia un modelo
sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario,
y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a
solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía
Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar
sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos,
garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre
Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a
alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con
la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma
(participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio
Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la
agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios
y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el
futuro.
El
agronegocio
a través de su modelo social, económico y cultural de producción
capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para
el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es
una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas
tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar
la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta
razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de
Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad
Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales
(agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas
soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología,
tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la
crisis actual.
Al mismo
tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos
de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas,
privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios
expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios,
impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis
socioambiental.
Exigimos
reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la
Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del
Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano
Fundamental.
La
definición
de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye
plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por
lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que
reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los
ecosistemas de la tierra.
La
Declaración
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser
plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones
de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la
deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la
selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las
tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de
los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones
indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos
los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de
emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus
versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su
derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la
soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y
costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los
países
contaminadores están obligados a transferir de manera directa los
recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y
mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y
estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias,
campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a
las fuentes de financiamiento comprometidas por los países
desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como
las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a
detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en
mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y
condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de
restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado
por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de
flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones
forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y
que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las
selvas.
Exigimos
a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva
aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y
los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración
de las
Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169
de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las
negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos
planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los
Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho
sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para
posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y
contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos
la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la
participación y el consentimiento previo, libre e informado de los
Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en
el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio
climático.
En
la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático
alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales
consecuencias la migración interna así como internacional. Según
algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de
migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las
proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas
que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio
climático. Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad
sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y
reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de
convenios internacionales que contemplen la definición de migrante
climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir
un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer
visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los
derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los
países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las
responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El
financiamiento
actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y
la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países
desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo,
adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de
al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los
países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un
monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para
rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona
seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este
financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar
la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y
grupos más afectados.
En
vista
de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México
se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione
bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo
cuentas a la misma, con una representación significativa de los
países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los
compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha
constatado
que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el
periodo 1990-2007, no obstante haber manifestado que la reducción se
vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado. El
mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo,
mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una
alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea,
devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La
reciente
crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular
el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación
y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una
total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección
de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos
inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de
nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda
vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del
Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas
en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es
imprescindible
exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países
desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así
como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países
desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es
fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo
multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la
gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías.
Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente
adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un
fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y
liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de
patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio
público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El
conocimiento
es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad
privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en
forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir
su tecnología con países en desarrollo, crear centros de
investigación para la creación de tecnologías e innovaciones
propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación
para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender
los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos
originarios para detener la destrucción del planeta, así como los
conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la
espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la
Madre Tierra.
Considerando
la falta de voluntad política de los países desarrollados para
cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una
instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos
delitos y crímenes climáticos y ambienta- les que atenten contra los
derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación
de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que
tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y
sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u
omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar
a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de
Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus
compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos
de reducción de gases de efecto invernadero. Instamos a los pueblos
a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan
las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y
Ambiental.
El futuro de la
humanidad
está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de
países desarrollados quieran definir por todos los países como lo
intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de
Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso
es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o
consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos
consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben
hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el
financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la
creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la
necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre
Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del
Referéndum
Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de
preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin
de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los
resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a
construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra
que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la
diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose
en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de
acciones a nivel mundial. Con tal propósito, adoptamos el plan de
acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados
del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones
de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes
propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente,
acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como
parte
de este proceso de construcción del Movimiento Mundial
de
los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los
resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a
fines de año en Cancún, México.
Cochabamba –
Tiquipaya, 20 al 22 de abril de 2010
Más información en:
http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos
http://nodo50.org/forosocialjaen