Tras el referéndum:
Eppure si
muove
Desde su impulso inicial en la Declaración
de Laeken de 2001, el "proceso constituyente" europeo se ha movido más
en el plano simbólico que real. La invocación de palabras como
"Convención" o "Constitución" no ha supuesto una voluntad sincera de
modificar las formas y el fondo del proceso de construcción europea. La
larga sombra de los ejecutivos estatales nunca dejó de planear sobre el
proceso de elaboración del Tratado constitucional y el texto resultante,
tras más de medio siglo de integración, no hace sino consolidar la
estructura elitista y la orientación mercantilista asumidas por la Unión
sobre todo desde Maastricht.
El gobierno español, con todo, hubiera
podido aprovechar el proceso de ratificación del Tratado para abrir un
debate más amplio, no sólo acerca de su contenido, sino sobre el sentido
general de la propia integración. Pero no lo hizo. A pesar de que ni en
1986, con ocasión de la adhesión, ni con la ratificación de los Tratados
sucesivos (Maastricht, Ámsterdam y Niza) se había convocado una consulta
popular, actuó en sentido diametralmente opuesto.
Con dos años de margen por delante, se
apresuró a convocar un referéndum consultivo cuando la mayoría de la
ciudadanía desconocía lo que habían tramado Giscard d'Estaign, los
miembros de la Convención y los jefes de Estado. La inminencia de la
convocatoria forzó a su vez el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional acerca de las posibles incompatibilidades entre el
Tratado constitucional y la Constitución española. El cambio de opinión
de algún magistrado, que se había manifestado con claridad a favor de la
necesidad de reformar previamente el texto de 1978, hizo patente la
"presión política" que supuso la ansiedad del gobierno por ser "los
primeros con Europa".
El compromiso inicial del presidente del
Gobierno con la "democracia deliberativa" y el "republicanismo cívico"
pronto se desvaneció en una exhibición propia de los peores regímenes
plebiscitarios. Lejos de fomentar un debate público, plural, informado y
de calidad, se impulsó una campaña superficial, que acabó por contagiar
al resto de las fuerzas políticas (de todas ellas, sólo Iniciativa per
Catalunya y Convergencia Democrática de Catalunya, siquiera sea de
manera forzada, propugnaron el debate interno, con ponencias
alternativas a favor del sí y del no). El aparato mediático y los
recursos puestos al servicio de la defensa del sí fueron imponentes (un
botón de muestra: vid. infra "Los euros del sí"). Tras el
escaparate de una autodenominada "Plataforma Cívica por Europa", hasta
entonces desconocida, grandes empresas como el BSCH, Telefónica,
Iberdrola, Unión Fenosa, Iberia, Fiat o Auna recordaron, casi
diariamente, la necesidad de apoyar una Unión basada en la "solidaridad,
la justicia y la paz". La televisión basura y los rostros de algunos
famosos sirvieron para difundir los aspectos más amables del texto,
ofendiendo la inteligencia de los espectadores y ocultando, en cambio,
sus perfiles militaristas o su núcleo duro neoliberal. En cambio, las
voces críticas con el Tratado fueron borradas o minimizadas en las
pantallas y en la prensa. Muchas Plataformas del no tuvieron problemas
para reunirse e incluso para manifestarse. Ante la evidencia de la
asimetría, la propia Junta Electoral Central se vio obligada a amonestar
a un gobierno que, en su prepotencia propagandística, no dudó en tantear
el terreno de la ilegalidad.
Y sin embargo no fue suficiente. A pesar
del férreo consenso exhibido por los valedores del Tratado, el índice de
participación en el referéndum -el 42,3%- ha sido el más bajo desde la
caída del franquismo y uno de los más pobres en el ámbito de las
consultas europeas (sólo el primer referéndum irlandés en torno al
Tratado Niza registró una participación menor: el 34,7%). Las posiciones
críticas partidarias de "otra Europa", por su parte, han conseguido
abrirse un espacio digno que servirá para apuntalar sensibilidades
similares no sólo en el resto de la Unión, sino también fuera de ella.
En Euskadi, Navarra y Catalunya, donde a las razones "sociales" de
oposición al Tratado se sumaron las demandas a favor de una Europa
plurinacional, el porcentaje de votos en contra, en blanco y de
abstenciones, resultó bastante superior a la media estatal. Todo ello a
pesar de que el PNV o CiU reforzaron la "pinza" de los partidos
mayoritarios.
En realidad, de cara a las elites de la
Unión, y sobre todo de cara a consultas más problemáticas, como la
francesa, el expediente que los defensores del Tratado constitucional
pueden mostrar es poco convincente. El sí ha obtenido la mayoría de los
votos, pero nada justifica las euforias verbales desplegadas por el
gobierno y algunos de sus aliados. Pretendían imponer un Tratado que se
limitara a blindar, para los próximos treinta o cincuenta años, un
modelo de integración neoliberal y tecnocrático. Sin embargo, como un
aprendiz de brujo, han desatado fuerzas y temas "onstituyentes" que
acaso ya no puedan controlar. Algo se mueve en Europa.
[Xavier
Pedrol y Gerardo Pisarello]
Los euros del
sí
Información difundida el
pasado mes sobre la financiación estatal
de la campaña para el
referéndum del 20 de febrero de 2005
Labored.org
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
14 de enero distintas disposiciones relativas a la convocatoria del
referéndum sobre la Constitución europea del próximo día 20 de febrero,
entre las cuales destaca la concesión de ayudas extraordinarias a los
grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso, con el
fin de sufragar la campaña de explicación y divulgación del Tratado de
la Constitución europea.
El importe de estas ayudas asciende a
nueve millones de euros (mil quinientos millones de las antiguas
pesetas). Esta cuantía se distribuirá en función del número de escaños y
votos conseguidos en las últimas elecciones generales. En concreto, los
partidos recibirán 8.571 euros (algo menos de millón y medio de las
antiguas pesetas) por cada escaño obtenido y 0,2442 euros por cada voto
conseguido por cada candidatura al Congreso.
Resumen de datos de la
financiación
de la campaña del referéndum
Coste de la campaña del Gobierno
denunciada por parcial: 9 millones de euros
Los partidos del SÍ recibirán 8.287.587
millones de euros, distribuidos
de la siguiente forma:
PSOE |
4.098.233 euros |
PP |
3.653.668 euros |
CIU |
289.732
euros |
EAJ-PNV |
162.800
euros |
CC |
83.154
euros |
Los Partidos del NO recibirán 735.758
euros, distribuidos de la siguiente forma:
IU |
356.428 euros |
ERC |
227.834 euros |
BNG |
68.103 euros |
CHA |
31.587 euros |
EA |
28.328 euros |
NA-BAI |
23.478 euros |
Financiación del resto de partidos (sin
representación en el Congreso
de Diputados): 0 euros
Financiación pública directa a la
sociedad civil: 0 euros
Financiación de la Coordinadora Estatal
de plataformas y organizaciones
por el "NO a la Constitución
Europea" (que agrupa a más de cuatrocientas organizaciones políticas,
sindicales y sociales del Estado Español): 0 euros
El Carmel: política
y economía de la
irresponsabilidad
El hundimiento del túnel del metro en el
barrio barcelonés del Carmel, que ha obligado al derribo de tres
edificios (de momento), el desalojo de casi mil vecinos y la
paralización de actividades comerciales y educativas, es uno más de los
graves accidentes que periódicamente nos depara nuestra boyante
industria de la construcción. No es un caso aislado, como lo recuerdan
las graves rupturas de presas (Ricobayo, Tous) o, en la misma Barcelona
de los prodigios, el problema de la aluminosis. Sólo un mes antes del
percance del Carmel, se había tenido que derribar de urgencia un bloque
de pisos aluminosos en Turó de la Peira, el barrio que generó la alarma
al caer un edificio en 1991. Y transcurridos catorce años (con
Olimpiada, Forum y reconstrucción del Liceo incluidos) aún quedan 4065
viviendas pendientes de demolición o rehabilitación. Este nuevo desastre
no hace sino mostrar la urgencia que tiene la ciudad en resolver los
graves problemas de vivienda que genera un cúmulo de actuaciones
dominadas por el lucro.
Los actuales gestores de Ayuntamiento y
Generalitat pueden aducir que se trata de problemas heredados de
anteriores gestiones. La aluminosis se generó hace muchos años, en la
década de los cincuentas o sesentas, cuando Cementos Molins (una empresa
familiar que ha dado insignes políticos a CiU) comercializó un producto
que permitía construir más deprisa (aunque ya en Francia se sabía que
tenía problemas). Se prohibió a principios de los setenta cuando se
hundió una fábrica textil construida con este material, pero no se hizo
nada con los miles de pisos de clase obrera edificados con la misma
tecnología, hasta el desastre de 1991. Ciertamente era una herencia del
franquismo, pero nadie hizo nada para evitar los posibles efectos, y las
élites políticas se cerraron en banda a la hora de exigir
responsabilidades a los Molins y a los Sanahuja promotores del barrio
afectado (y con otras numerosas patologías edilicias). Ambos siguen
figurando entre la élite económica catalana, al mando de su emporio
cementero los primeros y de sus inmobiliarias los segundos (promotores
de la emblemática Illa Diagonal, del centro lúdico de las Arenas, del
especulativo proyecto Porta Diagonal y socios de
Metrovacesa).
Ahora, con otras características, la
historia se repite. El túnel del Carmel lo proyectó el anterior Gobierno
de CiU, alterando el proyecto inicial sin demasiados estudios técnicos.
Y lo asumió el nuevo Gobierno de la misma forma que ha aceptado la
continuidad de muchas otras políticas. Sin replantearse en serio los
métodos de trabajo y organización con que se impulsaban los proyectos y
sin revaluar los riesgos que los mismos generaban. Y es que lo que
resulta más chocante de la cuestión es la forma cómo se toman las
decisiones y se ejecutan los proyectos. El cliente de la obra no es la
Generalitat sino la empresa pública GISA, creada por CiU para eludir los
límites presupuestarios legales (GISA puede endeudarse sin que se
contabilice como deuda pública). Pero GISA no hace más que encargar y
pagar. El proyecto, y el control de obra, lo llevan a cabo dos
ingenierías (Tec-Cuatro y Geocontrol), las obras se contratan a una
unión temporal de empresas: FCC (la de Esther Koplowitz y amigos, la
empresa que desde siempre ha tenido una gran participación en la obra y
la gestión de servicios públicos barceloneses), Comsa (de la familia
Miarnau, con importante presencia en obra ferroviaria y con periódicas
apariciones en prensa por "affaires diversos") y Copisa (otra
importante empresa local que ha experimentado diversos cambios
accionariales hasta pasar a manos de la familia Cornadó). Pero el
control de todo este entramado no lo realiza GISA sino que lo tiene
subcontratado de forma habitual a otra consultora (Payma). Falta aún por
conocer la lista de subcontratistas que seguramente deben trabajar para
las tres que figuran como responsables del proyecto. No parece difícil
que entre tanto intermediario el control público de la obra sea algo
bastante etéreo y que no se pueda establecer con facilidad quién es el
responsable del desaguisado.
No se trata de una chapuza puntual sino de
una forma entera de gestión. La que presupone que una enorme división
del trabajo entre empresas privadas permite una gestión más eficiente de
los proyectos, reduciendo la actividad pública al mero papel de
demandante y pagano. La fascinación por la gestión privada que padece
gran parte de la élite política (y aún más sus asesores áulicos) les
lleva a olvidar la creciente experiencia cotidiana de lo que significa
enfrentarse a los múltiples fallos de un modelo de gestión pensado
especialmente para diluir la responsabilidad y permitir a los directivos
de las grandes empresas quitarse de encima tanto el fatigoso trabajo de
hacer funcionar las cosas como el de apechugar con sus fallos. Lo
sabemos bien cuando experimentamos deficiencias en los más variados
servicios y descubrimos que nuestro único interlocutor es alguien pagado
para actuar como una pared de frontón. A esta política de la
irresponsabilidad organizada es a la que debe achacarse este nuevo
suceso que ensombrece la vida de un barrio obrero.
Una irresponsabilidad de la que participan
plenamente los técnicos. Siempre tan "profesionales", arrogantes y
corporativos. Como tuvimos ocasión de ver en uno de los debates de la
televisión catalana, donde los representantes de los colegios
profesionales eran los que más insistían en la idea de accidente. Estos
técnicos que han avalado (y se han enriquecido con ello) numerosos
desastres urbanísticos y que utilizan sus organismos corporativos como
lobbyes de opinión a favor de la continuidad de modelos urbanos
basados en las grandes infraestructuras, la expansión urbanística y la
competitividad.
Evitar nuevos percances exige desarrollar
una economía y una política de la responsabilidad. En la que los grandes
proyectos que tienen importantes efectos potenciales para la ciudadanía
sean debatidos públicamente de verdad. Y para ello se requieren cauces
reales de participación y técnicos competentes que puedan aportar puntos
de vista relevantes. La única forma de que esto último ocurra exige una
combinación de activismo social (encaminado a generar una cultura del
compromiso social) y medios adecuados (por ejemplo exigir que en los
grandes proyectos las organizaciones populares cuenten con financiación
para contratar técnicos). Y en la que las formas de gestión estén
dominadas por una actuación real de control público y por una clara
delimitación de los agentes privados.
Para que esto sea posible hace falta que
alguien lo demande. Y el drama del Carmel no es sólo el del accidente,
sino también el de la ausencia de un movimiento social de oposición y
participación real, que hubiera forzado a elaborar un proyecto diferente
o que cuando el desastre se hizo público no se hubiera limitado a
trabajar para encontrar salidas a los problemas de los afectados
(totalmente justas), sino también a exigir un proceso público de
esclarecimiento de responsabilidades y de elaboración de nuevas formas
de actuación. Quizás es demasiado pedir a un movimiento vecinal
claramente avejentado y culturalmente esclerotizado. Fácilmente
presionable desde el poder (Maragall convocó a una reunión al presidente
de la A.V. a la misma hora que unos jóvenes inexpertos convocaban una
manifestación, y seguramente hubo presiones para que no hubieran
movilizaciones). Pero las insuficiencias del movimiento vecinal del
Carmel no son sólo responsabilidad de sus actuales representantes. Son
el resultado de un crisis con muchos responsables. Empezando por la
pléyade de izquierdistas de clase media que pulularon por el barrio en
los años setenta y que hace mucho tiempo abandonaron en masa en busca de
lugares y posiciones sociales más cómodas. Y de las políticas de
cooptación de algunos líderes realizadas desde el Ayuntamiento. O de la
incapacidad de los nuevos movimientos sociales de implantarse en la base
y generar un nuevo impulso democrático mientras dedica enormes esfuerzos
a peleas de alta política alejadas de su potencial base
social.
Restablecer una política de la
responsabilidad es, a mi entender, una necesidad básica para la
reconstrucción de un espacio alternativo. Y ello requiere gente
dispuesta a trabajar allí donde se viven directamente los efectos de las
políticas neoliberales. Capaz de dar alguna respuesta alternativa allí
donde están los problemas cotidianos y de implicar los discursos más
globales en los contextos locales. El agujero del Carmel delata algo más
que un percance tecnológico, muestra sobre todo el peso de unas
prácticas sociales irresponsables en las que todos tenemos nuestra
contribución particular.
[ARA]
Elecciones en
Iraq
El principal objetivo que persiguen los
americanos en Iraq es un gobierno vasallo, fiel y obediente. Este
gobierno debe, entre otras cosas, permitir la instalación de bases
militares norteamericanas que hagan de Iraq algo así como un "campamento
base" desde el que poder llevar a cabo otras operaciones
político-militares en la zona de Oriente Medio. Debe ser también un
gobierno no hostil al Estado de Israel y, a poder ser, un aliado suyo.
En ningún caso podrá derogar los muchos decretos de contenido económico
que ha dictado el virrey Paul Bremer y que han convertido a Iraq
en un verdadero paraíso terrenal para las grandes corporaciones
multinacionales. Cualquier gobierno que se atreva a derogar esos
decretos será depuesto, en última instancia por la fuerza de las armas.
El gobierno vasallo que necesitan los americanos deberá, asimismo,
seguir al pie de la letra los dictados de Washington en todo lo que se
refiera a los precios del petróleo y a la OPEP (lo cual puede incluir
provocar su disolución si eso es lo que interesa). Sólo si los
norteamericanos consiguen todos estos objetivos podrán considerar
exitosa la invasión y ocupación de Iraq. Si no los consiguen, habrán
protagonizado la aventura político-militar más desastrosa desde la
guerra de Vietnam.
Como se puede ver, la victoria de los
americanos depende de que no haya en Iraq un gobierno soberano
que libremente pueda decidir su política económica, su política exterior
y su capacidad de influencia en las políticas de la OPEP. Claro está que
también debe ser un gobierno reconocido como legítimo por la propia
población o, al menos, por una parte significativa de ella. Asimismo,
debe ser reconocido como legítimo por la "comunidad internacional". La
celebración de unas elecciones en unas condiciones que ningún dirigente
político occidental aceptaría calificar de "libres" si se dieran en su
propio país (en especial si tuviesen como resultado su derrota
electoral), únicamente persiguen dichos objetivos. ¿Qué tienen que ver,
por tanto, dichas elecciones con una concepción mínimamente decente de
"democracia"?
Pero lo más grave es que se supone que
quienes nos seguimos oponiendo a la ocupación de Iraq debemos dedicarnos
ahora a discutir y rebatir ese nuevo motto propagandístico. Y a
lo mejor no tendremos más remedio que hacerlo dada la gran cantidad de
"analistas" y de "expertos" dispuestos a tomarse en serio semejante
rueda de molino. Si es así, los planificadores de las campañas de
marketing del Pentágono habrán conseguido una victoria
importante, ya que nuevamente habrán impedido que no se discuta sobre
las motivaciones reales que han propiciado la invasión de Iraq y, en
especial, que no se reflexione sobre las implicaciones del final de la
era del petróleo y del inicio de la era de la lucha por la apropiación
de los recursos escasos y no renovables.
[JLG]
Pequeña guía
bibliográfica para comprender mejor
la política exterior de George
W. Bush
Desde el final de la segunda guerra
mundial, la política exterior norteamericana ha sido un factor decisivo
en la historia universal. Como es sabido, Estados Unidos gozó en los
tiempos de la "guerra fría" de un enorme poder para incidir en la
política de los gobiernos europeos y no europeos alineados de grado o
por la fuerza con el bloque estadounidense. Los más de cuarenta años de
duración de la "guerra fría" llevaron erróneamente a pensar a mucha
gente que la política "imperial" norteamericana era un mero subproducto
de la política de bloques destinado a contrarrestar el expansionismo
soviético y sus pretendidos ideales comunistas. Por esta razón, la mayor
parte de la opinión pública en Occidente aplicó ilusoria y
precipitadamente el dicho popular conforme al cual "una vez muerto el
perro, se acabó la rabia": desaparecida la Unión Soviética y, con ella,
la "guerra fría", Estados Unidos dejaría de practicar su característica
política exterior agresiva e intervencionista.
Tras el engañoso intermedio de la
Administración Clinton, la política exterior del presidente George W.
Bush y su grupo de académicos-burócratas de la derecha radical
norteamericana, amparados por el estado de opinión generado por los
atentados terroristas islamistas del 11 de septiembre de 2001, ha
desvanecido en este último lustro semejante espejismo. Los gobernantes
de Estados Unidos han estado pugnando desde los años cuarenta por
alcanzar un liderazgo universal indiscutido y una posición hegemónica
mundial única, han creído logrados esos objetivos con el hundimiento de
la Unión Soviética y, finalmente, a partir de la ascensión de Bush II al
poder, han juzgado necesario proyectar y llevar a cabo una política
exterior agresiva que revalide una vez tras otra y asegure frente a
posibles amenazas futuras esa posición hegemónica mundial supuestamente
alcanzada en la década de los noventa.
En resumidas cuentas, la política exterior
del gobierno Bush es manifestación de una extrema ambición o
hybris "imperial", si bien sus materializaciones sean muy
distintas a las del imperialismo colonial europeo de los siglos
XIX
y XX. Comprender con cierto detalle esa hybris "imperial" y
sus portadores es importante porque puede afectar intensamente a
nuestras vidas: a fin de cuentas, dicha hybris o ambición
desmesurada puede conducir a la correspondiente nemesis, o catástrofe
político-social en la que todos nos veamos envueltos en mayor o menor
medida. Para ilustrarse acerca de las actuales ambiciones "imperiales"
norteamericanas y acerca de sus protagonistas resulta conveniente la
consulta de la abundante bibliografía sobre la reciente política
exterior de Estados Unidos existente en las librerías. A continuación se
va a ofrecer una pequeña selección de esta bibliografía, agrupada según
las áreas temáticas que es preciso tener presente para entender esa
política exterior.
1 Antecedentes históricos No es posible entender la política de la
Administración Bush sin atender a su trasfondo histórico, que, como
mínimo, hay que remontar a la intervención de Estados Unidos en la
primera guerra mundial (wilsonismo). De entre los muchos libros que se
ocupan de este trasfondo histórico, quisiera destacar los
siguientes:
2 Sobre las elites dominantes en la Administración Bush, responsables de la
agenda del presidente en política interior y exterior, destacan, a
nuestro juicio, las siguientes obras:
Tortosa, J.M., Democracia made in USA.
Un modelo político en cuestión, Icaria, Barcelona, 2004. Los
capítulos 4 y 5 contienen una visión muy sucinta de dos de esas elites
más influyentes: los fundamentalistas cristianos y los
neocons.
Roszak, Th., ¡Alerta, Mundo! El nuevo
imperialismo norteamericano, Kairós, Barcelona, 2004. La mejor
síntesis, a nuestro juicio, de las elites en el poder durante el primer
mandato de Bush II.
Halper, S. / Clarke, J., America
Alone. The neo-conservatives and the global order, Cambridge, Nueva
York, 2004. Aunque escrita desde una perspectiva conservadora opuesta,
eso sí, al presidente Bush, es la monografía más completa en la
actualidad sobre los neocons influyentes en la presidencia de
George W. Bush de la que tengamos noticia.
3 En cuanto a
los objetivos propiamente dichos y
al despliegue de la política exterior del gobierno norteamericano en lo
que llevamos de siglo, son de mucha utilidad los siguientes
estudios:
- Callinicos, A., Los nuevos
mandarines del poder americano, Alianza Editorial, Madrid, 2004.
No obstante el reductivismo con que el autor trata en ocasiones el
objeto de su análisis, es un libro recomendable por su sencillez, por
recordarnos cosas obvias, pero importantes, y por contar con un
interesante prólogo-introducción del conocido ensayista Joaquín
Estefanía.
- Halper / Clarke, America
Alone... La ya citada obra de Halper y Clarke se ocupa por extenso
de la invasión de Irak (naturalmente, centrándose en el papel jugado
por los neocons en dicha invasión).
- Mann, M., El imperio incoherente.
Estados Unidos y el nuevo orden internacional, Paidós, Barcelona,
2004. El prestigioso sociólogo norteamericano aplica las categorías
sobre el fenómeno del poder acuñadas en su obra capital, Las
fuentes del poder social, a la política exterior de Bush II. Es la
obra más sistemática y alejada del ensayo periodístico en torno a la
actual política "imperial" norteamericana. Contiene extensos capítulos
sobre las guerras de Afganistán e Irak, además de sobre temas poco
tratados como las relaciones con Corea del Norte.
- Johnson, Ch., Las amenazas del
imperio. Militarismo, secretismo y el fin de la república,
Crítica, Barcelona, 2004. Un buen complemento a las anteriores obras.
Destacan los análisis sobre el complejo militar-industrial
estadounidense.
4 Documentos
oficiales clave de la
Administración Bush.
- No podemos dejar de señalar la
existencia de una recopilación de los documentos más relevantes en
materia de seguridad interior y política exterior producidos en el
primer mandato del presidente George W. Bush, ya se trate de textos
legales, discursos presidenciales o informes de think tanks.
Nos estamos refiriendo a la obra de los profesores de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla Carlos Alarcón y Ramón Soriano, El
nuevo orden americano. Textos básicos, Almuzara, Córdoba, 2004. Su
consulta es obligada para toda aquella persona que desee saber en qué
mundo le ha tocado vivir.
5 Visión
general de la actual pretensión
"imperial" norteamericana, de sus posibles vías de futura evolución y de
sus posibilidades de éxito a largo plazo.
- Finalmente, se deben indicar dos
ensayos que proporcionan esa visión de conjunto. Uno de estos ensayos
es el ya citado de Michael Mann, El imperio incoherente. El
otro es el libro de Luis de Sebastián que lleva por título Pies de
barro. La decadencia de Estados Unidos, Península, Barcelona,
2004. Estos libros demuestran la debilidad de las bases sociales,
económicas, ideológicas y político-internacionales del "imperio"
americano, lo cual, hasta cierto punto, puede ser un signo de
esperanza para el futuro. Pero nos advierten también de las terribles
consecuencias que puede tener la combinación de esas debilidades con
unas elites muy ambiciosas inconscientes de las mismas y sólo
interesadas en el corto plazo.
[Ramón
Campderrich Bravo]
Bush y su reforma
de la responsabilidad civil,
o la clemencia del ejecutivo con los
ejecutivos homicidas
Greg
Palast*
Viernes, 18 de febrero de
2005
Hoy es un gran día para los Eichmann del
empresariado norteamericano. Hace pocos minutos que el presidente Bush
firmó el proyecto de ley mal llamado "Reforma de la responsabilidad
civil", por el que se limitan las posibilidades de presentar ante los
tribunales demandas por acción popular. No hay duda de que Ken Lay,
antiguo presidente del consejo de administración de Enron, estará
sonriendo de oreja a oreja, igual que los encausados empresarios
homicidas de la empresa farmacéutica Merck, que a partir de ahora
estarán más a salvo de las viudas y los huérfanos de las víctimas de
Vioxx. Cerrar las puertas de la justicia para las familias destrozadas
por los sinvergüenza de la sala de juntas no es otra cosa que clemencia
del Ejecutivo con los ejecutivos ejecutores.
¿Cree usted que mi acusación está pasada
de rosca? Muy bien: hable con Elaine Levenson, por favor.
Levenson, un ama de casa de Cincinnati, ha
estado esperando que su corazón explotara de un momento a otro. En 1981,
los cirujanos le implantaron en el corazón una válvula mecánica
Bjork-Shiley, "el Rolls-Royce de las válvulas", le dijo su médico. Lo
que ni ella ni su médico sabían es que varias válvulas de esa marca se
habían roto en la fase de prueba, unos años antes de que le implantaran
la suya. La empresa fabricante de la válvula, una dependencia del
gigante farmacéutico Pfizer, con sede en Nueva York, nunca lo comunicó a
las autoridades.
En la planta de producción de Pfizer en el
Caribe, los inspectores de la empresa descubrieron que se utilizaba un
equipo de mala calidad que hacía soldaduras deficientes. En lugar de
tirar las válvulas defectuosas, la administración de Pfizer ordenó limar
los defectos, con lo que se debilitó aún más las válvulas, aunque
dándoles una apariencia lisa y perfecta. A continuación, Pfizer las
vendió por todo el mundo.
Cuando los armazones de la válvula se
rompen y el corazón efectúa una sístole, explota. Dos tercios de las
víctimas mueren, por lo general en cuestión de minutos. En 1980, el
doctor Viking Bjork, cuyo prestigio contribuía a la venta de los
productos, escribió a Pfizer exigiendo que se tomaran medidas
correctoras. Amenazó con hacer públicos los casos de rotura de los
armazones de las válvulas.
Un aterrado directivo de Pfizer envió un
télex diciendo: "A la atención del profesor Bjork, preferiríamos que no
hiciera Vd. públicos los datos sobre fracturas de válvulas". El
representante de la empresa expuso la siguiente razón para no dar al
público la información sobre los fatales fallos de las válvulas:
"Esperamos unos cuantos casos más". Sus expectativas se vieron
satisfechas. La lista llega ya a los ochocientos casos de fractura, en
total quinientos muertos (por ahora). El doctor Bjork lo calificó de
asesinato, pero guardó silencio en público.
Ocho meses después del "no lo haga
público", se le implantó una válvula a la señora Levenson. En 1994, el
ministerio de Justicia de Estados Unidos fue finalmente a por Pfizer.
Para evitar la vía penal, la empresa pagó multas y unos doscientos
millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas. Sin las pruebas
condenatorias arrancadas a Pfizer por una turba de abogados, el
ministerio de Justicia nunca habría llevado adelante el caso.
Pfizer se queja de que los abogados
todavía están persiguiendo a la empresa con más demandas. Pero ello se
debe en parte a que Pfizer admitió la devolución sólo de las válvulas
usadas. La empresa se negó a pagar para sustituir las válvulas de los
asustados receptores.
Tal como hemos comprobado todos mirando
los episodios de la serie televisiva "LA Law" ("La ley de Los Ángeles"),
en los tribunales de Norteamérica los ricos se libran de las condenas
por asesinato. Pero, independientemente de las posibilidades de ganar
que se le ofrezcan al hombre medio, tener un acceso fácil a los
tribunales es un derecho mucho más valioso que el privilegio quatrienal
de votar por el Pretendiente en Jefe. Ese insignificante retazo de
justicia, cuando la víctima David puede exigir que le paren los pies al
Goliat empresarial, ha hecho que Estados Unidos se haya sentido como una
democracia hasta hoy, en que nuestro Presidente ha bloqueado la puerta
de los tribunales con sus leyes de reforma de la responsabilidad
civil.
Podemos incluso descargar nuestra furia
sobre el "führer". Tengo en mi libro la copia de una carta de Adolf
Hitler. En ella accede a la petición de Volkswagen de que se le
suministren más trabajadores esclavos sacados de los campos de
concentración. Este dato nunca habría salido a la luz de no ser por las
demandas presentadas por unos abogados sanguijuela ávidos de sangre,
como al clan empresarial le gustaría caracterizar a los procuradores que
actúan en casos de acción popular. En este caso, la firma de abogados
Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, de Washington, DC, echó mano de
ese documento en una querella presentada en nombre de unos trabajadores
esclavos cuyos hijos murieron en "guarderías" mortales gestionadas por
las empresas automovilísticas Volkswagen, Ford, Daimler y otras. (Si
Hitler hubiera sido capturado, podría haber alegado en su defensa: "Me
limité a cumplir órdenes de Volkswagen".)
Pero los explotadores nazis tienen a sus
amigos en el clan empresarial. Los derechos de las víctimas están siendo
atacados. Ondeando la bandera de la "reforma de la responsabilidad
civil", el empresariado norteamericano ha financiado una campaña en la
que se presenta a los empresarios como rehenes de frívolos picapleitos.
Pero los remedios propuestos apestan a privilegios ante la justicia. Uno
de ellos autorizaría a Pfizer a seguir adelante con sus mortales
máquinas de ataque cardíaco. Una prohibición de demandar a los
fabricantes de piezas para implantes, incluso de aquellas que tienen
efectos mortales, se deslizó en la legislación sobre derechos de los
pacientes por iniciativa del jefe del grupo republicano del Senado. La
cláusula, muerta por exposición excesiva, contó a su favor con las
presiones de la Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud,
que a su vez cuenta con el apoyo -¡lo adivinó usted!- de
Pfizer.
En el caso óptimo, los abogados que actúan
en casos de responsabilidad civil son agentes que vigilan posibles
delitos civiles. Así como una ola de robos en domicilios lleva a exigir
más agentes de policía, el masivo aumento del número de pleitos sólo
tiene una causa: una ola de delitos civiles cometidos por
empresarios.
Y hoy el empresariado homicida acaba de
beneficiarse de la clemencia del Ejecutivo de la mano de nuestro
Presidente. Y es que no le llaman "Jefe del Ejecutivo" porque
sí.
Hace diez años, después de que estallaran
dieciocho edificios en Chicago y mataran a cuatro personas, inspeccioné
por encargo de los supervivientes los archivos de la empresa privada
local de suministro de gas. Lo que encontré pondría enfermo a
cualquiera. Leí informes de los ingenieros, emitidos años antes, con
mapas donde estaban marcados los puntos donde probablemente tendrían
lugar las explosiones. La empresa, People's Gas, podría haber encargado
los ataúdes con antelación.
La administración de la empresa de gas
había rechazado toda reparación por "no entrar en el plan estratégico".
No es que actúe aquí un mal planificado, sino las enormes estructuras
empresariales, en cuyo seno las consecuencias para el hombre de las
actuaciones financieras resultan distantes e inimaginables.
Lo admito: de los cerca de un millón de
abogados que hay en Estados Unidos, podríamos estrangular al 90 % y sólo
sus madres lo lamentarían. Pero, como me dijo la señorita Levenson, de
no ser por su abogado y por la amenaza de una acción popular de demanda
de responsabilidad civil, Pfizer no le habría pagado ni un céntimo de
indemnización.
El planteamiento de los partidarios de la
reforma de la responsabilidad civil estriba en decir que unos abogados
ávidos de comisiones están despertando falsos temores, envenenando la fe
de América en la honradez general de la comunidad empresarial,
convirtiéndonos en una nación de individuos que ya no se fían unos de
otros. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De los abogados? Elaine Levenson
puso su confianza en Pfizer Pharmaceutical. Y ellos le rompieron el
corazón.
* Greg Palast
es autor del éxito de ventas en Nueva York titulado The Best
Democracy Money Can Buy [hay traducción en castellano: La mejor
democracia que se puede comprar con dinero, Editorial Crítica], de
la que se ha extraído el presente texto. Para obtener más detalles,
dirigirse por correo electrónico a http://www.gregpalast.com/.
[Traducción
de Miguel Candel
Texto aportado por Agustí Roig]
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