NÓMADAS - REVISTA CRÍTICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
13-2006/1 | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730
Justicia, cárceles y derechos, y demás historias...
Fernando Reviriego Picón
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El estreno de “La Pasión” de Mel Gibson, rodada en los míticos estudios Cinecittá, desató como es sabido toda suerte de comentarios avivando múltiples polémicas entre grupos religiosos. Fuera de este debate, una de sus cuestiones más comentadas fue la excesiva violencia o realismo de algunas de sus imágenes, especialmente la crucifixión. Esta última era, en el antiguo Derecho Romano, la pena a aplicar a esclavos y rebeldes, y no sería abolida hasta el siglo IV, en tiempos de Constantino. Mas la abolición no se debió tanto a su crueldad, dureza, o carácter infamante, sino que se trató de una suerte de concesión al cristianismo, religión a la que el propio Emperador se convertiría poco antes de su muerte, en el año 337.

Ha llovido mucho desde entonces.

De la pena de muerte a la cárcel; de la cárcel y la pena de muerte

Fue a finales del siglo XVIII cuando el humanismo ilustrado introdujo en el ámbito penal una sensibilidad diferente. Hasta ese momento, la condena a muerte, junto a otros castigos corporales como la mutilación, había sido la pena por excelencia en las diferentes civilizaciones y épocas. De alguna forma, la prisión no era sino un mero lugar de tránsito o custodia hasta la ejecución de la condena.

A partir de entonces se humanizarán progresivamente procedimientos y penas, pasando a ser la reclusión en prisión la forma generalizada de condena. Mención obligada en el campo que nos ocupa resulta la obra de Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, que incide en la limitación del poder punitivo, y asimismo, no nos resistimos a su cita, las Osservazioni sulla tortura del tantas veces olvidado Pietro Verri.

Esta evolución no supuso, obvio es señalarlo, la desaparición de la pena de muerte. De hecho, a día de hoy, son muchos los países que aún mantienen dicha pena para delitos comunes, e incluso para delitos de “tanta gravedad..” como el adulterio o la homosexualidad.

Podemos citar así casos conocidos por todos como el de Amina Lawall en Nigeria, condenada por adulterio, o el de Jubrin Babaji, también en aquel país, que lo fue por mantener relaciones homosexuales; en ambos supuestos la pena de muerte fue revocada por el Tribunal Islámico de Apelaciones gracias a la intensa campaña internacional desplegada. Pero lo cierto es que a la opinión pública sólo trascienden casos muy puntuales,  pasando desapercibidos forzosamente la mayor parte de los mismos; así, cabe apuntar las ejecuciones, relativamente recientes, de varios ciudadanos iraníes condenados a morir lapidados por haber cometido adulterio, o la de varias personas en Arabia Saudí, que fueron decapitadas por haber mantenido relaciones homosexuales. La enumeración sería interminable.

Pero la aplicación de la pena capital, harto es sabido, no se reduce a países aparentemente atrasados, sino que incluso permanece en otros presuntamente civilizados. Creo, sin temor a equivocarme, que casi todos estamos pensando en el mismo, Estados Unidos, que en la mayoría de su medio centenar de estrellas la sigue aplicando. Incluso en algunos estados, como Texas, sería la pena por excelencia. Que se lo digan a George W. Bush, quien durante los seis años en que fue Gobernador de aquel Estado, llegó a firmar un centenar largo de penas de muerte. Ahí es nada.

En nuestro país, la Constitución del 78 abolió la pena de muerte, salvando lo que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esta excepción dejó de ser efectiva tras la aprobación de la L.O. 11/1995. La fecha elegida para dicha abolición no pudo ser más simbólica. Se cumplían veinte años desde la última pena de muerte aplicada en nuestro país: el fusilamiento de varios miembros de ETA y de FRAP en septiembre de 1975. No hay que olvidar tampoco que apenas un año antes de estos hechos se había aplicado, también por última vez, el terrible y medieval garrote vil.

De cualquier forma, es claro que la legislación sobre la pena de muerte va y viene, así, por ejemplo, en Filipinas, donde un español acaba de ser condenado a la muerte por inyección letal, se reinstauró hace apenas una década, y desde entonces, se condena a la pena capital a una media de doce personas al mes.

Prisión y Derechos

Una vez generalizada la prisión como forma habitual de sanción por la comisión de determinados delitos, comenzaría a avanzarse muy lentamente en la senda de la protección de los derechos del recluso.

Fueron muchos los que participaron en esta lucha. En la mente de todos resuenan todavía aquellas propuestas/protestas de John Howard quien, en el último cuarto del siglo XVIII, mantuvo una enconada lucha por mejorar las condiciones de vida de los presos. Este idealista recorrió en su tiempo los penales de casi todos los países europeos defendiendo, entre otras ideas, la necesidad de atender las condiciones higiénicas de las cárceles, de clasificar/separar a los delincuentes en función de delitos y condiciones, de instaurar el sistema celular, así como de fomentar el trabajo de los penados al efecto de preparar su futura vuelta a la sociedad. Incluso propuestas tan concretas como asignar un sueldo oficial a los guardias evitando así el pago del carcelaje por los propios prisioneros, como condición sine qua non para poder abandonar la prisión una vez cumplida la condena. Dentro ya de nuestras fronteras cabría citar, durante el siglo XIX, la labor de Manuel Montesinos quien, tras estar al frente del presidio de Valencia, sería nombrado visitador de las cárceles del Reino por el propio Espartero, o la de Concepción Arenal, o la de tantos otros.

Sería en el primer cuarto del siglo XX cuando comenzaría a pergeñarse la articulación de unas exigencias mínimas a cumplir por las diferentes legislaciones.

La idea clave, ahora, no sería otra que la articulación de un estatuto jurídico del recluso, en el que se le reconociera un amplio abanico de derechos. ¿Cuáles? Aquellos que no vengan exigidos necesariamente de la propia reclusión.

Apuntemos, por ejemplo, que en nuestra norma suprema (que hace poco celebró sus veinticinco primaveras) se establece que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. En ese capítulo, que lleva por rúbrica Derechos y Libertades, encontraremos previsiones tales como la igualdad, la vida o la integridad física, el honor y la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la educación, y otras de tenor semejante.

De cualquier manera, al hablar de justicia, presos y derechos, la generalización, sino absurda es, cuando menos, irreal, siendo preciso distinguir también entre lo que se ha venido en denominar cárcel “legal” y “real”.

Masificación, corrupción y violación de derechos.

En gran número de países es impensable plantearse que el preso pueda tener derechos como la intimidad, las comunicaciones con el exterior o el secreto de éstas. Si se me apura, sería como hablar de extraterrestres o de la colonización de Marte, especialmente porque ni siquiera el respeto a la vida o a la integridad física está garantizado. Homicidios, suicidios (recordemos las denuncias de Naciones Unidas sobre lo acontecido en las llamadas prisiones “tipo F” en Turquía), motines, abusos sexuales, torturas...Aquí la lucha sería otra. Lograr un trato humano. Asegurar unas mínimas condiciones de vida, alimentación, atención médica o higiene.

Un problema determinante, o simplemente una causa de agravación, es la masificación de los penales. En ocasiones se supera en varias veces la capacidad teórica de las mismas. Podríamos acudir así a algunos de los datos que se nos ofrecen en los Informes que Human Rights Watch viene elaborando desde finales de los años ochenta sobre las cárceles en Brasil, Colombia, Rumanía, Turquía, Venezuela.... Este hacinamiento en muchos casos se ve acrecentado por la existencia de un altísimo número de presos preventivos que pueden permanecer años a la espera de juicio, e incluso permanecer en prisión por un tiempo superior a la pena máxima a aplicar en caso de ser finalmente condenados por el delito de que se le acusa. Recuérdense así, por ejemplo, las previsiones de la famosa Ley 1008 en Bolivia.

Otros cuestiones a destacar serían la corrupción judicial y policial, los malos tratos, la violencia injustificada, las violaciones y abusos continuos de derechos o la inexistencia de control. Y, por supuesto, el personal insuficiente, deficientemente preparado para ejercer su función; en suma: la inexistencia de medios. No es complicado imaginar la dificultad que entraña poner en marcha costosos programas de mejora de las condiciones de vida de los presos, en países en los que la mayor parte de la población se encuentra en los umbrales de la pobreza. Si bien en los últimos tiempos se vienen produciendo, en el ámbito internacional, diferentes intentos para tratar de erradicar las torturas en prisión articulando regimenes de inspección, esto supone casi una “misión imposible” en los países del Tercer Mundo, dado que hay quien pretende que sean éstos quienes costeen estos programas en su totalidad.

Poco tiempo atrás, en uno de esos pocos programas que suelen salvarse de nuestra “parrilla” televisiva, se emitió un reportaje sobre un penal boliviano donde las autoridades penitenciarias habían hecho total dejadez de sus funciones. Alimentos escasos, droga abundante, medicinas inexistentes, y mucha, muchísima corrupción policial.

Ahora bien, lo que parecía un panorama desolador en un principio, tornó en breve en una historia tremendamente hermosa por su humanidad. El penal había adquirido la forma de una ciudad en miniatura, con trabajadores manuales, taxistas (presos que recorrían la cárcel de una punta a otra para avisar de una visita), restauradores (quienes, con mayor o menor fortuna, trataban de preparan unas tortas de maíz que luego vendían en una suerte de puestos de comida callejeros), e incluso con representantes inmobiliarios (encargados de gestionar las celdas, en las que sólo dormirían los que tuvieran monedas para pagarlas). 

En todo caso, se me antojó un penal mucho más humano que Guantánamo, Lgov  o Abu Ghraib. Y también más que muchas prisiones cubanas, que no han podido ser visitadas por Cruz Roja Internacional desde 1988.

Cumplimiento íntegro de las penas, alternativas a la prisión y políticas de dispersión

Otra cara de la moneda está representada por un menor número de países en los que, respetando un estándar mínimo de protección de derechos, los debates (más allá de que la superpoblación de las prisiones es un mal endémico) se centran esencialmente en la búsqueda de medios alternativos a la prisión. En discusiones sobre los beneficios penitenciarios y el cumplimiento íntegro de las condenas. En la intensificación de los contactos con el mundo exterior. O en cotejar la necesidad o no de jurisdicciones especializadas en la materia y los efectos de eventuales políticas de dispersión de determinados colectivos; condenados por terrorismo, por ejemplo. Y, como no, en hacer efectivas las previsiones que orientan las penas hacia la “reeducación” y “reinserción social”. Aunque.. ¿De verdad pensamos que las cárceles tal y como están montadas ayudan a la consecución de estos fines?

Y en la actualidad…

En todo caso, lo que siempre subyace en uno u otro lugar es la lucha del hombre por vivir en dignidad en cualquier situación o circunstancia en que se encuentre, por más que entre rejas ello revista una tremenda complejidad. Es aquí donde el derecho penal y el derecho penitenciario tienen todavía mucho que avanzar, articulando medidas humanizadoras para hacer efectivos los derechos fundamentales en este ámbito. Llegados a este punto, me asalta la duda de qué diría John Howard, aquel entusiasta luchador de los derechos de los presos, si le hubiera permitido la visita a algunas cárceles de hoy día. Posiblemente, que de las prisiones que él conociera en el siglo XVIII a algunos de estos “antros”, media más bien poco, sólo el tiempo. Y quizá, que si lo que se hace hoy en día en muchas de las prisiones de todo el mundo es un rasgo de humanidad, y un signo de modernidad y evolución, sería mejor gritar… ¡que viva la guillotina!...



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