NOMADAS.5 | REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ISSN 1578-6730

La memoria incómoda: Los Abogados de Atocha 1977/2002
[Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell] (*)

La memoria incómoda El entierro de Atocha
Una nueva Ley para la Democracia El proceso democrático
El diálogo con la oposición Del olvido a la memoria
Los Abogados de Atocha La memoria germinada
La violencia Notas

LA MEMORIA INCOMODA

Hace ahora 25 años se desarrollaron en Madrid diferentes hechos violentos protagonizados sobre todo por grupos de extrema derecha (1), que parecían querer detener el proceso democrático recién iniciado en esas fechas y llevar al país hacia ninguna parte, en una escalada de la tensión, en una espiral de violencia que tuvo su punto más álgido en el atentado cometido en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha nº55, en Madrid, dónde mueren cuatro abogados y un administrativo y quedan malheridos cuatro abogados más.

Unos hechos que he narrado en un libro recientemente presentado en Madrid, y que lleva precisamente el título que encabeza estas páginas (2). Un título acaso inquietante, pero que es referencia de todo lo que significaron aquéllos hechos en el umbral de la transición, cuando todavía no estaba claro que hubiese una voluntad política en el aparato de poder en España, para construir una democracia auténtica (3). Una democracia y el propio proceso para construirla, que iban a verse afectados ampliamente por el irreprimible ataque del terrorismo una y otra vez, poniendo en cuestión la paciencia democrática y nuestra propia capacidad de aguante personal.

UNA NUEVA LEY PARA LA DEMOCRACIA

Pocas semanas antes del atentado de Atocha (4), se había aprobado en las Cámaras franquistas (5) una Ley para la reforma política, una ley que hizo de puente para ir "de la ley a la ley" (Torcuato Fernández Miranda), para caminar desde el sistema autoritario y fascista de los gobiernos franquistas, hacia un sistema democrático que se anunciaba con bastante claridad en las manifestaciones públicas del nuevo Presidente del Gobierno desde Julio de 1976, Adolfo Súarez González (6).

Tras vencer innumerables resistencias de los inmovilistas y aceptar algunas condiciones de los inicialmente considerados reformistas (7), la ley fue sometida a referendum el 20 de Diciembre de 1976. Un referendum que no tuvo las condiciones mínimas necesarias para que fuese legítimo instrumento para conocer la voluntad popular, pero que, al menos, sirvió a quienes sustentaban el apoyo a la ley para convencer a inmovilistas y reformistas de que el proceso iba a ser imparable.

En aquella situación, la oposición democrática optó por la abstención. No podía rechazarse de lleno la ley, pues parecía vislumbrarse una vaga posibilidad de que fuese un escalón necesario para ir a la democracia, aunque tampoco se podía aceptar plenamente pues parecía servir para establecer una democracia domesticada, con los grupos políticos que fuesen admitidos por el sistema; en definitiva, una falsa democracia que no definiría su raíz en la soberanía del pueblo, es decir, en todos los ciudadanos (8). La ley fue aprobada, por tanto, abriéndose el proceso que debía confirmar o no, su posibilidad democrática. A partir de la primera semana de enero de 1977, en que entró en vigor la ley, debía hacerse explícita y real la voluntad democrática del Gobierno, en la que inicialmente no creían los integrantes de la oposición democrática.

EL DIALOGO CON LA OPOSICION

Probablemente por eso la creación de la Comisión de los 9, miembros de Coordinación Democrática (9), una plataforma en la que estaban todos los partidos y grupos opositores, fue el primer elemento imprescindible para intentar caminar hacia un proceso creíble. En aquel momento solo pequeños grupos de élite, vinculados a las diferentes familias del franquismo, actuaban sin problemas en el panorama político (10). Todos los demás, grupos, partidos, plataformas etc, los que habían trabajado en la sombra o en la clandestinidad contra el franquismo, eran ilegales y aunque cada día estaban mejor organizados y llegaban a un mayor número de ciudadanos, no tenían acceso ni a los medios de comunicación, ni, naturalmente, a la calle, en un combate de ideas que era fundamental, si se iba a construir realmente una democracia, y que monopolizaban los grupos franquistas. Menos aún, como digo, era posible hacer algo en la calle que era del Ministro del Interior, como dijo expresamente quien en su momento fue su titular, Fraga Iribarne (11).

Por consiguiente, era fundamental abrir un proceso democrático que al menos tuviese suficientes garantías de credibilidad, que legitimase, en su caso, al nuevo Parlamento que iba a ser elegido en primavera, de acuerdo con la propia Ley de Reforma política.

La posterior legalización del PCE que, con bastante evidencia, se convirtió en el termómetro adecuado para apreciar o medir la voluntad democrática del Gobierno Súarez, fue muy importante, aunque eso no fue todo. Todas las fuerzas políticas que tuvieron inicialmente que pasar por el Registro de Asociaciones en una ridícula parodia estatal de lo que son las libertades públicas, nacían a la vida pública con evidentes desventajas en relación con el resto de organizaciones reformistas o franquistas (12).

Algo que no ha sido suficientemente valorado después pero que, a mi modo de ver, condicionó todo el proceso final de la transición hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de Junio de 1977; aunque, por supuesto, parece que las cosas no pudieron hacerse de otra manera –aunque esa sea la típica frase utilizada mil veces para referirse a cosas irremediables que no tienen otra explicación- al menos en aquel momento, cuando todos los partidos estaban fuera de la legalidad. Pero además de los obstáculos políticos, hubo otros especialmente virulentos que también condicionaron los procesos políticos. Hechos que afectaron incluso a grupos de profesionales, que trabajaban por el desarrollo de la democracia.

LOS ABOGADOS DE ATOCHA

Una violencia política que iba a recibir de lleno el despacho laboralista de la calle Atocha, en Madrid. Un despacho abierto unos años antes, para profundizar y desarrollar un trabajo de asesoramiento a los trabajadores. Los laboralistas no eran expertos en Derecho del Trabajo, sino profesionales comprometidos en su trabajo con los intereses de los trabajadores, la parte más débil en las relaciones de trabajo (13).

Abogados expertos en derecho del trabajo, seguridad social, derecho penal, financiero, procesal o civil, pero incorporados a la lucha por recuperar las libertades en nuestro país.

Despachos que fueron islas de libertad, que creaban sindicalismo directamente, desde cada tajo, desde la crisis inmediata, desde el conflicto solucionado, despachos que desarrollaban un amplio trabajo también de apoyo al movimiento ciudadano que empezó a surgir en Madrid y en y otras ciudades, en aquellos duros años setenta.

Un trabajo colectivo que agrupó a muchos abogados en los despachos de Alcalá, Atocha, Españoleto, Lista, Vallecas, Orcasitas, Carabanchel, Fernández de la Hoz, Conde de Xiquena, Fernando VI, Canillas… y en los barrios periféricos de Madrid, Palomeras, Alcorcón, Móstoles, Vallecas pueblo, Fuenlabrada, Hortaleza, Canillejas, Portugalete, Alcalá de Henares, Torrejón. Un grupo de abogados que estuvieron tanto en la lucha sórdida de la ley franquista en el TOP, en las Magistraturas y las Inspecciones de Trabajo, en la Gerencia de Urbanismo y las Delegaciones ministeriales, como en el amplísimo trabajo de unir a la gente, aunar sus esfuerzos, coordinar infinitas reuniones de todo pelaje y condición, que fueron creando alternativas organizadas en los últimos años del postfranquismo, en la predemocracia, ofreciendo consuelo, esperanza, apoyo mutuo a muchísimos ciudadanos y ciudadanas en Madrid,

La transición política española se trabajó también desde la realidad organizada de los abogados laboralistas, que animaban la conquista posible de la libertad, que hicieron posible que el momento de la transición no fuese una sorpresa y que preparó el camino para la inmediata siembra democrática que aun perdura.

A uno de aquellos despachos llegaría la violencia del sistema que no estaba dispuesto a entregar fácilmente todo lo que había ganado en la falsa victoria tras la guerra incivil, con la que se pretendió construir un país dividido, herido, de una forma falsa y con un inmenso vacío.

LA VIOLENCIA

En las últimas semanas de 1976 y a lo largo del mes de Enero de 1977, se produjeron numerosos actos de violencia que iban a condicionar el pulso y el peso del proceso democrático (14).

Atentados que parecían encaminados a cumplir un objetivo predeterminado, a dirigirse contra colectivos cada vez más significativos y opuestos al régimen de Franco: contra ciudadanos y ciudadanas demócratas, trabajadores, abogados, contra los partidos y organizaciones más comprometidos con una idea de ruptura política, que parecía fundamental en 1976 y 1977. Así fue el atentado en el despacho de Atocha, que segó la vida de cuatro abogados y un administrativo, todos vinculados a Comisiones Obreras y al PCE. Un atentado de una violencia terrible, que incluso fue visto también como una exageración por personas con vínculos ideológicos o políticos con la extrema derecha. Un atentado que puso de manifiesto el papel especial que jugaron los laboralistas en aquel tiempo de transición. En palabras de María Toledano "los despachos de abogados laboralistas, colectivo al que pertenecían los abogados de Atocha, fueron en la España convulsa de los años setenta, vanguardia de la conciencia crítica, al tiempo que consuelo y refugio para muchos (15).

El atentado de Atocha fue un golpe contra el corazón de la transición. El propio despacho de Atocha era un símbolo especial en la lucha antifranquista y de asesoramiento a las trabajadoras y trabajadores; como también lo eran muchos otros despachos en Madrid, Barcelona y otras ciudades; eran islas de libertad donde los movimientos obrero y ciudadano fueron desarrollándose, preparando la que iba a ser inmediata incorporación a la vida pública en los procesos de legalización que se iban a abrir pocas semanas después del 24 de Enero. El efecto multiplicador del atentado de Atocha en los medios de comunicación, en el boca a boca que se extendía ante el miedo a atentados similares o incluso más graves (16), fue el detonante de lo que iba a suponer el entierro de los abogados.

EL ENTIERRO DE ATOCHA

El 26 de Enero de aquél año límite, fronterizo entre la dictadura y la democracia, se intentó desde los colectivos progresistas de letrados del Colegio de Madrid, realizar en el propio Colegio el velatorio de los compañeros e instalar su capilla ardiente en el mismo Salón de Plenos del Colegio, que entonces estaba en la Plaza de la Villa del Conde de París, dónde estaba y sigue estando elTribunal Supremo y una amplia estructura del Poder Judicial (17).

El Ministerio del Interior no podía garantizar la seguridad en aquellas circunstancias, hasta que, gracias a diferentes negociaciones colegiales, tanto con su Equipo Decanal, como con algunos Letrados que más se significaron (18), se consiguió instalar la capilla ardiente de los que murieron asesinados en Atocha, en el mismo Colegio de Abogados.

Las negociaciones, por tanto, finalizaron satisfactoriamente para todos y, así, muchos colegiados, sindicalistas, camaradas del Partido, trabajadores y trabajadoras, ciudadanas y ciudadanos madrileños pudieron asistir aturdidos, solidarios, compungidos a la impresionante manifestación de dolor común compartido en aquellas horas madrileñas: la contención, el silencio, la rabia y la impotencia que recorrió la concentración en las Salesas, transformada en manifestación silenciosa y espontánea de duelo y de dolor, fueron raices del proceso de construcción democrática que volvió a reiniciarse tras aquella semana negra de Madrid (19). La raíz de la energía precisa que hizo posible el camino a la democracia que iba a consolidarse el 15 de Junio de 1977, estuvo en aquella indecible, aquella alucinada manifestación colectiva de rechazo a la violencia, aunque muchos tuvieron que morderse el corazón, tuvieron que recoger su ira, la ira de los frustrados y convertirla en aliento de paz y diálogo para la democracia. Creo que ese día fue substancial en la historia de este país. Las misma Maria Toledano dice también que "la izquierda española representada en parte por el esfuerzo de este colectivo –se refiere a los laboralistas- supo que algo se desgarraba para siempre (20). Una sensación, una intuición –mucho más y, en todo caso, mucho más allá que una idea- que ha podido estar flotando permanentemente en los planteamientos, las alternativas, las estrategias y las tácticas políticas vinculadas a la izquierda española. Aunque se sale del contexto aquí definido, parece indudable que el bajón en apoyo electoral que tuvo el PCE en la primera convocatoria democrática de 1977, tiene al miedo, al silencio por principal responsable. Las espectativas del PCE, vinculadas, como es lógico, al nivel de militancia que entonces existía, generó una grandísima frustración ante el apoyo minoritario que recibió. Un trasvase de votos que se genera, indudablemente, del PCE al PSOE que, curiosamente no estuvo presente, al menos como partido (21) en los procesos iniciales de la transición.

En todo caso, no se podrá valorar adecuadamente ni el proceso de transición, ni el propio proceso democrático sin la referencia al entierro de Atocha, sin referirse a aquellas 150.000 gargantas calladas, que no pudieron tragar más saliva, que no pudieron realizar un mayor y magnífico esfuerzo de paz, contribuyendo así, anónimamente, a construir la democracia desde sus cimientos.

Son, como años atrás hubo tantos protagonistas anónimos en la lucha antifranquista, los costaleros de la democracia, como suele llamarles Nicolás Sartorius; la transición no fue un proceso solamente institucional; fue un proceso aceptado, buscado, trabajado y dolido por los militantes del entonces ilegal PCE, de las CCOO, de UGT, de los militantes socialistas y de los demás partidos de la izquierda. Un proceso que es inseparable de la memoria antifranquista, de la lucha por la libertad en España, por la libertad política que fue usurpada por el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936.

EL PROCESO DEMOCRATICO

A partir de aquel momento las conversaciones con la oposición democrática se intensificaron, incluso en la elaboración de la normativa que iba a ser clave en la celebración de las primeras elecciones democráticas, trás cuarenta largos años de dictadura, el 15 de Junio de 1977. Sendos decretos-leyes del Gobierno regularon los diferentes extremos del proceso electoral y la posibilidad de legalización de los partidos políticos que habían sido clandestinos, estaban fuera de la ley, pero que se habían mantenido en la lucha política hasta entonces (22); dichas normas fueron elementos imprescindibles para poder creer realmente en la voluntad democrática del Gobierno de UCD.

Factores legales éstos que contribuyeron, evidentemente, a creer en esa voluntad democrática, a pesar de que los obstáculos que tuvieron los partidos de izquierda de cara a los inmediatos procesos electorales, supusieron la situación privilegiada de UCD en ellos. Toda esa realidad condicionó claramente el resultado electoral de Junio, con el triunfo cantado del partido en el Gobierno, el único que, entre otras cosas, tuvo todas las posibilidades para darse a conocer. Es evidente que no hubo igualdad en la preparación de dichas elecciones, lo que ponía en cuestión el carácter auténticamente democrático, y, por tanto, competitivo de las mismas que, por otro lado, inauguraban un nuevo tiempo político democrático en nuestro país.

DEL OLVIDO A LA MEMORIA

El transcurso del tiempo fue consolidando un sistema democrático aun con muchas imperfecciones; una democracia indirecta, vigilada, arrugada, como he dicho, que se mantuvo vigente, a pesar de los peligros a los que fue sometida con el intento del fallido golpe de Estado de 1981; a pesar del inacabado proceso autonómico que aun se mantiene abierto, con la terrible referencia además, de la violencia en Euskadi; a pesar de los problemas de un sistema electoral que aun mantiene vivos algunos de los problemas creados en 1976: posiblemente el factor más significativo que exige cambios en la normativa electoral sea todo lo que afecta al tema de la igualdad del voto que, desde luego, no existe, por ejemplo, en el voto para el Senado, por el peso , como ya dije, de las opiniones conservadoras para dar mayor trascendencia al voto rural; aun queda mucho por hacer también en la institución del Senado, que hoy es un enorme vacío, al que le ha sometido el grupo político que está en el Gobierno desde 1996. Es impresentable y democráticamente incorrecto, la aparente impasibilidad para dar una alternativa a uno de los problemas abiertos en el sistema constitucional desde 1979.

La evolución de las cosas, su necesaria aceleración para alejar la sombra de una dictadura inacabable, hizo incorporar al olvido nuestra memoria de muerte, aunque nos siga manteniendo en vilo casi diariamente. El atentado de Atocha, la violencia política previa a la transición entraron en el olvido, porque no interesaba recordar tanta violencia, tanta muerte; porque pesó más la continuidad política Pero no puede construirse la democracia sin conocer el coste humano, emocional y vital, que ha habido hasta llegar al punto en que podamos estar en 2002; sin recordar lo terriblemente duro que fue construir la democracia. Entre 1976 y 1977, en el tiempo que habría que llamar "el corazón de la transición" (23), hubo más de 100 personas muertas o heridas en atentados que pueden considerarse políticos. Y como dijo una vez Paul Eluard y recoge Gregorio Peces-Barba en el prólogo del libro sobre los hechos de Atocha "si el eco de su voz se debilita, pereceremos". Porque es preciso mantener encendida la luz de la memoria para construir desde ella, a pesar de ella, un futuro mejor.

LA MEMORIA GERMINADA

A pesar de la incomodidad de nuestra memoria política, la estamos recobrando en muchas dimensiones o perspectivas, que eran también incómodas, como el título del libro que sirve de pretexto a esté artículo. Cada día es más amplio el número de libros y películas que hablan de los maquis, los niños de Rusia, las cárceles de Franco, la represión permanente del régimen, el Tribunal de Orden Público, la violencia contra las mujeres o la violencia terrorista. Hay que rasgar la niebla con la que, consciente o inconscientemente, el poder había rodeado muchas memorias incómodas de nuestro pasado inmediato. Nadie puede poner en peligro la vida de los otros, porque nadie es dueño de las vidas de los otros. Veinticinco años después podemos decir que hemos pasado de la memoria silenciada a la memoria germinada, como recuerda Antonio Gutiérrez (24). La muerte de nuestros amigos y compañeros en Atocha, en las calles de otras ciudades de nuestro país, en las cárceles y los interminables exilios, ha sido fecunda porque España ha sido devuelta a los españoles (Julián Marías); porque tenemos una democracia en libertad; no dejemos que vuelvan a arrebatárnosla.

Burgos 25 años después del atentado de Atocha.


N O T A S

(*) Alejandro RH Carbonell, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos, es uno de los abogados supervivientes del atentado.
(1) A ellos hay que sumar al GRAPO como grupo desestabilizador y violento especialmente extraño, aun vinculado a la extrema izquierda, que tuvo actuaciones importantes, entre otras, en diciembre de 1976 y enero de 1977; igualmente seguían sucediéndose –aun permanece- atentados de ETA, que se habían iniciado algunos años antes en el País Vasco, vinculados a pretendidos planteamientos de independencia.
(2) Alejandro RH Carbonell: La memoria incómoda. Los abogados de Atocha.  Ed. Dossoles, Burgos 2002.
(3) Una democracia que, en el mejor de los casos, iba a nacer como democracia "arrugada", democracia "vigilada", por el infinito peso del dolor, de la tristeza, por la desaparición de muchas personas, que nunca conocerían la posible consolidación de esa democracia, tiempo adelante.
(4) Distintos atentados más se sumaron a la situación límite que generó el de Atocha. Desde los secuestros de personalidades del régimen como Antonio Mª de Oriol y Urquijo y el General Villaescusa Quilis, Presidente del Consejo Supremo de Justicia militar, con cargos de trascendencia social entonces, hasta los asesinatos de los estudiantes Carlos González y Arturo Ruiz, atribuidos a la extrema derecha, y, sobre todo, el asesinato de Mª Luz Nájera, muerta por el impacto de un bote de humo de las fuerzas "antidisturbios", hasta también el asesinato de tres miembros de las fuerzas de orden público, cuatro días después de la matanza de Atocha; todo hacía pensar en que se estaba atacando a diferentes sectores sociales, cada vez más brutalmente, para obligar a una intervención del Ejército que detuviese el proceso democrático.
(5) Es preferible llamar así a un "pseudoparlamento" en el que nunca residió la representación de los ciudadanos, ni el mismo poder legislativo.
(6) Es cierto que desde ese mes de julio, en que se incorpora a la Presidencia del Ejecutivo, Súarez siempre manifestó su voluntad de construir un sistema democrático para España; otra cosa distinta es que la ley en sí misma, fuese la clave de la transición o, en todo caso, de las reformas legislativas necesarias para ese cambio substancial. Por eso la ley se llamó ley "para la reforma política", puesto que abría camino a la democracia, que se iniciaría tras las elecciones del 15 de Junio de 1977.
(7) La reserva de un número de 40 senadores para ser designados por el Rey, en el futuro nuevo Parlamento democrático, nos llevaba por algo más que la casualidad acaso, al recuerdo de los de Ayete, nombrados a dedo por el anterior Jefe del Estado para los órganos pseudoparlamentarios franquistas; así lo manifestó incluso, en alguna ocasión, el Presidente Súarez, al referirse al famoso "hara-kiri" que las Cámaras franquistas tenían que hacerse para aprobar la ley para la reforma política: tendrían su puesto en el nuevo sistema. De igual forma, algunas concesiones en el sistema electoral para que el voto rural, y evidentemente conservador, tuviese más fuerza, tuvo al grupo De Manuel Fraga como principal impulsor y destinatario.
(8) La campaña por la abstención fue terriblemente incómoda también. Fue perseguida por la policía en el más puro estilo franquista de no permitir ninguna acción disidente. De ahí que el resultado final fuera muy pobre. A pesar de todo, cerca del 20% del electorado se abstuvo. Pero el fracaso de esa oposición al referendum no fue la batalla final, a partir de la que la oposición se entregase en manos del Gobierno. Hasta que los ciudadanos asumiesen el protagonismo que les corresponde en una democracia representativa, no iba a cesar la presión política de los distintos grupos opositores en ese inicial proceso de construcción democrática.
(9) Se trataba de un organismo unitario de la oposición, pues hasta entonces la Junta y lo Plataforma, articuladas en torno a PCE y PSOE respectivamente, habían sido manifestación de la desunión de la izquierda, un elemento clave en los procesos políticos que se desarrollaban y todavía hoy, fundamental a todos los efectos posibles.
(10) Se trataba de grupos como Godsa, Renovación, Reforma Española, Alianza Popular etc, grupos todos que habían nacido en el seno del propio franquismo, con alternativas políticas no se si mínimamente democráticas, y a veces, ni eso.
(11) No es que el Sr. Fraga tuviese un contrato de propiedad de las calles de Madrid, sino que así lo manifestó una vez, cuando la presión ciudadana, aunque minoritaria evidentemente, contra el franquismo, era muy grande. No dudo ni puedo dudar de la buena voluntad del actual Presidente de la Comunidad Gallega con la democracia, a través de la que ya ha sido elegido tres o cuatro veces, pero tampoco me cabe duda de que aquella famosa e inadecuada frase suya condicionó muchos procesos políticos y descalifica a cualquier demócrata.
(12) Me refiero de esa forma, a los grupos del régimen que pudieron actuar en la vida política mucho antes que los demás. El paradigma de todos ellos probablemente puede decirse que fue la UCD que, además, era el partido del Gobierno.
(13) Desde finales de los años sesenta muchos abogados, al menos un grupo muy numeroso de abogados que supera el centenar en Madrid y varios más entre las demás ciudades como Barcelona, Valladolid, Sevilla, Oviedo, Gijón, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Albacete, Valencia…, decidieron trabajar en equipo planteando una alternativa diferente a las de los bufetes tradicionales de abogados. Aplicando las teorías del uso alternativo del derecho, se pretendió usar el derecho, desde la perspectiva marxista de la lucha de clases, para favorecer los intereses de las clases trabajadoras, en un momento en que los sindicatos ce clase, clandestinos, eran vanguardia de la lucha antifranquista. Se entró con ello en el inmenso esfuerzo iniciado mucho antes, por exprimir las pocas posibilidades que había en las leyes del régimen, preparando el paso a un sistema de libertades que ya se vislumbraba en el horizonte político.
(14) Algunos meses antes, distintos actos de violencia provocados desde organizaciones políticas o terroristas, los Grapo, ETA, y grupos de extrema derecha vinculados a Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey, Guardia de Franco etc, así como la actuación irregular y exagerada de las Fuerzas de orden público, mantuvieron en vilo a la población, que asistía aturdida a un progresivo encadenamiento de las situaciones de violencia callejera casi diaria, que parecía no tener fín. El periodista Rodolfo Serrano ha estudiado todo esto aún parcialmente en su libro Toda España era una cárcel. Ed. Aguilar, Madrid 2002.
(15) María Toledano. " Instante de la transición sobre fondo rojo". Revista Nuestra bandera, nº 190, primer trimestre 2002.pags. 169-171. Edit. Partido Comunista de España.
(16) Hay que recordar que el entonces Ministro del Interior R. Martín Villa llegó a reconocer su incapacidad para garantizar la seguridad, incluso en los actos previstos en el Colegio de Abogados de Madrid, en el entierro de los compañeros asesinados en Atocha.
(17) Es curioso advertir, que parte de las dificultades para celebrar aquella exposición pública vino de la propia Magistratura que, en principio, no aceptó que el velatorio se llevase a cabo en el Colegio. Cuando se acordó su realización y el Ministerio del Interior acepta que sea el propio PCE el que garantice la seguridad del acto, del cortejo fúnebre y de la manifestación posterior, algunos altos cargos del Gobierno evitaron acudir a aquellos actos por temor al enfrentamiento con los jueces que, al parecer, se sentían incómodos ante el protagonismo de los comunistas en el Tribunal Supremo y sus alrededores.
(18) Es preciso destacar aquí la intervención en aquellos hechos del Decano del Colegio D. Antonio Pedrol Ríus, ya fallecido, que en todo momento tuvo una actuación intachable, cordial, admirable y amplísima en su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y en la solidaridad colegial, así como la de otros Letrados. Entre ellos es de justicia destacar la intervención de D. Jaime Miralles, cuyas palabras claras, sentidas pero exigentes, en una concentración de abogados en el Colegio, el día 25 o el mismo día 26, fueron decisivas para la resolución satisfactoria del asunto.
(19) Los asesinatos de varios miembros de las fuerzas del orden en Madrid el viernes de aquella terrorífica semana, hizo que los medios de comunicación al referirse a aquellos días la titulasen como "la semana negra"; el tiempo de mayor tensión que se vivió en España en los inicios del proceso democrático. Una semana que se cerraba con la intervención del Presidente Súarez en TVE, llamando a la calma y a la participación democrática. Juan Antonio Bardem supo reconstruir dignamente aquellos hechos en su película "Siete días de enero", que se refiere a esa semana del 24 al 28 de Enero en Madrid.
(20) Maria Toledano, ob. cit, pag 170.
(21) Inidividualmente distintos abogados socialistas estaban en la misma perspectiva, en similares alternativas laboralistas. Otra cosa era el propio Partido Socialista que no aglutinó los esfuerzos de la izquierda en aquel momento (1976-1977) y, en cambio, se llevó muy ampliamente el apoyo de casi toda la izquierda, o, al menos, el más significativo.
(22) En aquellos meses anteriores a las primeras elecciones la situación fronteriza de una "legalidad" franquista a otra legalidad democrática creó extrañas situaciones y paradojas jurídicas inasibles, que no pueden ser planteables en una situación democrática. Entre ellas baste recordar lo que significó pasar de ser asociación política a partido político, porque estos últimos fueron hechos responsables por el franquismo de todos los males de la 2ª República y condenados al ostracismo y a una situación de ilegalidad, represión y persecución política. El mismo proceso de legalización del PCE, termómetro que midió la credibilidad democrática del Gobierno Súarez, fue otro proceso alucinante que jugó con todos los recursos jurídicos disponibles. Es realmente difícil e intrincado valorar muchas situaciones políticas en torno a aquellas fechas; fue un tiempo fronterizo entre una legalidad y otra democrática, clave para la construcción posterior del Estado de Derecho en nuestro país; entre otras cosas porque se pasó de una situación a otra sin solución de continuidad, con lo que el coste emocional de la transición, en palabras de Ian Gibson, la conversión democrática de muchos que no habían creído en ella, los disimulos y el secretismo, con los que hubo que esconder las ideologías contrarias al régimen, prácticamente hasta bien entrados los setenta… marcarán por mucho tiempo la evolución política en este país, condicionarán la auténtica realidad política.
(23) Actualmente trabajo en una investigación más amplia sobre esos años –de 1975 a 1977- en un trabajo científico que espero se llame así "De la muerte de Franco a las primeras elecciones democráticas: El corazón de la transición, 1975-1977".
(24) En La memoria incómoda. Los abogados de Atocha, ob. cit. Epílogo "La memoria colectiva".


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