NÓMADAS - REVISTA CRÍTICA
DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 13-2006/1 | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 |
¿Responsabilidad
social empresarial? El caso de un gasoducto en el nororeste argentino |
Marta Guidi >>> CV |
Mucho se ha escrito en los
últimos anhos sobre RSE, concepto central en los debates sobre globalización
y sobre el rol de la empresa privada en su relación con el estado y
la sociedad, pero sobre el que las definiciones son tan múltiples como
divergentes. Aquí se intentará abordar
el concepto a partir de una experiencia concreta: la
negociación por reparación de danhos ocasionados por la obras
de un gasoducto en el noroeste argentino (NOA)
En 1991, y a partir de la
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de la
Cuenca del NOA, comienza el gran desarrollo
“El gasoducto Norandino parte
de Pichanal(
No es objeto de este artículo
analizar la compleja trama de relaciones que existió atrás
de la construcción de ambos gasoductos. Sólo
me limitaré a algunas consideraciones que
considero pertinentes a la hora de evaluar la relación Estado – Empresa
– Sociedad Civil.
Si bien el gasoducto Atacama fue –y es- extranhamente menos resistido por la sociedad,
su traza – a fin de acortar distancias y evitar zonas conflictivas- pasa ni
más ni menos que por el mismo centro de la ciudad de Jujuy, enterrado
en el lecho del Río Grande, río de alta montanha, con todos
los consecuentes peligros potenciales de crecidas intempestivas, inundaciones,
modificaciones de curso, etc.. Todos los veranos
los habitantes de San Salvador de Jujuy comentan sobre los pequenhos accidentes
que las crecidas provocan en diversas zonas de la ciudad, al lavar el lecho
Mucho más cuestionada
desde sus inicios, la construcción
Un
estudio realizado desde la oposición a la obra resume la situación
planteada y las posturas de los actores: “Este
emprendimiento , conocido como Gasoducto Norandino, atravesaría siete
áreas ambientalente críticas entre las que se destaca el corredor
biológico que atraviesa las Yungas….La empresa Techint (arg.) que lleva
a cabo la obra por cuenta del consorcio duenho
de Norandino, contrató a la empresa Techint,Brown and Caldwell, es
decir, se contrató a sí misma, para realizar el necesario informe
de impacto ambiental…..Según Greeenpeace, el informe carece de objetividad y presenta omisiones y errores
técnicos groseros….Por su parte, la empresa sostiene que el gasoducto
no alterará el ecosistema; El Ing.
Ymaz (Techint) director ambiental de la obra, manifestó que el trazado
del gasoducto traerá menos complicaciones a las yungas que las originadas
por los collas…..La empresa, sin negar la conveniencia
de modificar el trazado, lo rechaza terminantemente ya que se elevaría
el costo en 100 millones de dólares que se sumarían a los 390
que costaría la obra tal como fue proyectada”([vi])
([vii])
Dado
que el gasoducto NAA atraviesa principalmente tierras de comunidades
indígenas de
La discusión sobre
la “seguridad” de la traza de Norandino, que debió haber sido resuelta
en 1998, se acabó dos anhos después al producirse la primera
explosión del gasoducto en la selva de Yungas (marzo de 2001) cuando una crecida del río San Andrés
primero “lavó” el terreno y luego rompió el canho. A pesar de las intensas medidas de seguridad que inmediatamente
tomó la empresa (NAA), en menos de un anho (enero 2002) se produjo
el segundo accidente en la región.. A
partir de este momento, NAA y TGN intensificaron el monitoreo y reparación
permanentes
Desde que se anunció
la posible construcción de ambos gasoductos -a mediados de los 90-
, las comunidades indígenas de la puna jujenha se pronunciaron en contra
del proyecto por considerarlo un riesgo para sus
sitios sagrados, sus actividades productivas, ysu medio ambiente en general. Las formas que adoptó esta
Al interior de las comunidades
indígenas la llegada de los gasoductos
generó controversias y enfrentamientos
entre una mayoría asustada por los peligros que la obra podría
acarrear y una minoría dispuesta a aprovechar
la situación para “hacer buenos negocios”. No son pocos los casos en que “el negocio” benefició
al propio delegado comunal. En todos los casos
se generaron situaciones tan contradictorias
Veamos los distintos actores:
-Las autoridades
provinciales: como se senhaló, tanto
las autoridades provinciales como las municipales se pronunciaron desde un
comienzo a favor de las obras del gasoducto, al que definieron como „elemento
de progreso” que traería “desarrollo y crecimiento a la región”. Por tanto, quienes se oponían pasaron a integrar
el grupo de los “enemigos
-también la Iglesia católica, en las personas del Obispo de
-Organizaciones
indígenas: mientras la mayoría
de las organizaciones indígenas del interior de la provincia mantuvieron
un significativo silencio respecto al gasoducto, el Consejo de Organizaciones
Aborígenes de Jujuy fue la única organización que se
opuso sistemáticamente a su construcción .
Coordinado en ese momento por una abogada, el COAJ realizó
innumerables denuncias ante organismos del Estado (Instituto de Asuntos Indígenas
-INAI-, Defensoría del Pueblo, etc) y en los medios de difusión,
denuncias que lamentablemente nunca tuvieron algún
efecto concreto. Tal vez el ejemplo más significativo al respecto
sea la Audiencia Pública sobre el gasoducto que se relata más
adelante.
-la Comunidad
de Cianzo: para la gente de las comunidades,
la construcción de los gasoductos se conviritó en una pesadilla
cotidiana, completamente ajena a su control y
que adquiría distintos matices según quien la transmitiera:
dirigentes indígenas y algunos ambientalistas
alertaban a las comunidades sobre desastres casi apocalípticos vinculados
curiosamente más a las obras de construcción en sí que al peligro real que implica un gasoducto. Y que asumieron a veces ribetes novelescos,
-las organizaciones
ambientalistas: sólo dos organizaciones
ambientalistas participaron en la discusión
de las obras del gasoducto NAA: Greenpeace y Vida
Silvestre.
La directa intervención
de Greenpeace en oposición al tramo de la traza que atravesaría
la Selva de Yungas otorgó resonancia pública a un conflicto que de otra manera hubiera quedado –como tantos otros-
“escondido” de la opinion pública y se hubiera resuelto combinando
la cohersión con el pago de “donativos” a
dirigentes opositores o con la construcción de alguna “obra solidaria”
en las comunidades. Sin embargo, Greenpeace se
limitó exclusivamente a la Selva de Yungas y se desvinculó explícitamente de cualquier apoyo a la oposición a los gasoductos
por parte de las comunidades indígenas de la puna jujenha. El argumento fue desde un principio “limitaciones presupuestales y de personal que nos obligan a limitar
las áreas de acción”. Obviamente,
las limitaciones existen; sin embargo no puedo dejar de repetir aquí
dos preguntas que les hiciera personalmente y
que ojalá sirvan para la reflexión: cuánto
tiempo, recursos o personal extra implica, por ej, una simple nota de apoyo? Y sobre
todo: de qué sirve defender al medio ambiente o al yaguareté
si de esa defensa están explícitamente excluídos los
seres humanos que habitan en la zona?
La actitud de la Fundación
Vida Silvestre: Argentina (FVSA), se resume aquí en versión
de la misma FVSA, por cuanto es significativa
para la reflexión sobre RSE:
“Todo comenzó en febrero
de 1998, cuando el gasoducto NAA fue denunciado por su impacto ambiental.
Pero en marzo, el obispo de Humahuaca, monseñor Pedro Olmedo Rivero,
mostró la otra cara del problema social: consiguió reunir miles
de firmas para que se construyera el gasoducto y se le realizara una derivación
a esa ciudad de la provincia de Jujuy y poblados aledaños, lo cual
no estaba previsto.
Fue por esos meses que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
comenzó a revisar los estudios de impacto tanto de esta obra como los
de otra, más al Norte, que no había sido incluida en la denuncia
a pesar de que provocaba también una serie de problemas ambientales
que no habían sido resueltos……….Entre mayo y julio, la FVSA mantuvo
numerosas reuniones con las empresas responsables de los gasoductos, y el
23 de julio propuso al gasoducto Nor Andino una serie de acciones concretas
destinadas a mitigar sus principales impactos. Pero, sobre todo, se trataba
de ir más allá, apuntando a solucionar los problemas ambientales
de fondo que aquejan la región….Muy pocos días después,
el 26 de julio, Techint y Nor Andino aceptaron aplicar las recomendaciones
propuestas…..La propuesta de la FVSA apuntó a cuatro premisas básicas:
1) Responder a algunas exigencias sociales clave, relacionadas con problemas
ambientales.
2) Ayudar a consolidar una visión ambiental regional.
3) Ejercer un mejor control ambiental del gasoducto.
4) Resolver los conflictos planteados en la comunidad que se oponía
al gasoducto, teniendo en cuenta los intereses aborígenes locales.
En un lugar muy destacado de la propuesta de la Fundación Vida Silvestre
Argentina figura, tal como se ve, la atención tanto de los problemas
sociales como de las oportunidades para resolverlos, como ocurrió con
el acceso al gas de las comunidades que lo requerían…..La intervención
de la Fundación Vida Silvestre Argentina en este conflicto produjo
como resultado lo que hoy podría presentarse como un "leading case",
o caso testigo: el que una empresa que encara obras de alto impacto haya logrado
avanzar hacia soluciones ambientales de fondo junto con una ONG y con una
institución científica de prestigio. ([ix])
Es de hacer notar que en la actualidad sólo la ciudad de Humahuaca (y ninguna comunidad aledanha) ha logrado el prometido acceso al gas natural. De todas maneras, lo que me interesa resaltar aquí es cómo se confunde el aporte solidario de las empresas con lo que debe constituír su responsabilidad ineludible en cuanto a las medidas de seguridad y a la prevención del danho ambiental . Nótese que en ningún momento la FVSA cuestiona la traza del gasoducto Sólo se limita a sugerir acciones para “mitigar” los impactos negativos y a proponer la intervención de la Empresa en actividades ambientales–desvinculadas de su propia problemática ambiental ([x])- y de “solidaridad” con las comunidades afectadas. Es como si implícitamente la destrucción estuviera permitida si se combina con acciones como el financiamiento de investigaciones o a la construcción de una escuela en la comunidad
- Las empresas:
de parte de las empresas constructoras hubo dos actitudes distintas
que aparentemente explicarían las diferencias en la reacción
de las comunidades: mientras los técnicos
de Gasoducto Atacama fueron instruídos para establecer “buenas relaciones”
con las comunidades y transmitirles tranquilidad
y la certeza de estar utilizando una tecnología
que garantizaría su seguridad, la actitud
de ingenieros y técnicos del grupo Techint se caracterizó principalmente
por la soberbia y la distancia, llegando en algunos casos incluso a las amenazas. Las obras del gasoducto NAA habían comenzado
varios meses después que las del Atacama y su traza era significativamente
más larga; para Techint y NAA la prioridad era claramente “ganar tiempo” de cara a su negocio como proveedoras del mercado
chileno.
La Secretaría de Recursos Naturales de la Nación –a cargo
de la emblemática María Julia Alsogaray-
se abstuvo de pronunciarse sobre las obras de los gasoductos.
De este modo, mientras durante
gran parte del anho 1998 opositores y defensores de los gasoductos libraban
en los medios una intensa batalla de discursos -más consistentes en
la retórica que en los contenidos-, el Estado y los Entes Reguladores
aprobaban los planos de obra y ambas empresas avanzaban con la construcción
de los gasoductos. Es de senhalar que la negativa de Techint a modificar su
traza respondía, como dijimos, al interés
de economizar costos y acabar la obra en el menor
tiempo posible; pero además porque modificar
la traza hubiera significado acercarse demasiado a la traza del gasoducto
Atacama, lo que además de incrementar los riesgos en caso de accidente
podría haber agudizado una guerra comercial entre companhías. Por ultimo, un trazado totalmente paralelo hubiera
dado más argumentos a quienes opinaban que dos gasoductos con el mismo
destino y el mismo trayecto no tenían sentido y que por ende uno
debía no ejecutarse.
Resaltamos una vez más
que si la construcción del gasoducto NAA estuvo tan llena de irregularidades
que podrían haber sido previstas y evitadas, ésto se debe a
la impunidad que se garantizó a la Empresa de parte del Estado argentino. Como muestra, la participación del Grupo Techint
en el proceso: como suele ocurrir en Argentina, la construcción del gasoducto NAA fue aprobada
sin un EIA previo.
Es decir, Techint –una de las empresas más poderosas en la argentina
menemista- consiguió
sin licitación pública y
sin EIA previo la autorización oficial para construír un gasoducto paralelo al ya aprobado gasoducto Atacama; Techint se constituyó además en accionista
temporal de NAA (empresa que adquirió
el gasoducto) , de la que se separó cuando obtuvo la licencia como
empresa constructora del ducto; creó también
la empresa transportadora del gas (TGN) y hasta resolvió los problemas
“formales” creando la empresa consultora que
evaluaría la seguridad de la traza y su posible impacto en la región.
Es necesario aclarar que en 1998 no existía aún una legislación que regulara específicamente el control previo del posible impacto ambiental, si bien la necesidad de evitarlo y la obligación de las autoridades de “proveer a la protección de este derecho” están explicitadas en el Art. 41 Constitucional. De todas maneras, y aún cuando la Ley Gral del Ambiente promulgada en noviembre de 2002 establece claramente que “Toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución” (Ley 25675, Art. 11), el mecanismo de otorgar obras públicas arbitrariamente sigue siendo usual en la Argentina[xiv]
En este contexto, la “resistencia”
de la comunidades fue cediendo ante la impotencia, las amenazas….y algunos
pagos. La notoria excepción fue la Comunidad
de Cianzo, una de las más directamente afectadas por los errores en
la construcción del gasoducto, cuya traza en vez de “rodear” a la
comunidad, la atravieza de punta a punta, pasando por la puerta de sus viviendas,
cruzando los dos ríos más caudalosos del Distrito y generando
severos problemas de erosión en laderas, cuencas y microcuencas
La historia de la relación
entre la comunidad de Cianzo y el gasoducto NAA es similar a la de las demás
comunidades. Los comuneros se enteraron del
proyecto cuando éste ya estaba consumado
(es decir: cuando llegaron los técnicos a la comunidad para comenzar
las obras), carecían de toda información objetiva sobre la
obra, fueron asustados por quienes les pronosticaban
la destrucción total de su habitat y de su principal recurso económico:
la ganadería/pastoreo, dudaron entre el
temor al apocalipsis ambientalista y las promesas de futuro promisorio que
llegaban desde la Prelatura de Humahuaca y los funcionarios de gobierno, y establecieron distintas
relaciones con los técnicos de Techint (de quienes
en general recibieron poco diálogo y varias amenazas). Con algunos comuneros, los técnicos negociaron
además un pago por el derecho a utilizar sus campos como depósito
de maquinaria.
Adherida al COAJ y no demasiado
sometida al control de la Prelatura de Humahuaca [xv]
la Comunidad de Cianzo presentaba además otras tres características
particulares que determinaron la diferencias en las formas que asumió
su oposición al gasoducto: un nivel de
cohesión interna de la comunidad notoriamente superior al de otras comunidades de la región, dos dirigentes comunales concientes del peligro real del gasoducto y seriamente
comprometidos en la resistencia al mismo y una dirigente distrital que además
de su compromiso aportaba dos ventajas: residir en la ciudad de Jujuy y tener
formación universitaria. De modo que ni
los pocos comuneros que negociaron con los técnicos de la Empresa,
ni la información distorsionada que les llegaba desde la Prelatura
y la Municipalidad de Humahuaca lograron quebrar
una resistencia que siempre se presentó como “de la comunidad en su
totalidad”. Este no es un dato poco relevante.
Cianzo fue por ej, la única comunidad cuyos dirigentes no pactaron
el derecho de paso del gasoducto, circunstancia que nos permitió posteriormente
reorientar la negociación [xvi]
La historia de la resistencia
al gasoducto que opusieron la comunidad de Cianzo y sus delegados -tan rica en anécdotas que podría ser
tema de un artículo especial- conmueve
por el grado de involucramiento de sus protagonistas, que durante más
de tres anhos invirtieron toda la energía
y el tiempo posibles en una pelea claramente desigual y que supieron aprovechar
todas las posibilidades de hacer público el conflicto, conscientes
de que ésa era la única posibilidad de
lograr que se oigan sus reclamos. Sin embargo, en
todo este largo y encomiable proceso de resistencia llama también
la atención lo que se podría caracterizar como “falta de contenido”. Observada desde afuera, la oposición -casi
exclusivamente limitada a los medios- está excesivamente centrada
en el reclamo y la protesta más que en la argumentación desde
la legalidad y desde el perjuicio concreto. Otro
dato que llama la atención, tanto en Cianzo como en todas las comunidades
afectadas, es que el reclamo se basa exclusivamente en una discusión
por dinero (es decir, por el monto de una especie de indemnización
por el danho ocasionado)([xvii])
Llama la atención por
ej, que aún cuando todo el esfuerzo fue coordinado desde el COAJ por
una abogada, la comunidad no haya intentado nunca presentar un recurso de
amparo. Es cierto que cualquier recurso
presentado a la Justicia Provincial hubiera significado sólo un antecedente
negativo (como ocurrió en Salta) pero ésto
hubiera permitido llevar el caso primero a los Tribunales Federales y luego
a la Justicia Internacional. Es notorio que se
hayan cometido “errores de procedimiento” como no llevar un registro completo
y ordenado de cada reunion y/o discusión con funcionarios de gobierno
o con representantes de la Empresa. El proceso
está lleno de “anécdotas” referidas a amenazas recibidas por
la comunidad, discusiones telefónicas, entrevistas infructuosas con
funcionarios de gobierno en Jujuy y Buenos Aires, etc, la mayoría de
las cuales no fue debidamente registrada. Es como
si el eje de la pelea se hubiera colocado más en la pelea en sí
que en la meta perseguida.
Esta suerte de “cambio de
eje” no se evidencia sólo por parte de
la Comunidad y del COAJ sino también por parte de los funcionarios
de Gobierno. Cuando el COAJ pide apoyo al INAI
y al Defensor del Pueblo de la Nación, la casi nula reacción
de ambos organismos se limita a un escrito al ENARGAS.
Reveladora de esta actitud
“hacia afuera” es la Audiencia Pública que se realizó en la
ciudad de Jujuy el 14 de Enero de 1999. Convocada por el ENARGAS y con amplia participación
de sectores involucrados de las provincias de Salta y Jujuy, representantes
de Gobierno, del ENARGAS y de las Empresas, la Audiencia
se convirtió en un Foro de denuncias acaloradas y difundidas
por la Prensa, la radio y la television….pero un Foro
que sólo tenía carácter informativo y que no logró
ningún tipo de consenso ni de resolución tendiente a modificar
en ninguna medida las obras en ejecución. Luego
de horas de denuncias y diálogos contrapuestos, los representantes
de la sociedad civil firmaron un Acta que solicitaba 1)suspender las obras
de los dos Gasoductos; 2) levantar las canherías que atraviesan la
ciudad de jujuy y demás localidades; 3) pagar por los danhos ocasionados. Por suspuesto, la construcción de ambos gasoductos
no fue afectada de ninguna manera y ambos se concluyeron tal como habían
sido planeados, recibiendo inmediatamente la aprobación de los Entes
reguladores y del Gobierno.
Es cierto que durante la década
menemista los argentinos tuvieron que aprender no sólo a convivr con
la ausencia de justicia, sino incluso con la noción de que recurrir
a la Justicia “puede ser peligroso”, pero es notorio –y debería ser
materia de un estudio en profundidad- cómo las “luchas sociales” en
la Argentina se caracterizan en los últimos anhos
por un exceso de “ruido” que se corresponde con una notoria carencia
de contenido.
En el caso que nos ocupa,
por otra parte, se equivocó el eje del problema al considerarlo como
un “problema indígena” (de acuerdo al discurso de moda en los 90) y
no como lo que era: una violación a derechos ambientales y civiles
consagrados en la Constitución para todos
los habitantes del País. Ni los gasoductos
ni ninguno de los megaproyectos realizados o a realizar en las provincias
del NOA están vinculados a un “problema indígena”, sino a la pobreza, la marginalidad, la falta de información
y la ausencia de legalidad que caracterizan a la Región. La lógica de estos emprendimientos y la manera
cómo se llevan a cabo están vinculadas a la necesidad de captar
mercados en un mundo de competencia salvaje y globalizada y a la consecuente
necesidad de acortar tiempos y disminuir costos. No es la “cualidad étnica”
de una región lo que atrae este
tipo de emprendimientos, es su marginalidad.
En el caso de Cianzo podríamos
incluso decir que el componente étnico constituyó más una garantía de defensa que la razón
del atropello.. Como producto de su larga historia
de resistencia, las comunidades indígenas han logrado niveles de organización
desconocidos en otros sectores de la sociedad, igualmente afectados por pobreza,
marginalidad y atropello de sus derechos elementales, pero mucho más
desprotegidos jurídicamente. Es significativo,
por ejemplo, que mientras ambos gasoductos debieron enfrentar cientos de reclamos
por potenciales danhos al patrimonio arqueológico de las comunidades, el tramo menos conflictivo del gasoducto Atacama haya sido justamente el que atraviesa la ciudad de
Jujuy, sin duda el más peligroso de todos y el que mayor número
de víctimas implicaría en caso de accidentes. Más aún, a orillas del Río Grande
se siguen construyendo asentamientos precarios en la actualidad, sin que nadie
se preocupe por mantener libres las zonas de seguridad establecidas por el
ENARGAS (que prohíben la construcción de viviendas en una franja
de 30 metros a ambos lados del gasoducto)
En marzo de 2000 propusimos a la Comunidad de Cianzo replantear toda la estrategia de negociación
con NAA, no sólo en sus formas sino especialmente en cuanto al contenido.
El 2000 era un anho muy particular
en Argentina: con el gobierno de la Alianza se comenzaba a restaurar lentamente
la legalidad y éso abría la posibilidad de incorporar a la
dicusión a los tres sectores involucrados: Sociedad
Civil (Comunidad de Cianzo), Empresa (NAA) y
el hasta ahora ausente Estado argentino (Secretaría
de Medio Ambiente, Enargas).([xviii])
Pero además se logró
mostrar a la comunidad que el eje de la discusión no pasaba por “lo
indígena” sino por lo ambiental. Es decir, si bien el Art. 75 de la Constitución
Nacional sería incluído en todos
nuestros documentos, la larga lista de irregularidades cometidas durante
la construcción del gasoducto eran particularmente violatorias del
Art. 41 Constitucional, que establece claramente que
“quien ocasione danho deberá repararlo”. Y
sobre este criterio se elaboró un documento que planteaba explícitamente:
“A- indemnización a
la Comunidad por las pérdidas económicas ocasionadas durante
1998 y 1999.
B- Financiamiento de una
evaluación independiente del danho ambiental y elaboración
de programas destinados a 1)reparar y mejorar problemas
ocasionados en el suelo (erosión, etc) y en la infraestructura de
riego; 2) recuperación y mejoramiento del suelo agrícola; 3)
reparación de las vías de comunicación y comercialización
C- Aplicación estricta
y controlada de los instrumentos jurídicos que regulan el paso de los
gasoductos, su uso, así como los deberes y obligaciones de las Empresas
constructoras, concesionarias, transportadoras y distribuidoras” ([xix])
Otro “sobreentendido” erróneo
que debimos modificar durante la negociación fue el criterio establecido
en Argentina del “contaminador pagador”, que implicaría
que una vez asumidos por la Empresa los errores cometidos en la construcción,
el paso siguiente sería negociar el monto de indemnización. Después de muchas discusiones se logró
que comunidad y empresa comprendan que este criterio es erróneo porque
en realidad ni el medio ambiente ni –mucho menos-
la supervivencia de un grupo humano son mercancías, reparables con
un pago en dinero. La única reparación posible es la restauración
del “orden” anterior al danho causado. Por éso
“quien rompe, primero debe arreglar lo que rompió y además
pagar” Esta diferencia “semántica”
significó un cambio de criterio para todas las etapas de la negociación,
desde la discusión misma hasta los términos en que se plantearon
el estudio de danhos, las obras de reparación y protección
y en fin de toda la relación de la Empresa con la Comunidad.
Al centrar el problema en
la reparación integral del danho ambiental, replanteamos la estrategia
comenzando por buscar apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).
Logramos una entrevista con el entonces Secretario de Medio Ambiente, el Dr.
Massei, quien desde un principio se mostró
dispuesto a apoyar personalmente el reclamo de la comunidad a la vez que designó
a algunos técnicos y funcionarios de la Secretaría para que
apoyaran nuestra postura.
Por pedido expreso de la entonces
Coordinadora del COAJ se invitó también al INAI a participar
en la primera etapa de esta nueva negociación
Comenzamos por “resolver”
algunas de las muchas irregularidades cometidas entre 1998 y 2000, para lo
cual solicitamos una entrevista conjunta con la Secretaría (SMA), el
INAI y el Enargas, entrevista que fue personalmente presidida por el Dr. Massei. En esta reunion conseguimos un avance fundamental: después de una larga discusión los
representantes del Enargas aceptaron la posibilidad de que hubiera habido
algún error técnico en la aprobación de la traza en el
Distrito Palca de Aparzo y consintieron en realizar una nueva visita al lugar,
acompanhados por los respresentantes comunales, técnicos de la SMA
y un representante del INAI.
Esta visita ([xx]) fue un punto de inflexión en la negociación: una vez reconocida la evidencia de danho ambiental
por los organismos del Estado, la Comunidad tenía
un nuevo punto de partida que permitía colocar la discusión
con la Empresa en el planteo correcto. Así
se realizó la primera reunión en la que participaron de un lado
la Comunidad, la SMA y el INAI y por el otro, el
Gerente General y el Abogado de la Empresa. ([xxi])
De esta manera comenzó
una larga ronda de discusiones, llena de avances y retrocesos, durante la
cual se fueron logrando lentamente acuerdos pequenhos pero progresivos sobre
los tres puntos planteados por la Comunidad, si bien la principal discordancia
estuvo siempre en los criterios que regirían la evaluación del
danho ambiental. ([xxii])
Finalmente, en Noviembre de
2000 se acordó con NAA la realización
de un Estudio de Danho Ambiental (EDA), a cargo de un equipo independiente,
y cuyos términos de referencia serían consensuados por las Partes
(NAA y la Comunidad)
Después de una muy
mala experiencia (que será relatada más
adelante) con la primera ONG que se autopropuso para el Estudio (EDA) y a fin de proteger a la Comunidad
de la lucha de intereses de algunos funcionarios afectados por las
tormentas políticas al interior de la Alianza[xxiii]
, se decidió que en la nueva etapa de la negociación que se
abría a partir del EDA la Comunidad dialogaría
directa y exclusivamente con la Empresa.
Resumiendo el rol de los actores
involucrados en esta primera etapa, podríamos decir que:
-SMA : como
senhalé, el apoyo decidido del entonces Secretario de Medio Ambiente
fue fundamental para el desarrollo de nuestra estrategia.
La intervención directa del Dr. Massei en las conversaciones
con el Enargas fue decisiva para lograr en muy corto tiempo que el Ente revisara su evaluación de la traza y reconociera
la existencia de danhos; paso previo ineludible para reencauzar las negociaciones
con la Empresa. Es de destacar también
el apoyo de algunos Técnicos de la Secretaría para la elaboración
de los criterios que regirían el EDA.
-INAI: si
bien el INAI no fue nunca un actor principal en la negociación, su
presencia en las primeras reuniones fue importante como apoyo institucional
a la postura de la Comunidad. El INAI participó en todas las reuniones
de esta primera etapa, representado por un funcionario
jerárquico y por un abogado, quien además colaboró siempre
con la comunidad, resolviendo dudas sobre aspectos técnicos de los
primeros borradores de Acuerdo.
-ENARGAS: si bien el Ente en un principio se resistió
a reconocer los errores en la evaluación del gasoducto, modificó
sustancialmente su postura después de la visita conjunta a la comunidad, retirándose de las reuniones de
negociación después de apoyar implícitamente la necesidad
de revisar la situación ambiental y la seguridad del gasoducto en la
zona.([xxiv])
-la Comunidad
de Cianzo: para la comunidad de Cianzo esta primera etapa fue principalmente una etapa de crecimiento. A nivel
de dirigentes, porque tanto el Delegado Comunal como la Delegada Distrital
participaron en todas las discusiones (en Jujuy y Buenos Aires) no sólo
por respeto a su calidad de representantes sino además con el objetivo
de “capacitarlos on the job”: Para la comunidad en general, el cambio en la relación con la
Empresa tuvo un impacto positivo directo en la revalorización de su
autopercepción como sujetos sociales. Después
de anhos de haber sido ignorados, finalmente lograban ser reconocidos como
sujetos principales de este proceso y como afectados que no mendigaban por
“caridad” sino que exigían y comenzaban a conseguir el reconocimiento
efectivo de sus derechos.
-la Empresa: para NAA todo el proceso de negociación fue
un largo proceso de aprendizaje -que de alguna manera continua en la actualidad-
y que mejoró considerablemente su forma de relacionarse con algunos
“stakeholders”. La experiencia sirvió incluso
para moldificar su propia percepción en cuanto empresa propietaria
de un gasoducto que –hubo que admitirlo- tuvo
muchas irregularidades en su construcción. Más
adelante se mencionan algunos de los programas de mantenimiento y seguridad
organizados por NAA y TGN a partir del anho 2002. Pero
lo que interesa resaltar aquí especialmente es que en la nueva relación
la comunidad –ante cualquier problema- accede directamente a funcionarios
jerárquicos de la Empresa. Y que la Empresa
ha entendido que la comunicación debe ser permanente y directa y debe
estar dirigida a los miembros de las comunidades mucho más que a las
autoridades políticas de la zona.
-las ONGs: ninguna ONG participó de las negociaciones,
realizadas exclusivamente por los representantes de la comunidad y su asesora. Sin embargo, no puede quedar afuera de esta síntesis
la actitud de la primera ONG que se autopropuso para realizar el EDA Enterada de la ronda de negociaciones por su
vinculación directa con la SMA, comenzó su acercamiento a la
comunidad con una postura paternalista, lamentablemente
muy común en Argentina[xxv]. Por supuesto, esta actitud generó en nosotros
todo tipo de recelos, pero no teníamos otra opción ya que
no habíamos logrado conseguir otro Equipo
que reuniera las condiciones técnicas que la comunidad buscaba y que
fuera aceptado por la Empresa. Por otra parte, ya estábamos a fin del
anho, habían transcurrido casi 9 meses de discusiones en los que fue
muy complicado conseguir que la Empresa aceptara realizar y asumir los costos
de un EDA de acuerdo a nuestros criterios y relizado
por un equipo propuesto por la comunidad, y todos éramos concientes
de que cualquier demora al respecto podia significar un quiebre de la negociación. También lo sabía la referida ONG que,
después de autoproponerse como redentora decidió explotar la
necesidad de la comunidad para obtener una mejora en sus ingresos. Después de aceptar explícitamente los
términos de referencia y los montos propuestos (que por cierto eran
bastante altos) y después de haber acordado
con las Partes (comunidad y Empresa) la fecha
de inicio del trabajo de campo, el coordinador de la ONG
–autopropuesto además como director del equipo para el EDA- decidió presionar a ultimo momento a
Nor Andino, condicionando la realización del Estudio al pago de un
monto extra (de algunos miles de dólares)
supuestamente destinados a también supuestos “gastos de secretaría”. Ante esta bochornosa actitud, la comunidad decidió
excluír definitivamente a estos oportunistas no sólo del EDA
sino además de cualquier contacto futuro con el tema. Se evaluó el riesgo de
postergar el Estudio pero se priorizó el criterio de no negociar con
ningún tipo de corrupción. De modo
que acordamos con la Empresa hacer una pausa en la negociación hasta
que se lograra encontrar un equipo con el perfil profesional y ético
que necesitábamos. Este lamentable episodio
fue además el detonante para que la comunidad decidiera protegerse
excluyendo de la negociación a cualquier actor fuera de sí
misma y los representantes de la empresa. De
todas maneras, por suerte este episodio tuvo dos consecuencias positivas
para la negociación: 1) encontramos en poco tiempo un equipo muy superior
técnica y éticamente; y 2) la negociación quedó
libre de cualquier tipo de oportunismo, lo que sirvió para que todas
nuestras conversaciones con la empresa a partir de ese momento fueran –a pesar
de las divergencias- fluídas y exclusivamente concentradas en una
solución consensuada de los problemas.
Si se incluyó aquí
el relato de esta lamentable experiencia es para
senhalar cómo la realidad suele no coincidir con los esquemas: en el caso de la comunidad de Cianzo , la negociación
para lograr un cambio de actitud, primero por
parte del Enargas y después de NAA fue durísima. Sin embargo, las mayores amenazas provinieron de dos
instancias ajenas a la Empresa y supuestamente “defensoras” de la comunidad: el senhalado oportunismo de esta ONG y la actitud
de algunos técnicos del INAI y de la SMA que en distintos momentos
trataron de demorar o boykottear la negociación para convertirla
en un negocio personal.
LA ETAPA DE EVALUACION Y
REPARACION DEL DANHO: UNA NUEVA RELACION COMUNIDAD/EMPRESA
Después de una búsqueda
muy intensa, logramos contratar un equipo de
profesionales (en adelante, el Equipo) que
sí cubrían los requisitos técnicos y éticos y
que realizaron un excelente trabajo de evaluación de danhos y propuestas
de reparación. Una vez acabado este Estudio
(mayo de 2001) fue necesaria otra larga serie de conversaciones con NAA para
acordar montos y características de las
obras de reparación, que culminó con la firma de un Aucerdo
definitivo el 25 de Septiembre 2001….es decir, tres meses antes de la caída
del Gobierno de la Alianza y el estallido de la peor crisis económica
de la Argentina.([xxvi])
Como se senhaló, el
reclamo de la Comunidad incluía regulación, indemnización
y reparación
Por ello el Estudio y el posterior Acuerdo de Reparación firmado con
la Empresa incluyeron:
1)
regulación de las actividades
del Gasoducto NAA (transporte, mantenimiento, seguridad, etc
2)
Indemnización por pérdidas
económicas ocasionadas
3)
Programas de Reparación
y Recomposición (de la Pista, del suelo agrícola, de las vías
de comunicación, de la infraestructura de riego, de las fuentes de
aprovisionamiento de agua ; de mitigación y control de procesos erosivos
y de reparación/protección de microcuencas)
Para calcular el monto indemnizatorio,
el Equipo evaluó los danhos puntuales que las obras del gasoducto ocasionaron
sobre viviendas, corrales, caminos , campos de cultivo y canales de riego,
multiplicando el valor de las pérdidas por los indices pertinentes.
Pero, como se senhalara, la
comunidad introdujo un criterio novedoso en la negociación: el que indica que “quien
rompe, primero debe arreglar lo que rompió, y además pagar
por el danho ocasionado”.
Es decir que además
de la indemnización por pérdidas, la Empresa
costeó íntegramente y/o realizó todos los trabajos
propuestos por el EDA, e incluso después de reparar el antiguo camino
de herradura decidió asumir todos los costos de ingeniería,
maqunaria, materiales y mano de obra que transformaron este camino en una
vía de acceso de vehículos a la comunidad.
Las obras menores de reparación fueron
concebidas para ser ejecutadas (con trabajo pago) por
la Comunidad y totalmente costeadas por la Empresa. Incluyeron
la revegetación de la Pista, mejoras en el suelo agrícola,
reparación/restitución de viviendas y corrales afectados por la obra del gasoducto, reparación
y mejora de la infraestructura de riego, de las fuentes de aprovisionamiento
de agua , y de las vías de comunicación.
Para reparar los problemas
de erosión en laderas y microcuencas relevados por el EDA fueron necesarias
obras de ingeniería, planeadas y dirigidas por ingenieros y técnicos
de NAA, utilizando mano de obra asalariada de la comunidad
Inmediatamente después
del primer accidente en el gasoducto (San Andrés, marzo de 2001) se acordó con la Empresa la realización
de dos estudios complementarios, específicamente centrados en evaluar
la seguridad del canho y determinar las obras de ingeniería, así
como nuevas actividades de control y mantenimiento. La
ejecución de estas obras se realizó con el mismo esquema que
la reparación de erosiones.
Por qué los trabajos
de reparación se dividieron entre “ejecutados por la comunidad” y “ejecutados
por la empresa” ? Para que la Comunidad, lejos
de sentirse vícitma enajenada del problema, comprendiera que la solución
está en sus manos.
La organización y ejecución
de las obras “menores” (revegetación,etc) sirvió también
para reforzar la cohesión comunal, generar nuevas esferas de participación
(como la participación de jóvenes en recolección y clasificación
de semillas autóctonas para revegetación) y hasta para concretar
el viejo proyecto de construír un centro comunal para reuniones.
Trabajando como mano de obra
asalariada en todas las obras de ingeniería necesarias para procesos
erosivos y microcuencas, los comuneros de Cianzo aprendieron también
a observar y evaluar los riesgos de la erosión, a determinar cuáles
medidas tienden a mitigarlos, a evaluar los posibles peligros reales de seguridad
del gasoducto y las formas apropiadas de reacción, y hasta tomaron
parte en el disenho de partes del nuevo camino “de herradura”.
El trabajo en las obras de
ingeniería sirvió también para capacitarlos y convertirlos
en la única mano de obra calificada para
este tipo de trabajos en la región.
Por ultimo, y dado que los
trabajos se realizaron durante todo 2002 y parte de 2003,
la negociación aportó también
una ventaja que no había sido prevista por nadie:
en medio de la catástrofe económica nacional de 2002
la comunidad de Cianzo fue uno de los pocos lugares de Argentina donde no faltó trabajo, pagado además
a término y con jornales que superaban en un 100% a los acostumbrados
en la region.
Sería ilusorio pretnder
que esta experiencia haya logrado un cambio radical en Empresas como NAA,
Tractebel o TGN.
Sin embargo, es significativa
la forma en que NAA cambió la forma de relacionarse con las comunidades
afectadas y cómo se modificaron las actividades de mantenimiento y
seguridad.
Obviamente, la preocupación
por la seguridad está determinada mayormente por los accidentes en
la selva de Yungas. Pero además de
intensificar las actividadesde control y mantenimiento, lo que se modificó
especialmente a partir de la negociación es la forma en que éstos
se efectúan.
Por ejemplo, una vez concluídos
los Estudios de Danhos y de Seguridad en Cianzo, NAA
contrató al mismo Equipo para realizar una revisión de
la totalidad de la traza, detectando problemas de erosión y proyectando
obras de reparación con los mismos criterios
que se aplicaran en Cianzo.
Para intensificar la prevención
de accidentes se instalan “Campamentos” de técnicos en las comunidades
durante la época de lluvias.. Todos los
anhos, la instalación del campamento es previamente acordada con las
autoridades comunales y los derechos de sus ocupantes
delimitados de común acuerdo. El campamento
sirve también para mejorar y agilizar la comunicación entre
técnicos y comuneros
A partir de 2002, TGN coordina un Plan Contínuo de Mantenimiento
que además del Monitoreo permanente y las pertinentes actividades
correctivas, incluye un Programa de Prevención con
reuniones informativas periódicas en las localidades de la
Región. Si durante 2003 y 2004 estas reuniones informativas se realizaban de preferencia en los centros urbanos, a comienzos
de 2005 se acordó con NAA la necesidad de realizarlas directamente
en las comunidades
Todas estas medidas son ejemplos
de cómo las comunidades dejaron de ser “víctimas pasivas”
del gasoducto para transformarse en lo que siempre debieron haber sido: interlocutores
directos, activamente involucrados en las cuestiones de mantenimiento y de
seguridad
Somos concientes de que esta
experiencia no significa que NAA o TGN modificarán sustancialmente
en futuros emprendimientos la perspectiva de aumentar réditos y disminuír
costos. Pero con seguridad modificarán
su postura en relación a las poblaciones afectadas por el gasoducto. En el caso de la Puna de Jujuy, el cambio comenzó
por abandonar la concepción del “otro” como un estorbo en el desarrollo
de un emprendimiento para empezar a considerarlo
como un sujeto social afectado por una obra y con derechos que deben ser respetados.
No menos relevante es el
aprendizaje de que esos derechos no se “reemplazan” con obras “solidarias”,
como donativos para la Escuela o el Centro de Salud.
En la tradicional relación asimétrica Empresa/Comunidad,
la frase “el que rompe, paga” encubre el peligroso derecho para la Empresa
de destruír a cambio de “compensar con donativos”.
Cuando la relación se establece entre Pares, o sea entre dos
Partes con diferente poder económico pero igualdad de derechos, el concepto se modifica implicando primero el deber
de evitar el danho y después la obligación
de repararlo íntegramente, además de compensar económicamente
a los afectados. Es loable que las Empresas contribuyan
a mejorar la infraestructura de educación o salud de las poblaciones
afectadas. Pero estas contribuciones no eluden
de ninguna manera su responsabilidad de evitar
el danho, y si se produjera de repararlo e indemnizar a las víctimas.
Esta observación es
pertinente para el concepto de Responsabilidad Social Empresarial
Si bien el término
Responsabilidad Social Empresarial se comienza a utilizar a instancias del
Secretario General de la ONU durante el Foro Económico Mundial de 1999,
podríamos remontar su origen al profundo llamado de atención
que significó en 1987 el informe Bruntland al definir el Desarrollo
Sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus necesidades”.
Esta idea afirma que “la Empresa tiene la responsabilidad de asegurar que
sus actividades sean ecológicamente sostenibles”.
En este sentido, se podría defirnir a la RSE como un modelo
de gestión que contempla los impactos económicos, sociales y
ambientales derivados de la actividad empresarial, como una filosofía
organizacional en la que el éxito implica ir más allá
de los buenos resultados económicos para incluír la responsabilidad
de la empresa en el desarrollo social y ambiental ([xxvii]).
Pero es importante senhalar que el concepto incluye tanto una perspectiva
ética como una sociológica y política. Sin embargo, nuestro
objetivo no es analizar las variadas propuestas de definición sino
reflexionar sobre las características que deberían asumir las
Empresas “socialmente responsables”
La reflexión sobre
RSE es especialmente pertinente en un momento en el que, mientras se profundiza
cada vez más la brecha entre países ricos y pobres, la discusión
en los “paises centrales” comienza a incorporar a las Empresas en la ejecución
de Proyectos en el Tercer Mundo.
Ya existen numerosos antecedentes
de Empresas, invirtiendo en programas sociales. Lo novedoso es que ahora - además de las prerrogativas tributarias que
esta solidaridad les otorga en paises de origen y de destino - las Empresas empezarían tambien a recibir
financiamiento de los Ministerios de Cooperación [xxviii]/[xxix].
Como se senhaló, las
definiciones de RSE son múltiples. Algunas
se limitan a la responsabilidad de la Empresa “hacia adentro” [xxx]
, otras incluyen la responsabilidad de la empresa con la sociedad. En esta
concepción “hacia afuera” es fundamental el concepto de Stakeholder,
desarrollado por Freeman a mediados de los 80. Los Stakeholder son “cualquier
individuo o grupo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos
de la Empresa” ([xxxi]).
Los autores distinguen entre Stakeholders primarios y secundarios. Los primarios
– sin los cuales la empresa no puede sobrevivir - incluyen
a accionistas, inversores, clientes, etc. tanto como a Gobiernos y Comunidades
que proporcionan la infraestructura y mercados cuyas leyes y regulaciones
deben ser obedecidas y a quienes se le deben pagar impuestos y obligaciones.
([xxxii])
Basandose en la descripción
del London Benchmarking Group, Paladino y Mohan representan los niveles de
RSE en los siguientes diagramas[xxxiii]
Una definición abarcativa de RSE fue sugerida por Carrol y Davis,quienes
la definen como la acción de la Empresa
que “va más allá del cumplimiento minimalista de la ley” . Caroll
sostiene que “la responsabilidad social de la Empresa abarca las expectativas
económicas, legales, éticas y filantrópicas de la sociedad
en un momento determinado del tiempo”([xxxiv])
En su Informe sobre el Pacto
Mundial, Peter Utting, jefe de Proyecto de UNRISD senhala que las opiniones sobre el mismo están bastante divididas.
“Sus partidarios en general ven a la iniciativa como una estrategia innovadora
y pragmática que puede servir para reformar la cultura empresarial
inculcando nuevos valores y movilizando los recursos de las grandes empresas
para la promoción del desarrollo social y sustentable….Los críticos
de la iniciativa temen que pueda contribuír más a mejorar la
imagen de las grandes empresas que a ayudar al
medio ambiente y a los necesitados. Les preocupa
que en el Pacto Mundial se haya aceptado a empresas conocidas por sus prácticas
indebidas y que las condiciones impuestas al sector empresarial para que cumplan
con los principios sean tan débiles “([xxxv])
Esta última consideración –tan evidente en la práctica
para quienes desde distintos sectores de la sociedad civil están involucrados
en la relación con Empresas y Gobiernos- es
justamente la que nos lleva a plantear la necesidad de analizar la RSE a partir
de un caso concreto e incorporando un punto de vista hasta ahora ausente:
el del “grupo directamente afectado”,
semánticamente incluído pero no suficientemente especificado
en el concepto de Stakeholder. Todo Stakeholder
está de alguna manera vinculado a la Empresa y a sus emprendimientos. Pero indudablemente la cuestión principal a
considerar por una empresa socialmente responsable debería ser la manera en que el emprendimiento repercute sobre
las poblaciones directamente afectadas.
Esta perspectiva modifica
el concepto de Stakeholder por cuanto más allá de la “decisión
voluntaria” de “contribuír” a mejorar la sociedad o el medio ambiente,
la Responsabilidad de las Empresas debe incluír la obligación
de no destruír el medio ambiente y de no afectar en forma negativa
las condiciones de vida de las poblaciones directamente vinculadas a sus emprendimientos. Para ponerlo en términos simples: es
loable que una empresa contribuya a mejorar la escuela, el centro de salud
o los caminos de acceso a una comunidad rural pobre; pero esta contribución
no puede de ninguna manera eximirla de su responsabilidad de no destruír
y no contaminar. Y esta reflexión compete a numerosas empresas extractivas
que desde mediados de los 90 soslayan su responsabilidad en la destrucción
del ambiente apoyando por ej. el trabajo investigativo de Fundaciones y ONGs
ambientalistas, o realizando “obras solidarias” en las comunidades afectadas.
Si la RSE se plantea como
la relación solidaria entre tres sectores: Empresa, Sociedad Civil,
Gobierno, entonces debería comenzar por el cumplimiento irrestricto
de las responsabilidades y debería incluir por lo menos tres criterios:
1-una “ética empresarial”
que sin olvidar el criterio de incrementar ganancias, elimine definitivamente
la “compra de favores” del Estado
2-una relación horizontal
entre empresas y stakeholders, que priorice el diálogo con las poblaciones
afectadas, y el respeto irrestricto de sus derechos, más allá
de su condición social o económica
3-en el caso de poblaciones
en situación de pobreza, las empresas deberían además
asumir una actitud solidaria que tienda a producir mejoras en la calidad de
vida de sus habitantes. Pero esta solidaridad
–que es nescesaria y debería ser hasta sobreentendida- no constituye ni puede constituír una sustitución
de las responsabilidades de la Empresa.
BIBLIOGRAFIA CITADA
-CIEES- Fundación Salta:
“Inversiones privadas en la provincia de Salta” (Salta, Argentina,1998)
-El Tribuno de Jujuy, ejemplares
de Marzo de 1998
-FREEMAN,R.E.: Strategic Management: A Stakeholder Aprroach.
Boston, 1984
-FVSA: “La Fundación
Vida Silvestre Argentina y su gestión respecto del Gasoducto Norandino”
En: “Ecoargentina”, sitio sobre ecología, (www.biomercado.org)11.05.2000
-OIT: “Declaración
Tripartita de principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política
Social Declaración adoptada
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo en su 204a reunion” (Ginebra, noviembre de 1977)
-PALADINO,M y MOHAN,A: Tendencias
de la responsabilidad social en argentina” – Documento de Investigación,
Escuela de Dirección y Negocios, Universidad Austral; Buenos Aires,
Julio 2002
-PETRARCA, G: “Impacto Ambiental
sobre los Bosques Subtropicales Argentinos: Las
Yungas y el Drama de la Comunidad Colla” – Centro
de Estudios de Energía y Medio Ambiente; CTA. Buenos Aires, Sept. 1998
-Revista NOTICIAS, Buenos
Aires, Argentina -30 de abril 2004
-Revista “PeoplePlanet Profit”
Amsterdam,Holanda, Verano de 2004
-3° Simposio de Responsabilidad
Social Empresarial en las Américas (Río de Janeiro:9-11 de Mayo
de 2004)
-UNRISD, “Corporate Social
Responsibility and Development: Towards a New
Agenda?” (Conference News,UNRISD/CN13/04, July 2004 (Informe de la Conferencia
UNRISD, Ginebra 17-18 de Noviembre de 2003)
[i] CIEES- 1998;p.7
[ii] CIEES-op.cit, p.7
[iii] En: Petrarca G, Septiembre 1998“
[iv] comunicación personal,
[v] véase, por ej., EL Tribuno de Jujuy: 07,10,11,12,15,17,18,21,24 y 31 de Marzo de 1998
[vi] En:Petrarca,G; op.cit
[vii] nota de la autora: la discutida modificación de traza se refiere exclusivamente a la zona de yungas, zona en la que posteriormente se produjeron dos accidentes
[viii] véase El Tribuno de Jujuy, 1998
[ix] “Así, las empresas realizaron aportes a la
provincia de Jujuy para tareas de monitoreo ambiental e infraestructura
en la Reserva Altoandina de la Chinchilla, por donde también pasa
el gasoducto, y para la creación de un Museo Arqueológico Provincial;
incorporaron expertos del Laboratorio de Investigaciones Ecológicas
de las Yungas (LIEY) para ejecutar el Plan de Revegetación en sectores
críticos de la pista, realizar un mayor control independiente de la
Gestión Ambiental y crear un plan de monitoreo a mediano plazo de la
recuperación ambiental de la pista. También donaron al LIEY
una oficina y vivienda para que se instalen investigadores en Orán
y una camioneta 4x4 para sus trabajos de campo, gracias a lo cual le facilitan
a esa institución científica una mayor interacción con
representantes locales de la sociedad civil (productores, comunidades, autoridades
provinciales y municipales, ONGs locales, etcétera).
En cuanto a la visión regional, la FVSA buscó promover la
conectividad ecológica del corredor Baritú-Calilegua por medio
de proyectos de Investigación para la Conservación y el Desarrollo
Sustentable (ICDS). Así, en noviembre de 1998 Techint y Nor Andino
firman un convenio con el LIEY para crear el Programa Pro Yungas, que consiste
en una donación de $ 50.000 por año durante cinco años,
a ser distribuida entre los proyectos que resulten aprobados en cada ejercicio,
con la supervisión de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Al respecto, debemos informar que ya han sido aprobados 14 proyectos, que
ya están en ejecución. El Programa Pro Yungas persigue la generación
de información para el manejo y conservación de las Yungas,
la formación de recursos humanos especializados, la generación
de respuestas científicas y técnicas para frenar la degradación
de esta eco región, y la implementación de alternativas experimentales
de manejo sostenible.” (En:FVSA, 11.05.2000
[x]
[xi] ciudad natal y de residencia de la Flia Rocca, propietaria de Techint
[xii] “Ante las reiteradas objeciones y
protestas por parte de los afectados, ENARGAS decidió exigir a Techint
una auditoria externa, que recayó en Coprogetti-CH2M Hill International,
consorcio italo-.norteamericano supuestamente vinculado a la empresa Tractebel….ENARGAS
otorgó 15 días de plazo para la confecci´on de la auditoria
del informe” (En: Petrarca,G: op.cit)
[xiii] Petrarca, Gerardo; Op.cit
[xiv] véase por ej. la disución sobre un nuevo intento de otorgar la consturcción de un gasoducto –el NOA- al Grupo Techint, una vez más sin EIA y sin licitación, (revista Noticias, 30 de abril de 2004) El ejemplo más lamentable al respecto es sin duda la reciente aprobación del Acuerdo Nuclear con Australia (Ley 26.014), claramente violatoria del Art. 41 Constitucional y , aprobada por el Congreso durante una “sesión maratónica de aprobación de leyes” en la medianoche del 16 de Diciembre de 2004, última Sesión previa a la feria legislativa y judicial de Enero )
[xv] entre otras razones, por la fuerte presencia de Iglesias evangélicas
[xvi] aunque la servidumbre de paso había
sido pagada al gobierno por tratarse de “tierras fiscales”, la empresa necesita
establecer una relación armónica con la comunidad –propietario
superficiario- para poder efectuar el transporte
del gas y las tareas de monitoreo y mantenimiento necesarias durante toda
la vida útil del gasoducto
[xvii] según se pudo constatar
durante el comienzo de la asesoría a la comunidad y según
consta en diversos estudos de danho efectuados a solicitud
[xviii] Una vez acabada su construcción, el gasoducto pasa a ser propiedad de NAA, todo reclamo por ende se realiza con esta empresa y no con la empresa constructora –Techint
[xix] Abril 2005
[xx] lamentablemente postergada durante meses desde el INAI por cuestiones burocráticas
[xxi] después de la visita a la comunidad, el Enargas aceptó tácitamente el error en la evaluación de la traza y se retiró de la mesa de discusiones
[xxii] Recordemos que durante toda esta negociación aún no existía la Ley General del Ambiente, promulgada recién en Noviembre de 2002
[xxiii] a fin
[xxiv] Recordemos que tanto en Enargas,
[xxv] el planteo paternalista de algo así
[xxvi] las demoras que en la primera etapa de la negociación ocasionaron nuestros supuestos “aliados” pudieron haber tenido las peores consecuencias para la comunidad
[xxvii] IARSE, 2005
[xxviii] La Ministra Holandesa de Cooperación para el Desarrollo, Acnes van Ardenne, anunció en marzo de 2004 que destinará más dinero para aquellas Empresas que deseen brindar su aporte a la lucha sostenible contra la pobreza en los países en vías de desarrollo. La idea, que disminuíria la cooperacion con ONGs , ya esta considerándose para seis programas. El Gobierno contribuirá con un 50% de los gastos, hasta un máximo de 1.000.000 de euros (En :“People Planet Profit“ Holanda, 2004)
[xxix] A través del modelo conocido
como Public Private Partnership, también el Ministerio Alemán
de Cooperación (BMZ) apoya financieramente proyectos de Empresas
Privadas en el exterior “que contribuyan
claramente con las metas de la política de cooperación
al desarrollo”
[xxx] La definición de la OIT por ejemplo se concentra en los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrecen las Empresas Multinacionales (OIT, Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social).
[xxxi] Freeman, 1984
[xxxii] para distintas posturas y ejemplos
de caso al respecto, ver Ponencias al § Simposio de Responsabilidad
Social Empresarial (
[xxxiii] En: Paladino y Mohan, 2002, p.13
[xxxiv] En: Paladino y Mohan, op. cit., p.9
[xxxv] UNRISD, 2004; p.5 (Todo el debate generado durante la Conferencia es especialmente relevante)