mientrastanto.e Num. 42 del 12-2006
mientrastanto.e
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El
puzzle catalán
El
resultado del último proceso electoral catalán genera
más interrogantes y escepticismo que optimismo.
Contra la judicialización
de la política
Un juez es una persona instituida para dirimir litigios en razón
de no tener interés alguno en ellos y poder actuar, por consiguiente,
como un árbitro neutral.
La elitización
de la universidad en Europa
El jueves 16 de noviembre de 2006 los estudiantes
de la Universidad de Barcelona y de otras universidades españolas
se declararon en huelga.
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La
biblioteca de Babel
· José Antonio Estévez
Araujo, El revés del derecho. Transformaciones jurídicas
en la globalización neoliberal
· B. Atxaga, J. Borja, J.M.
Caballero Bonald, J.R. Capella, L. García Montero, A. González,
B. Gopegui, A. Grandes, A. Jerez, J. Marsé, E. Mendicutti,
J.C. Monedero, V. Navarro, B. Prados, R. Regás, M. Rivas,
M. Torres, Memoria del futuro, 1931-2006.
· John Berger, Aquí
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El
puzzle catalán
El
resultado del último proceso electoral catalán genera
más interrogantes y escepticismo que optimismo. Aunque posiblemente
las cosas aún podrían haber ido a peor si hubiéramos
retornado al reinado convergente o si se hubiera puesto en marcha el
nuevo experimento de la sociovergencia. Pero a todo el mundo le queda
la impresión de estar ante el mal menor.
En
primer lugar está la cuestión de la elevada abstención,
la ausencia de movilización política de una gran parte
de la ciudadanía. Sin duda es un tema que admite muchas lecturas.
Para un sector de la izquierda alternativa es un buen síntoma,
puesto que indica el desapego de la ciudadanía respecto al poder.
Mi particular posición es que esta lectura es errónea.
Sin duda hay desapego frente a lo político (y ello se entiende
cuando un día sí y otro también son noticia los
casos de corrupción). Pero no se trata necesariamente de un desapego
“de izquierdas”. Los movimientos y organizaciones sociales
se enfrentan a dosis masivas de “absentismo” de sus potenciales
activistas y simpatizantes. En una sociedad que se precia de participativa
es difícil encontrar alguna entidad, organización o movimiento
que no dependa de un reducido puñado de personas. El absentismo
es en gran medida un desapego de lo público sobre el que difícilmente
se pueden desarrollar movimientos sociales ni transformaciones de gran
calado. Y expresa en parte un apoliticismo y una ausencia de compromiso
social en el que la derecha, especialmente la populista, se mueve como
pez en el agua. Sin duda las razones del absentismo en las elecciones
autonómicas tienen causas diversas. La figura gris de Montilla,
los rifirrafes del Tripartit, la sucesión de comicios... han
dejado fuera de las urnas a una parte del electorado. A los políticos
profesionales les preocupa la abstención en la medida que refleja
un déficit de legitimación ( y como ésta no es
homogénea, suele castigar más a aquellos grupos políticos
con una base menos militante, lo que en Catalunya suele afectar al PSC).
A los activistas sociales nos debería preocupar porque ello refleja
un fenómeno más general de ausencia de participación
en los asuntos públicos.
Si
pasamos al análisis de los resultados, en términos globales
las cosas han quedado bastante como estaban. El tránsito de escaños
ha sido pequeño si se toma como punto de partida la divisoria
izquierda-derecha que polarizó la anterior legislatura. A pesar
de ser el partido más votado, el avance de Convergéncia
i Unió ha quedado lejos de aquellos tiempos en los que alcanzaba
la mayoría absoluta. Aunque Artur Mas hubiera roto su compromiso
notarial de no pactar con el PP, no habría alcanzado la mayoría
necesaria para gobernar. Y en la medida que su campaña se centró
en una ataque en bloque al Tripartit, puede considerarse que su estrategia
ha resultado fallida. La izquierda sigue siendo mayoritaria, aunque
en tal grupo se incluya un espectro de aspiraciones y corrientes ciertamente
variopinto y contradictorio. Sí se han producido en cambio variaciones
en el seno del bloque, particularmente el ascenso de Iniciativa Verds-Esquerra
Unida i Alternativa (IV-EUIA), la muy reducida caída, sorprendente
al calor de sus actuaciones, de Esquerra Republicana y, eso sí,
la caída más estrepitosa del PSC. Sólo los primeros
han aumentado en número de votos, y pueden considerar que han
alcanzado una cierta consolidación institucional. El PSC en cambio
ha sido el más castigado tanto por la abstención como
por el surgimiento de Ciutadans, que posiblemente es en este electorado
donde ha obtenido más audiencia.
II
El
ascenso de Ciutadans ha sido presentado por algunos sectores como una
rebelión democrática frente al poder del establishment.
Se ha generado incluso una mítica en la que se explica que estos
votos se han alcanzado a pesar del total boicot de los medios de comunicación
hacia su propuesta, frente a la que se ha alzado una importante movilización
de base. Como muchas otras míticas, especialmente las nacionalistas,
se trata de una casi completa falsedad. Es cierto que Ciutadans ni aparecía
en los espacios electorales de los programas informativos de los medios
de comunicación ni fue invitada al debate de candidatos. Pero
esto le ha ocurrido exactamente igual a todas las demás candidaturas
que no contaban con representación parlamentaria, con independencia
de su mayor o menor arraigo. Quizás es una regla discutible,
pero si se cambia debe ser para todo el mundo (lo cual no es necesariamente
lo mejor al calor de la inflación de siglas que se presentan
a los comicios electorales). Pero lo que sí ha tenido Ciutadans
es una gran campaña publicitaria, con cuñas radiofónicas
frecuentes (en la Ser) y un enorme apoyo de la prensa derechista
(El Mundo, La Razón), así como una buena
campaña de actos y propaganda que indica que se ha contado con
importantes medios económicos, a años luz del resto de
grupos extraparlamentarios (y posiblemente al nivel de las austeras
campañas de ICV-EUIA cuando su peso parlamentario era menor).
De dónde ha salido este apoyo nadie ha hablado, y no parece creíble
que se haya limitado al adelanto de cuotas de militantes como ellos
explican.
La
obtención de 3 escaños y unos 80.000 votos refleja que
ciertamente el tema lingüístico puede tener un cierto apoyo
social. Su pretendido laicismo lingüístico difícilmente
esconde que lo que verdaderamente reivindican es la defensa del castellano.
Y éste es un banderín para sectores diversos para quienes
el aprendizaje del catalán constituye algo parecido a un agravio.
Se trata de una situación que afecta a sectores sociales diversos,
pero puestos a hacer hipótesis parece que es en sectores de clase
media baja donde estas actitudes son más radicales (sectores
de enseñantes, de funcionarios...). También porque es
en estos sectores donde las cuestiones lingüísticas tienen
mayor importancia. En empleos industriales, en la construcción,
el uso del catalán es menos importante. En la vida cotidiana
la gente habla lo que quiere, pero en determinadas profesiones donde
la relación con el público es directa la lengua sí
que importa y en el caso de empleados públicos la demanda de
conocimiento se convierte en imperativo legal. El rechazo es una respuesta
que uno puede entender, pero que sin duda ha quedado amplificada por
la persistencia de una legitimación de lo español que
el franquismo consolidó y que nunca se ha replanteado. Y, a menudo,
el rechazo que en algunos sectores genera “lo catalán”
en el resto de España tiene posiblemente más que ver con
el hecho de que aquí se hable y se defienda otra lengua, lo que
no ocurre, por ejemplo, en el País Vasco (a pesar de Lizarra
o el plan Ibarretxe nunca se han lanzado campañas de boicot a
lo vasco como la del cava).
El
pretendido cosmopolitismo de Ciutadans es más que discutible.
Aunque en su campaña han predicado “que cada cual hable
como quiera”, se trata de una demanda que sólo se aplica
al español, pero que se niega para los nuevos inmigrantes parlantes
de muchos otros idiomas. No hay por tanto defensa de un derecho universal
al uso individual de la lengua, sino reivindicación de lo español
sin más. Es en todo caso jacobinismo a la francesa. Quizás
hubiera sido una buena solución, pero difícilmente es
viable en una sociedad donde el catalán esta consolidado socialmente
y en un momento histórico donde el plurilingüismo se plantea
como una necesidad civilizatoria. Me resulta extraño entender
que alguien encuentre natural aprender inglés y se resista a
aprender catalán viviendo en Catalunya (máxime cuando,
como ocurre con otras lenguas latinas, la proximidad es real y el esfuerzo
de aprendizaje es absolutamente marginal). Es evidente que cuando uno
vive en un mundo plurilingüistico debe ser respetuoso con los demás,
con su dominio del idioma, con su preferencia en expresarse en uno u
otro, pero considero poco aceptable que se plantee sin más un
modelo que niegue de facto la posibilidad de consolidar una lengua en
el ámbito espacial en la que siempre ha existido. El resultado
de unos veinte años de inmersión lingüística
en catalán no ha alterado el predominio del castellano en amplios
sectores sociales, ha servido como mucho para que la inmensa mayoría
entienda, lea o pueda hablar (con mayor o menor fluidez) el catalán
y hacer sostenible la fluidez de una sociedad bilingüe sin demasiados
problemas de convivencia. Sin duda a veces hay excesos y deben denunciarse,
pero las actitudes extremas se encuentran en ambos lados. Centrar un
programa político en esta cuestión puede ser el camino
más corto para generar radicalización
Sin
duda a Ciutadans la reivindicación del español le ha sido
electoralmente rentable. Al presentarse como una fuerza progresista
ha podido recoger votos de personas que de otra forma quizás
hubieran sentido repugnancia de votarlos. Sus problemas empiezan ahora,
cuando tendrá que desarrollar una política parlamentaria.
Si es de verdad un grupo de izquierdas, posiblemente deberá coincidir
más de una vez con los proyectos del Tripartit, lo que le va
a alejar de una parte de su electorado potencial. Si opta por un crecimiento
rápido quizás su única baza sea la opción
populista, en la que la defensa del español-idioma se traduzca
también en la defensa del español frente al extranjero.
Es una deriva posible y sobre la que hay que tomar conciencia. La construcción
de una sociedad mestiza en la que ya estamos instalados en Barcelona
(donde la tasa de recién llegados supera el 10% en casi todos
los barrios) requiere generar empatías y reconocimientos entre
personas de origen diverso. Una de estas vías consiste precisamente
en mostrar que el proceso migratorio actual no es más que la
continuidad de procesos anteriores. Y cuando las cosas se plantean en
estos términos la respuesta más habitual de mucha gente
es la de diferenciar entre “nosotros que somos españoles”
y “estos que son extranjeros”. No está clara cual
de las direcciones orientará el programa de Ciutadans, pero es
evidente que siempre es más fácil levantar una bandera
simplista que jugar permanentemente en un tablero político en
el que se mueven muchas realidades complejas. En todo caso el peor problema
a corto plazo es que su presencia parlamentaria puede tener el efecto
de reactivar el pesado debate identitario. Puesto que un grupo que ha
hecho del tema idiomático su cartel electoral va a estar obligado
a sacar este debate de forma recurrente para hacerse oír y dar
señas a sus votantes. Un verdadero fastidio.
III
Finalmente,
el Tripartit ha salido porque han resultado imposibles otras combinaciones,
a pesar de los intentos desde Moncloa de forzar una alianza sociovergente
(o cuando menos conseguir un Gobierno de CiU en minoría con el
apoyo vergonzante del PSC). No ha sido posible porque si bien éste
era el escenario que mayor estabilidad le ofrecía a Rodríguez
Zapatero, era un escenario difícilmente digerible por el PSC,
Un gobierno de coalición como el que se proponía, solo
es justificable en situaciones de emergencia, que ahora no se dan. El
pacto corría peligro de desnaturalizar completamente el papel
del PSC, desmoralizar a sus bases y militantes y en suma ahondar en
su descrédito político. Podía incluso arrastrar
a Zapatero, porque hoy por hoy Catalunya es uno de sus principales graneros
de votos en las elecciones generales. En cierta medida la apuesta de
Moncloa era la búsqueda de dos equilibrios incompatibles. Y al
final ha pesado el juego de lo inmediato. Como había insistentemente
subrayado Josep Ramoneda, ningún partido con opciones de tomar
el poder suele renunciar a él por cálculos a corto plazo.
Porque tener el Gobierno significa ampliar las posibilidades de influencia
y dar salida a las aspiraciones de sus cuadros. Y esto es lo que ha
ocurrido. También porque en Esquerra Republicana de Catalunya
sigue pesando su temor ser abducidos en el caso de una coalición
con CiU (tal como ocurrió de 1980 a 1984).
No
deja de ser paradójico que mientras en Catalunya la reedición
del Tripartit es vista con un cierto alivio, en el resto de España
(y aquí incluyo una valoración subjetiva de lo que he
percibido en recientes viajes a otras ciudades) la cosa se vea completamente
diferente. Y es que si bien el nuevo Gobierno no despierta grandes entusiasmos,
lo que daba miedo era el retorno de Mas y Durán, crecidos en
su papel de salvadores de la patria (como apoyo privilegiado a Zapatero)
y recordándonos lo mal que lo había hecho la izquierda.
Una CiU que, quizás con un exceso de optimismo, no dudó
en lanzar numerosas propuestas reaccionarias, como el carné por
puntos a los inmigrantes, la desgravación fiscal a quien hablara
inglés y una política de cheques para el pago de servicios
privatizados. Una CiU que acabó su mandato con numerosos casos
de corrupción y que en 23 años desarrolló políticas
muy reaccionarias en todo aquello donde tenía poder: la educación,
los servicios sociales, la sanidad... En cambio, por razones diversas,
en el resto de España el Tripartit se percibe como el pacto con
el “diablo ERC” y el predominio de una apuesta nacionalista
por encima de lo social.
Sin
duda ERC tiene muchas cosas criticables. Y la cultura nacionalista,
expresada en la voluntad de seguir manteniendo una renta per capita
superior al resto (o de ser los “líderes” de la economía
española per secula seculorum) va más allá
de la propia Esquerra. No cabe duda que el Tripartit genera una imagen
fácilmente explotable por el PP. Pero si bien todo esto es parte
de los problemas que se plantean en una sociedad tan compleja como la
española y donde coexisten identidades nacionales tan diferenciadas,
tampoco es posible pensar que podría haberse dado una situación
diametralmente diferente. De hecho quién más radicalizó
los contenidos del Estatut no fue ERC, sino CiU. Aunque la posterior
competencia electoral por un mismo espacio y la propia confusión
y errores de los republicanos les llevaron a extremar posturas. La sociovergéncia
o el gobierno monocolor de CiU (y en contrapartida su apoyo al Gobierno
de Madrid) no hubieran ahorrado tensiones en la misma dirección.
Y además habrían reforzado una alianza que siempre acaba
pasando una factura clara en términos de derechización
de los programas del Gobierno (como ya ha ocurrido en la reforma del
IRPF). Quienes más apostaban en el PSOE por una salida de este
tipo posiblemente lo hacían menos por el temor al coste de pactar
con los nacionalistas catalanes que por anclar las políticas
del Gobierno en sus variantes más conservadoras, sin correr el
riesgo de verse obligados a pactar con fuerzas más a la izquierda.
La gente de izquierdas catalana tenemos el deber de empujar al gobierno
hacia reformas sociales alternativas. Pero nuestros amigos del resto
de España tienen también que ser nuestros aliados (y muchos
lo han sido) a evitar que el jacobinismo español se convierta
en el mayor aliado del nacionalismo catalán.
IV
No
soy entusiasta del nuevo gobierno. Más bien parece que la única
lección aprendida es que deben mejorar su respetabilidad, evitando
debates públicos entre ellos, actuando centralizadamente y unidos.
Posiblemente, la dispersión del anterior gobierno fue uno de
sus puntos más débiles frente a la opinión pública
(e incluso uno de los factores de aumento del voto IV-EUIA que apareció
como un grupo de gente seria y responsable). Pero a cambio no ha habido
una reflexión a fondo de las limitaciones de la acción
de gobierno, ni un intento serio de discusión de sus contradicciones.
Y, dada la hegemonía del conservador PSC en el mismo, los nuevos
modos de actuar pueden ser una vía directa para coartar las propuestas
más alternativas que representa Iniciativa.
Lo
de poner a Saura al frente de Interior suena a jugada maquiavélica
de Montilla (un mal orador pero un eficaz hombre de aparato) ya que
de una tacada reduce el peso de una rival en su propio partido —Montserrat
Tura— y coloca a un rival emergente en una posición realmente
complicada. Saura va a ser desde ahora el enemigo número uno
de okupas y otros alternativos, al tiempo que ya empieza a percibir
el rechazo de una fuerza policial —los Mossos de Escuadra—
formada en las ubres convergentes y, como todas las fuerzas de orden,
poco amistosa con las ideas progresistas. Que IV-EUIA pueda salir malparada
de esta aventura puede tener consecuencias que van más allá
de su propia parcela de poder, al fin y al cabo lo menos importante,
ya que ello reforzaría en unos el convencimiento de que sólo
se puede actuar en movimientos sociales fuera del juego institucional
y, en otros, el desprestigio de las ideas de izquierdas. Los terrenos
pantanosos de los que nunca podemos escapar.
El
nuevo gobierno anuncia una apuesta por lo social. Su proyecto estrella
será el crecimiento de los servicios sociales, hasta ahora totalmente
infradotados incluso en comparación con otras Comunidades Autónomas.
Y se seguirá invirtiendo en la remodelación de los barrios
(con experiencias ambiguas, pues en muchos casos se acaba por provocar
su “gentrificación” y su conversión en escaparates
turísticos, aunque también existen ejemplos notorios de
mejoras sustanciales en sus condiciones de vida), o en el mayor gasto
educativo. Se espera que la mejora financiera que se deriva del nuevo
Estatut permita financiar este gasto. Puede ser sin duda la cara buena
de la experiencia, aunque al lado queda el continuismo en muchos otros
aspectos, como los modelos sanitario y educativo heredados del pasado
o la obsesión, compartida en gran medida por PSC y ERC, por la
inversión en grandes infraestructuras. Se trata en parte de obsesiones
de los propios políticos y también de la presión
de importantes lobbies y grupos de poder que utilizan todo
su aparato mediático y organizativo para imponer sus intereses
como objetivos nacionales.
Es
en este contexto donde IV-EUIA tiene que batirse si quiere demostrar
que es posible una intervención social alternativa desde el plano
institucional. La apuesta por una transformación ecológica
de la sociedad es una necesidad más clara. Al igual que una transformación
profunda de nuestra estructura social que permita hacer frente a los
problemas que se plantean por ejemplo en el mundo laboral —precariedad,
desigualdades, imposibilidad de gestión de la vida cotidiana,
autoritarismo, riesgos para la salud, segregación sexual, etc.—
o en el campo de la vivienda. Y ello exige cierta osadía propositiva
y mucha intervención y movilización social. No está
claro que la opción por un gobierno “unificado” en
aras a la imagen de seriedad, una concesión excesiva al realismo
más plano (como la insistencia en asociar competitividad y ecologismo
hecha insistentemente por Saura en toda la campaña electoral),
o la propia dedicación al “orden público”
vayan a ser terrenos muy favorables para que una voz autenticamente
ecosocialista se haga sentir en la acción de Gobierno.
Realmente
desearía que el aumento de votos de IV-EUIA se tradujera en un
crecimiento de la influencia de las ideas y proyectos que defienden.
Y hay que reconocer que, con toda su moderación, han llevado
a cabo algunas buenas experiencias. Pero también es cierto que
en algunos casos han sufrido ataques que no han podido frenar (empezando
por el cese de su anterior Conseller de Medi Ambient por la presión
de los grandes grupos empresariales) o que incluso en algunos casos
han acabado internalizando las razones de sus socios (por ejemplo no
han planteado un debate serio en el campo de la externalización
de servicios públicos). Y menos aún están en condiciones
de llevar a cabo un capilar esfuerzo de desarrollo de una sociedad civil
alternativa capaz de dotar de profundidad a sus propuestas. Hoy por
hoy el voto de IV-EUIA es más el voto de las capas medias “progres”
que la representación de un amplio movimiento social. En su descargo
hay que indicar que tampoco a su izquierda hay muchas fuerzas, y las
pocas que hay a menudo están más empeñadas en organizar
batallas sectarias que en entablar un proceso dialéctico, sin
duda no exento de tensiones, entre la intervención institucional
y la movilización social. Faltan energías y faltan cabezas.
El reto para la izquierda es que esta nueva etapa de Gobierno no se
convierta en otro período de frustración. Evitarlo pasa
por empezar siendo conscientes de los riesgos y las debilidades. Porque
si en algo estamos en sintonía con el mismo Montilla es en que
“no nos podemos permitir otro fracaso”.
[Albert
Recio]
Contra
la judicialización de la política
Un
juez es una persona instituida para dirimir litigios en razón
de no tener interés alguno en ellos y poder actuar, por consiguiente,
como un árbitro neutral. Es justamente esta “capacidad
para la neutralidad” lo que en último término legitima
a una persona como juez, y no los conocimientos legales que se le suponen
ni el concurso-oposición superado.
Pero
en un sistema político concreto puede no resultar fácil
la observancia del principio institucional de la neutralidad judicial.
En determinadas situaciones las personas que desempeñan la función
de enjuiciar no pueden evitar ser arrastradas a simpatizar con alguna
de las partes litigantes —o a aborrecerla—, quedando seriamente
expuestas a cometer el delito de prevaricación, esto es, a dictar
resoluciones manifiestamente injustas.
Es
preciso decir que el delito de prevaricación cometido por jueces
o magistrados es el menos perseguido de los delitos: los jueces, como
es natural, no sienten especial inclinación por juzgarse los
unos a los otros, y sólo llegan a hacerlo ante delitos clamorosos
y cuando existe una irresistible presión social en este sentido.
La
judicialización de la política, o sea, que conflictos
entre los distintos equipos de profesionales especializados en la intermediación
política —también llamados partidos—, sean
directa o indirectamente sometidos a la decisión judicial, arruina
inevitablemente la neutralidad institucional de los jueces, cuyas decisiones
pasan a ser bazas favorables o contrarias en la disputa política,
e inevitablemente han de ser contrapesadas con otras decisiones-bazas.
Todo
esto viene a cuento porque si los encargados de juzgar dejan de ser
neutrales se pueden producir auténticos linchamientos judiciales
que dejan malparada la realización del ideal de “estado
de derecho”.
El
ideal del estado de derecho es la vara de medir el comportamiento de
los estados (incluso de los que se atribuyen este calificativo gratuita
y constitucionalmente, como el nuestro). Si los jueces son parciales
no hay estado de derecho, sino un estado que funciona mal.
Recientemente
se ha dado una serie de decisiones judiciales que parecen más
que dudosas y faltas de neutralidad de un extremo a otro del sistema
jurisdiccional español —o, mejor, hispánico, como
la cabra hispánica, para de paso no alterar con la palabra ‘español’
las sensibilidades periféricas—: decisiones más
que dudosas del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, por arriba,
y de jueces de instrucción corrientes y molientes, por abajo,
pasando además por esa institución tan especial que es
la Audiencia Nacional.
El
Tribunal Constitucional no ha considerado desajustado a derecho que
se interrumpa la huelga de hambre de un preso por medios coercitivos.
La pregunta es: ¿cómo puede arrogarse el estado el derecho
de obligar a vivir a una persona, presa o no presa? ¿Qué
autoriza a la colectividad, y por tanto a sus instituciones, a interferir
en la conducta de una persona individual que directamente sólo
la afecta a ella misma? ¿Cómo puede violentar sus derechos
individuales más íntimos, cuando la situación de
un preso se limita a la pérdida del derecho a la libertad de
desplazamiento? Las instituciones, al interrumpir violentamente una
huelga de hambre, no protegen los derechos de persona alguna, sino que
tratan simplemente de cubrir sus propias vergüenzas.
El
Tribunal Supremo ha abandonado el principio de aplicación de
la ley penal más favorable en el cómputo de la condena
efectivamente aplicable al preso etarra de Juana Chaos. Ésa es
una vergüenza institucional grave, pues el cambio de doctrina jurisdiccional
del Tribunal Supremo se ha producido ante la “alarma social”
suscitada por una “Asociación de Víctimas del Terrorismo”
que ha clamado, como auténtica jauría humana públicamente
subvencionada, por el “cumplimiento íntegro de las condenas”,
con el deseo de que los terroristas “se pudran” en la cárcel.
El cambio de doctrina jurisdiccional ha considerado los principios constitucionales
relativos a la ley penal como subordinados al ideario de esa jauría,
que parece directamente inspirado por la ley de Lynch.
Además,
al mismo preso etarra la Audiencia Nacional le ha condenado por un delito
de amenazas, a partir de un escrito suyo en la prensa, a un elevado
número adicional de años de prisión. La Audiencia
Nacional parece tener la piel demasiado fina al enjuiciar lo que son
efectivamente amenazas: tan fina que se ha roto también aquí
el principio penal que impide utilizar razonamientos analógicos
o extensivos al interpretar la ley. ¡Vamos bien, cuando los profesores
de derecho penal se sienten en la obligación de criticar las
sentencias judiciales y no de comentarlas!
La
orden de alimentación forzosa al etarra de Juana, un criminal
que no suscita en mí la menor simpatía pero que ha cumplido
con creces la terrible pena aflictiva dictada contra él
por sus delitos, orden dictada por la Audiencia Nacional, es el lodo
que se sigue de los polvos anteriormente citados. Esa alimentación
forzada puede ser vista por ojos que miren desde la perspectiva de la
realización de los derechos humanos como una pura y simple tortura
o maltrato infligidos a un preso.
Pero
la sospecha de falta de neutralidad del aparato judicial no termina
aquí. Llevamos algún tiempo en que reiterados comportamientos
de este aparato no resultan convincentes. Así, tras la agresión
al ministro Bono en una manifestación de la derecha (a la que
este político había sido llevado por sus tendencias espontáneas,
todo hay que decirlo), no resultan encausados quienes le agredieron
o trataron de agredirle sino los policías encargados de investigar
la agresión o el intento de agresión. Y, también,
en el “caso del ácido bórico”, los distintos
jueces encausan y desencausan a policías, para acabar desencausando
al final a quien falsificó un informe, y encausando
a los policías que construyeron los suyos sin dar entrada a elucubraciones
carentes de fundamento de subordinados ansiosos de ascender el día,
esperemos que lejano, en que vuelva a gobernar el PP. Ni siquiera aquí,
en estas cuestiones en realidad menudas, el aparato judicial da muestras
de observar la preceptiva neutralidad, sino que dicta resoluciones
que a más de uno pueden parecerle manifiestamente injustas.
El
Consejo General del Poder Judicial, en su actual composición,
es un organismo crecientemente politizado cuando debería ser
un organismo de funcionamiento apacible y silencioso. Emite informes
que nadie le ha pedido, asciende a funcionarios contra toda lógica
meritocrática, y adopta a menudo decisiones que resultan imposibles
de explicar a los estudiantes de derecho más que por el funcionamiento
nudo del principio de la mayoría en la toma de decisiones, sin
que a ese principio se le pueda añadir argumentación alguna
convincentemente legitimatoria para la opinión general.
Creo
que una república bien ordenada inventará algún
día un organismo para enjuiciar a los enjuiciadores y lo insertará
en el sistema institucional. Un organismo diferenciado de los distintos
poderes del estado, cuyos componentes sean responsables, o sea revocables,
ante quienes los elijan. Para que la prevaricación, venga de
donde venga, se pague. Porque si no es así prevaricar
puede acabar siendo un comportamiento premiado por los politizados
y desnortados organismos que dirigen el sistema jurisdiccional.
[JRC]
La
elitización de la universidad en Europa
El
jueves 16 de noviembre de 2006 los estudiantes de la Universidad de
Barcelona y de otras universidades españolas se declararon en
huelga. Protestaban contra el llamado “Proceso de Bolonia”.
Un examen de los objetivos y características de ese proceso puede
darnos una idea de los derroteros por los que se está queriendo
llevar a la universidad en Europa.
El Proceso de Bolonia se llama así
porque tiene sus orígenes en una Declaración conjunta
de los Ministros europeos de Educación que se reunieron en esa
ciudad italiana en 1999. Su objetivo es la creación del “Espacio
Europeo de Educación Superior”, lo cual significa una “homogeneización”
de la educación universitaria a nivel europeo: si hasta ahora
existían diversas tradiciones universitarias, diversas formas
de evaluar, distintas maneras de concebir la docencia, ahora se pretende
que todas las universidades europeas se ajusten a un molde único.
Obviamente esto supondrá unos costes
considerables para las comunidades universitarias y para los diversos
Estados europeos. Y uno puede preguntarse ¿qué finalidad
se quiere alcanzar por medio de un proceso tan severo?
En la Declaración de Bolonia se
dice que dos de los objetivos centrales son promocionar la movilidad
de los ciudadanos y la capacidad de obtención de ocupación.
Es decir que la homogeneización perseguiría dar mayores
facilidades a los profesionales que quieran trabajar en otro país
y a los estudiantes que deseen realizar sus estudios total o parcialmente
en una universidad extranjera.
Sin embargo, estos objetivos no resultan
creíbles. En el número de agosto de 2006, la revista Europa
Newsletter, editada por la UE, informa que menos del 2% de los
europeos viven y trabajan en otro estado miembro. Y sólo el 0´5%
lo hace por razones estrictamente laborales. El resto se ha trasladado
por razones afectivas o familiares. Pensar que esta tendencia se va
a modificar y creer que la movilidad en Europa puede llegar a ser similar
a la que existe en Estados Unidos es desconocer las dificultades que
existen aquí para trasladarse y establecerse en otro país
(el idioma no es la menor de ellas). Por lo que respecta a los estudiantes
universitarios que participan en el programa de intercambio “Erasmus”,
éstos han alcanzado en 2006 la respetable cifra de 170.000, involucrando
a 3500 universidades de la UE. Pero, dado que el número total
de estudiantes universitarios europeos es de 17 millones, los “Erasmus”
no dejan de ser una minoría casi anecdótica.
El incremento de la movilidad estudiantil
y laboral no resulta, pues, un objetivo creíble para un plan
tan traumático. Lo que se persigue es otra cosa. Se quiere organizar
una “competición” entre todas las ofertas de enseñanza
superior a escala europea para seleccionar las mejores. Para eso es
necesaria la homogeneización: para que los logros sean fácilmente
comparables. Se pretende seleccionar una serie de Universidades de “gran
nivel”, adjudicarles más recursos y que atraigan a los
mejores profesores. En ellas estudiarán los jóvenes europeos
que puedan permitírselo. Eso traerá consigo un incremento
y consolidación de la desigualdad: las Universidades se jerarquizarán
y habrá titulaciones de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª categoría.
A eso es a lo que se oponen los estudiantes.
Ellos quieren una universidad pública y de calidad homogénea.
No una concentración de los recursos en unas pocas universidades
de elite a la que muy pocos tendrán acceso. Y en esa exigencia
tienen toda la razón del mundo.
[José
Antonio Estévez]
La
biblioteca de Babel
José
Antonio Estévez Araujo
El revés del derecho. Transformaciones jurídicas en
la globalización neoliberal
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, 159 págs. |
Este
libro presenta de forma clara y precisa cuáles han sido
y están siendo las principales transformaciones jurídico-políticas
en la situación de globalización neoliberal. También
describe cuáles son sus principales mecanismos.
El
libro se divide en dos partes: I. Del estado del bienestar a la
globalización neoliberal (con los capítulos: La
mundialización de la vida social, Globalización
económica, Globalización y cambio de paradigma en
las relaciones laborales, Otras dimensiones de la globalización,
Mundialización y Estado), II. Transformaciones del derecho
en la |
globalización
(con los capítulos: Transformaciones estructurales, El
derecho de la mundialización capitalista, El derecho
del mercado global, La guerra y el derecho, Los derechos de
las personas en la globalización).
Ante
estas realidades, la aspiración emancipatoria contenida
en el lema “otro mundo es posible”, requiere, como
señala el propio autor, preparar los materiales para
construirlo. Este libro es una aportación a ese propósito
emancipatorio.
[A.M.]
|
B.
Atxaga, J. Borja, J.M. Caballero Bonald, J.R. Capella, L. García
Montero, A. González, B. Gopegui, A. Grandes, A. Jerez, J.
Marsé, E. Mendicutti, J.C. Monedero, V. Navarro, B. Prados,
R. Regás, M. Rivas, M. Torres
Memoria del futuro, 1931-2006
Editorial Visor, Madrid, 2006. |
Los autores de este libro, todos ellos nombres muy relevantes
de la cultura española actual, ofrecen en él su
particular homenaje a la II República. Setenta y cinco
años después de su proclamación, cada uno
de ellos propone una meditación (que en unos casos es evocativa
o autobiográfica y en otros ensayística o poética)
sobre lo que supuso aquel gran acontecimiento y/o sobre la vigencia
de los valores republicanos. Se incluye, además, el texto
de la Constitución de 1931 y un CD con canciones republicanas,
así como el manifiesto “Con orgullo, con modestia
y con gratitud”, firmado por más de setecientos |
intelectuales, escritores, artistas, profesores y políticos,
en el que se solicita que el 14 de abril se celebre en lo sucesivo
como un reconocimiento oficial a los ciudadanos españoles
que lucharon por la libertad, la justicia y la igualdad. Tratándose
del día en que se proclamó el primer régimen
político de la historia de España que se puede
asociar con veracidad a la palabra “democracia”,
parece una solicitud la mar de razonable. Que nadie en las alturas
institucionales se haya dignado tomarla en consideración
dice mucho sobre la genealogía de esta “Monarquía
parlamentaria” y el tipo de cultura democrática
que ha fomentado.
[JLG]
|
John
Berger
Aquí nos vemos
Alfaguara, Barcelona, 2006 (3ª ed.), 219 págs. |
Es
éste un libro de ciudades y lugares (Lisboa, Ginebra, Cracovia,
el barrio londinense de Islington, Le Pont d’Arc, Madrid),
y de reflexiones ligadas a lo vivido en ellos. Escrito en primera
persona, habla de deseos y añoranzas, de preguntas sin
respuesta acabada, de vivencias personales que son a su vez vivencias
que precisan la participación del compañero al que
no se ve desde hace tiempo, de la madre muerta, del deseo incumplido... |
Las
presencias y las ausencias que también se hacen presentes,
aunque sea en la forma de “heridas de la memoria que nunca
se curan”.
Con mirada de artesano, se fija en lo que tiende a pasar desapercibido.
Ralentiza el tiempo, abre los ojos, los poros de la sensibilidad.
Sigue enseñando a mirar.
[AM]
|
Foro
de webs
Actuel
Marx
Revista
internacional de estudios marxistas publicada por Presses Universitaires
de France (PUF) en colaboración con la Universidad de Paris-X
y el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) fundado por
Jacques Bidet y Jacques Texier. También hay un Actuel Marx
en versión electrónica: http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/
La revista organiza el congreso Congrès
Marx International en la Universidad Paris-X., dedicado este año
al Altermundialismo:
CONGRESO
MARX INTERNATIONAL V
“Altermundialismo/Anticapitalismo: Por una cosmopolítica
alternativa”
Universidad de Paris X-Nanterre, del 3 al 6 de octubre de 2007
Presidentes del Congreso : Jacques Bidet (j.bidet@wanadoo.fr)
y Gérard Duménil (dumenil@u-paris10.fr)
Contactos : Actuelmarx@u-paris10.fr
La información se publicará progresivamente en el sitio
Internet:
http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/
Sinpermiso
http://www.sinpermiso.info/
En
el número de noviembre dábamos noticia de la edición
en papel de esta revista electrónica, en cuya Web se pueden hallar
numerosos textos de actualidad articulados en torno a “un proyecto
político de crítica de la cultura, material e intelectual,
del capitalismo contrarreformado, desregulado, remundializado y reliberalizado
del siglo XXI”.
Revista
mientras tanto
Contenido
del nº 98
Notas
editoriales
- El clima de crispación
y enfrentamiento civil provocado por el PP dentro de la ofensiva reaccionaria
internacional
- Comentarios a la ley de igualdad
Dossier sobre el petróleo
- Los riesgos y el potencial político de la
transición a la era post-petróleo, por Quim Sempere
- Del pico del petróleo a las visiones de una sociedad post-fosilista,
por Ernest García
- Protocolo de Kioto y emisiones de gases invernadero en España,
por Jordi Roca
- De los combustibles fósiles y nucleares a los sistemas energéticos
limpios y eficientes del siglo XXI, por Josep Puig i Boix
- El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del petróleo,
por Mariano Marzo
- Economía política del petróleo y militarismo,
por Eduardo Giordano
- La OPEP y la conquista económica de Irak, por Greg Palast
El extremista discreto.
Cita.
Contenido del número
99
Notas editoriales
- Los dilemas del gobierno AR
- La complicidad europea JLG
- Joaquim Jordà, rojo, traductor y cineasta, JT
Artículos
- Poder económico & ¿Poder judicial?, por Carlos
Jiménez Villarejo
- El tirocinio de Ho Chi Minh entre los yanquis, por Domenico Losurdo
- Contra la tolerancia y la intolerancia, por Juan-Ramón
Capella
- Consumo responsable: una reflexión crítica, por Albert
Recio
- ¿Un movimiento de consumo responsable? Balance crítico
del Foro Internacional del Turismo responsable y del comercio justo,
por Ernest Cañada
- Sindicalismo y representación de intereses por Miguel Angel
García Calavia
- El ‘mal necesario’ o la política penitenciaria
en la transición, por César Lorenzo Rubio
- Pier Paolo Pasolini entre pasado y presente, por Antonio
Giménez y Filippo Laporta
- Un santo entre nosotros. Testimonio de Adrià Trescents, per
Jaume Botey
Reseña
- Sin pasión ni perjuicios. A propósito de 'El siglo soviético',
por Josep Torrell
Documento
-Declaración final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre
las Transnacionales Europeas
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