1.Introducción

El sistema universitario en nuestro país comenzó a funcionar de manera exitosa en septiembre de 1910, cuando el presidente Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional de México, promovida con tenacidad por el maestro Justo Sierra Méndez.

La idea de una universidad nacional tenía su fundamento tanto en el centralismo promovido por la dictadura porfirista, como en la realidad económica del gobierno federal de entonces; con los pocos recursos fiscales disponibles, sólo se podía sostener una sola institución de educación superior, por lo que todos los interesados en cursar carreras profesionales debían desplazarse a la capital para lograr sus fines.

De aquí nació el elitismo de la Universidad que se mencionaba con razón: sólo las familias de buen nivel social podían enviar a sus hijos a estudiar en la capital del país por períodos muy prolongados. No obstante, no bastaba vivir aquí para poder estudiar en la Universidad; las clases medias y bajas carecían de recursos para educar a sus descendientes, lo que trató de remediarse con la fundación en 1912 de la Universidad Popular Mexicana, que no era otra cosa que un grupo de muchachos ricos bien intencionados, dispuestos a dar conferencias gratuitas sobre numerosos temas en los centros de trabajo.

A fines de la década de los años treinta y principios de los cuarenta, se fundó el Instituto Politécnico Nacional para que apoyara el desarrollo industrial de México pero, a causa de los conflictos políticos generados por la educación socialista, los empresarios y la iglesia católica decidieron crear sus propias instituciones de nivel superior, para formar personal con ideas afines a sus intereses.

El crecimiento económico y las insuficientes inversiones de la iniciativa privada en la educación de tercer nivel, obligaron a las autoridades federales a consolidar un sistema nacional de educación superior a partir de los antiguos institutos científicos y literarios que se habían ido creando en México desde 1827. Así, en cada Estado de la República fueron estructurándose las modernas universidades autónomas locales, cuyo modelo básico era similar al de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2.- La etapa de la planeación

Hasta fines de los años sesenta, nuestras instituciones universitarias siguieron la tradición de ligarse con la sociedad atendiendo las demandas educativas de los jóvenes y formando profesionistas capacitados para trabajar en un mercado abierto. Como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno federal observó la necesidad de atender la demanda de educación superior de algunos sectores de la población; la respuesta gubernamental ante las necesidades manifiestas fue en sentido tradicionalista: se permitió el incremento de la matrícula en las instituciones que ya existían sin embargo, la combinación de una población joven en constante crecimiento, combinada con un sistema universitario que mantenía su planta física sin desarrollar, generó rápidamente conflictos de sobrecupo en las aulas y mostró las limitaciones de esta política.

Por tanto, el gobierno de Echeverría intentó la modernización del sistema ofreciendo alternativas entonces novedosas en varios sentidos: al fundarse la Universidad Autónoma Metropolitana con sus tres planteles, un modelo interdisciplinario, la figura del profesor investigador de tiempo completo, carreras diferentes a las tradicionales y un programa de publicaciones propias de alta calidad, se intentaba ya no ofrecer más de lo mismo.

Con motivo de las demandas gremiales por una Universidad para los maestros, el gobierno de José López Portillo autorizó la creación de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede del Ajusco con setenta y tres unidades en todo el país, con lo que se trataba de adoptar el esquema inglés de universidad abierta a las necesidades mexicanas.

En este período de doce años, la base de la política educativa al nivel superior fue la planeación, en el sentido de calcular el crecimiento de las instituciones universitarias a partir del aumento de la población en edad de acceder a los estudios universitarios, porque se pensaba que el gobierno tenía la obligación de brindar oportunidades educativas semejantes a todos los que las solicitaran.

Esta ideología estaba sustentada en la confianza de un Estado centralizado en sus funciones, autoritario en su estilo de gobierno, paternalista en sus relaciones con la población y confiado en el aumento al infinito de los precios del petróleo, entonces como ahora, principal fuente de recursos del erario público.

3.- Inicio de la etapa de la evaluación

Sin embargo, con el incremento de la influencia estadounidense sobre nuestro sistema educativo en los años setenta, esta definición del quehacer universitario comenzó a cambiar por otra que considera a las universidades como entidades de investigación superior cuya eficiencia deberá medirse en la cantidad de artículos y libros publicados, patentes reconocidas y marcas registradas. En este nuevo modelo de educación superior, los alumnos desempeñan un papel secundario, reduciéndolos a simples proveedores de talento para los posgrados.

La teoría neoliberal puesta en boga por los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y Tatcher en Inglaterra, agregó a estos nuevos objetivos para la universidad, el requisito adicional de la rentabilidad; esto es, las instituciones de educación superior deberán ser autofinanciables para depender cada vez menos de los impuestos que les transfieren los gobiernos federales y estatales en forma de subsidios.

Desde 1983, la moda neoliberal llegó a nuestro país con las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, quienes condicionaron el otorgamiento de préstamos a la aplicación de rígidos programas de recorte a los presupuestos educativos. En 1989, durante la reunión de rectores realizada en Harare, Zimbawe (Rodhesia), George Psacharopoulos, investigador del Banco Mundial, recomendó a los países subdesarrollados apoyar más a la educación básica que a la superior, porque la primera era más rentable en términos de costo-beneficio que la segunda.

En 1988, Antonio Gago Huget, subsecretario de educación superior de la SEP, aceptó la propuesta del entonces candidato Carlos Salinas para introducir los principios de mercado en la educación superior, conforme a la tendencia mundial predominante.

Una vez en el poder, el presidente Salinas hizo suyo el discurso de Psacharopoulos y comenzó a repetirlo en México afirmando (sin mencionar sus fuentes) que las políticas sugeridas por el Banco Mundial tenían mayores efectos de justicia social. A partir de 1989, los problemas universitarios comenzaron a analizarse con conceptos tomados directamente del discurso empresarial tales como calidad total, reingeniería, valoración del desempeño, competitividad, estándares internacionales, planeación estratégica, análisis de costos, excelencia, rendimiento y productividad, entre otros. También en esa fecha comenzaron a introducirse en nuestras instituciones normas de trabajo académico que, a mediano plazo, anularán la intervención gestora de los sindicatos, pues promueven el desarrollo individual de los profesores e investigadores, estimulando la competencia entre ellos por la obtención de recursos cada vez más escasos. Los promotores de este modelo, diametralmente opuesto al anterior, consideran que el trabajo universitario debe estar sujeto a principios de evaluación del desempeño de los trabajadores para, con base en ciertos parámetros predeterminados y sus condiciones de aplicación en cada institución de enseñanza superior, autorizar o no los presupuestos, salarios y estímulos al personal.

Algunos autores consideran estos esquemas demasiado rígidos, autoritarios y artificiales, porque no tienen en consideración las condiciones reales de cada institución y son impuestos por la ANUIES de manera generalizada. También se comenta que se favorece a las instituciones más sólidas, en detrimento de las menos estables.

En 1992 la europea Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico comenzó a hacer diagnósticos sobre nuestro sistema de educación superior; en 1995 recomendó hacer el examen único para bachillerato y en 1997 "sugirió" eliminar los obstáculos a la titulación en licenciatura, suprimiendo las tradicionales tesis a cambio de un examen general de conocimientos. La ANUIES aceptó formalmente esta propuesta en su reunión de Oaxaca en noviembre de 1997 y está tratando de ponerla en práctica.

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