Izquierda
Unida en invierno
por Juan-Ramón Capella
Un
amigo me invita a dar mi opinión sobre el futuro de Izquierda Unida.
Este amigo expresa la angustia de mucha gente: que la enanización de
este referente institucional de la izquierda de este país puede ser
una desgracia y abrir paso a una situación empeorada.
Pero
empeorada, quede claro, sobre todo para los movimientos que
necesitan el apoyo de referentes institucionales para que sus
actividades puedan tirar adelante, asomarse a la prensa o a la
radio, evitar la etiqueta de “antisistema” que abre paso a
ignorancias institucionales, a tratos policiales duros, e incluso
puede llegar a la aplicación a pacifistas de la legislación
antiterrorista.
¿Qué
puedo decir sobre IU? En las elecciones generales de 2004 obtuvo un
resultado que a duras penas permitió mantener un grupo
parlamentario. Dicho de otro modo: IU quedó ingresada en la UVI.
Pero tenía cuatro años por delante para salir de ella.
Hoy
creo que no ha salido de la UVI, que su estado se ha agravado. Ha
vivido una etapa de conmoción y división interna, auspiciada tanto
por la mayoría de su dirección como por su minoría, y también desde
cargos del PCE. Nadie ha sabido encontrar una política unificadora
ni los modos de un debate satisfactorio, o sea, fecundo. Hay
problemas que no se arreglan formando mayorías y minorías. Que
exigen otras lógicas, y desde luego preservar la unidad, los
entendimientos mínimos.
Parece
que esta división general de IU se saldará, como se han saldado los
aspectos locales de esta pugna (en Asturias, p.ej.), con una especie
de purga interna. Con exclusiones, con abandonos. A
los minorizados se les achacarán los previsibles malos resultados
electorales de IU (y eso sería así fueran quienes fuesen los
minorizados).
La
pregunta es entonces: ¿estamos al principio de algo o asistimos al
final de algo?
¿Podrá
el grupo vencedor en la batalla interna constituirse en un referente
creíble de la izquierda, autónomo respecto del Psoe? ¿O estamos al
final de un proceso que ya ha dado de sí todo lo que podía dar?
Mi
opinión sincera es que asistimos al final de algo.
El
PCE, que constituyó la columna vertebral de Izquierda Unida, a la
que entregó además la casi totalidad de su patrimonio, debería ser
capaz de metamorfosearse en otra cosa con dignidad.
Metamorfosearse
con dignidad significaría, a mi juicio, no tratar de prolongar su
vida como partido, sino proyectar a su militancia sobre iniciativas
sociales con contenido emancipatorio, para aprender de ellas y, al
mismo tiempo, al insertarse ante todo en ellas, potenciarlas y
activarlas.
Por
supuesto, los que hemos votado a IU hemos pagado muy cara su
presencia parlamentaria. El “peso del voto” de quien vota por IU es
la cuarta parte del “peso del voto” de quienes lo hacen por los
partidos mayoritarios, gracias a la ley electoral preconstitucional
vigente.
Hay
que preguntarse si a ese precio tan caro IU redunda aún
efectivamente en beneficio de quienes pretenden hacer posible un
mundo social distinto y alternativo, que es lo que en definitiva
cuenta.
En
mi opinión, en este sentido IU ha sido crecientemente inoperante en
los últimos tiempos. En vez de mediar políticamente para estimular y
unificar, lo que ha hecho ha sido sobre todo desunir y crear
confusión.
Por
eso Izquierda Unida es también, en mi opinión, insostenible
políticamente. Incluso en sus siglas: por falta de veracidad, ya que
lo que la ha caracterizado ha sido la desunión y no la unidad:
antes, desunión por minorías que acababan yéndose al Psoe; ahora,
por pura incapacidad para pensar y realizar la política más allá de
lo instrumental, del politicismo, de las listas y los cargos, de los
acuerdos por arriba con otras fuerzas, lo que convierte en inútil y
sobrante a lo mejor de IU —y del PCE—: su base militante y su
apoyo electoral.
Es
la base militante de IU, y su entorno —no lo olvidemos—, en tantos
pueblos, asociaciones o ayuntamientos, lo que debe sobrevivir.
Se
engaña a sí mismo quien piense que IU puede enderezar su trayectoria
con meros arreglos de fachada —p.ej., sustituir ‘unida’ por
‘verde’—. No se puede cambiar sin poseer la sustancia de algo. Y es
la cultura política de Izquierda Unida lo que es hoy crecientemente
insubstancial.
A
mi modo de ver, se precisa el nacimiento de algo nuevo, que no sé
qué será. Tal vez comisiones cívicas, dobladas de listas de
ciudadanos; tal vez un partido distinto, con reglas de estricta
democracia interna.
No,
desde luego, un partido que lo supedite todo a la actividad
parlamentaria o institucional.
En
cualquier caso se precisa una fuerza con un imaginario colectivo
diferente del que ha presidido la actividad de los comunistas y
demás afiliados de Izquierda Unida, conservando tan solo la voluntad
de la praxis, de prácticas activas de intervención social.
Un
imaginario colectivo enteramente pacífico y no violento; de
democracia radical, que se manifieste transparentemente en los
procesos de toma de decisiones de las instituciones que engendre, y
en el rechazo de los generadores sociales de desigualdad.
Un
imaginario programático decidido a reimponer obligaciones y deberes
sociales al empresariado y a las instituciones públicas; que se haga
cargo de los problemas: la militarización del mundo, la crisis
laboral de la tercera revolución industrial; las crisis energética,
ambiental y demográfica; la sobreurbanización y el hiperconsumismo;
las migraciones. Un imaginario sensible a las exclusiones, a las
discriminaciones, al desarraigo.
El
imaginario de la vanguardia social que sostiene la voluntad de
construir otro mundo, alternativo a éste, que es tanto internacional
como local, debe pasar al plano de lo políticamente visible y
sustituir a lo que ahora pasa por políticamente correcto.
Un
imaginario así sólo puede proceder de la voluntad de intervenir
políticamente de lo que socialmente se mueve. Los grupos de
activistas de asociaciones y oenegés independientes de las
instituciones públicas. Los “colectivos” sociales. Las gentes que
animaron las plataformas contra la guerra de Iraq; muchas gentes que
preguntaron ¿Quién ha sido? tras el 11M y que no eran sólo
gente del Psoe; la gente que se opuso a la “constitución” europea.
Orientar y generalizar su politización, y estabilizarla, es
lo que hubiera debido hacer IU en los últimos años.
Cierto:
lo que socialmente se mueve no es mucha gente. Eso es
corriente en los países opulentos. Pero vale la pena preguntarse si
lo que se mueve va a crecer o a disminuir. Si a la vuelta de
la esquina los jóvenes reaccionarán como en las banlieux
parisinas, o como submileuristas y okupas, o como
belgas. Y, más importante que eso: preguntarse si los
diagnósticos de lo que socialmente se mueve son más certeros
y anticipatorios que los de la clase política y massmediática del
sistema.
Tarde
o temprano llegará a su fin la etapa de desconcierto y apatía
política de tantas gentes que hoy se limitan a dar por bueno lo
menos malo de lo que hay.
Lo
mejor que puede hacer IU es tratar de salvar locales, centros de
reunión, etc., si no lo ha dilapidado todo, para ponerlos a
disposición de lo que se mueve, y ayudar así, al menos, al
nacimiento de lo nuevo. Eso es lo que debe hacer también localmente
la gente de IU que conserve cargos municipales: abrirse a la
formación de comisiones cívicas, con demócratas radicales decentes,
para tejer una malla en la que pueda anidar lo nuevo.
Esto
es lo que se me ocurre para que IU sirva de algo. (Para lo
electoral, francamente, la suerte ya está echada, y lo que aún se
pueda hacer o no hacer en este orden de cosas no importa
demasiado.)
Lo
mejor es trazar raya y empezar proyecto nuevo.
Derechos en la niebla
La
izquierda alternativa, quizá haya que recordarlo, está asistida por
la razón. En el debate político es quien tiene la razón. Por
la consciencia de la agudeza de los problemas sociales que se nos
vienen encima, y por propugnar modos de afrontarlos basados en la
solidaridad colectiva y no en el sálvese quien pueda individualista.
La
izquierda
alternativa sabe que es necesario construir entre todos una
trinchera, una línea de defensa, para que nuestros precarios
derechos no se vengan abajo: para que no nos sean recortados ni en
nombre de la “seguridad” —como ha sido regla fundamental desde los
sucesos del 11S—, ni en nombre del “crecimiento” —al que son
sacrificados nuestros derechos en tanto que personas que viven de su
trabajo—, ni en nombre de lo “privado” —que sirve para liberar de
deberes al empresariado y al Estado—, y ni mucho menos en nombre de
una moral concreta —el ataque de sectores de la magistratura al
ejercicio legal del derecho al aborto—.
La
izquierda alternativa ha de saber comunicarse a pesar de la
niebla sembrada en el espacio público por el neoliberalismo: una
niebla que desorienta a las multitudes, que trata de hacer invisible
el dominio, que oprime al acorralar la libertad llevándola al ámbito
de lo estrictamente personal.
Es
la niebla de la infinitud de los mensajes publicitarios, de la
conversión de la vida en espectáculo. Es la niebla que produce el
aislamiento entre las personas, la ruptura de sus vínculos, su
desorientación. Es la niebla de la disimulación de lo que traman los
poderes que configuran el mundo tal cual es, de la creación de
abismos entre lo visible —lo que nos es mostrado— y lo ocultado y no
visto. Por eso la izquierda alternativa ha de tejer mallas de
comunicación horizontal y, en su tarea de denuncia, poner en primer
plano la actual situación —privatizaciones parciales, seguidismo de
los patrones de gestión y programación de las cadenas privadas— de
los medios de comunicación de titularidad pública. Ahí hay un fraude
clamoroso que cierra el paso a la creación de redes de información
substancial y veraz.
El
Primo
El
katakrak bursátil
El
lunes negro de las bolsas europeas es, hasta el momento, el último
episodio de una larga serie de accidentes financieros que han
caracterizado la fase neoliberal del capitalismo. Desde el “crac” de
otoño de 1987 las euforias y los pánicos se han sucedido
periódicamente como reflejo de las inestabilidades reales del actual
modelo económico y de la enorme preponderancia que en el mismo ha
alcanzado el mundo financiero. Hace ya unos cuantos años Lester
Thurrow explicó que el modelo actual se asentaba sobre diversas
fallas “tectónicas” y, como conocen los habitantes de países
situados sobre las mismas, los terremotos y los desastres son
habituales. Y desde entonces los procesos de desregulación y
“creación” financiera no han dejado de desarrollarse y, con ellos,
nuevas posibilidades de inestabilidad. Quizás lo que ahora es nuevo
es en primer lugar que el epicentro se encuentra en los EE.UU. y no
en países lejanos como sucedió en otras ocasiones; en segundo lugar,
que debajo de la crisis financiera actual subyace una crisis de
sobreacumulación y desproporción, debida al hiperdesarrollo de la
inversión inmobiliaria en diversos países (fundamentalmente EE.UU.,
Reino Unido, Irlanda y España); y en tercer lugar, que esta crisis
coincide en el tiempo con el recalentamiento de los precios de los
alimentos y las materias primas por la llegada de nuevas demandas
(alimentos, biocombustibles, metales y productos energéticos) en
actividades difíciles de expandir por cuestiones diversas:
destrucción de suelo agrícola, ausencia de nuevos yacimientos, etc.:
un recalentamiento que puede alimentar nuevas medidas
antiinflacionarias por parte de los bancos centrales.
Que
alguien perdiera dinero en la bolsa no debería constituir un
importante motivo de preocupación. Al fin y al cabo nadie se
preocupa de los miles de personas que pierden dinero jugando a la
lotería o a cualquiera de los múltiples juegos de azar que
proliferan en nuestra ludosociedad. Entre los perdedores de las
caídas bursátiles hay muchos más ricos que pobres y, frecuentemente,
las pérdidas son más virtuales que reales (si el valor en bolsa de
Inditex se ha devaluado, Amancio Ortega será menos rico, pero
seguirá conservando el mismo poder de propiedad de los mismos
activos que antes, simplemente que tendrán un menor valor
monetario). Lo socialmente preocupante está en otro lado. De una
parte, la relación existente entre los sistemas privatizados de
pensiones y la inversión bursátil. Algo que hace tiempo que se ha
explicado, la insensatez de financiar las jubilaciones con el “juego
del parquet” y que es bueno recordar cada vez que hay un estallido
de este tipo. Aunque los trabajadores cubiertos por este sistema
son minoría, depende mucho de cada modelo nacional y en algunos
países las repercusiones pueden ser importantes. De forma más
generalizada porque en las economías capitalistas son las decisiones
de los ricos, y especialmente de los muy ricos, las que influyen
sobre la marcha de la economía. Y las respuestas a la
“incertidumbre” y el pesimismo del mercado se acaban traduciendo en
despidos masivos y recortes a los derechos salariales. Ya nos ha
avisado el director del Banco Central Europeo, amenazando con nuevas
alzas de los tipos si los asalariados no renuncian a mantener su
poder adquisitivo.
Es
difícil evaluar el grado de incertidumbre real y profundidad de la
crisis, sobre todo porque ello depende de respuestas psicológicas y
políticas difíciles de predecir. Aunque algunos aspectos, como el de
la sobreinversión inmobiliaria, era previsible que acabaran
estallando en una recesión abierta y afectaran a economías, como la
española, tan “especializadas” en esta línea de actividad. Tiene
mucha cara el PP cuando lanza sus diatribas frente a la crisis,
cuando ellos fueron los que promocionaron este modelo (y de hecho
varias de las Comunidades autónomas que ellos regentan son un
referente al respecto). Pero ha tenido mucha inconsciencia el PSOE
al ensalzar una economía basada en el ladrillo y presentarla como el
no va más de la modernidad (un cuento de la lechera que les ha
llevado incluso a realizar las elecciones cuando los problemas ya
habían estallado). Es también aventurado conocer cuál será el efecto
de las medidas aplicadas. Bajar los tipos de interés, como ha hecho
Bernancke, o devolver impuestos, forma parte del habitual estímulo
de la demanda privada que tanto gusta a los gobernantes actuales.
Pero no siempre tipos de interés más bajos aumentan el gasto —el
conocido problema de la “trampa de la liquidez” — ni reducciones de
impuestos animan a la economía, especialmente si los más ricos
reciben un dinero que no saben o no quieren invertir. En todo caso
resulta evidente que, en cuanto la crisis ha asomado en los países
ricos, nadie aquí —quizás excepto Trinchet— se acuerda de los
ajustes estructurales que tan habitualmente se proponen a las
economías periféricas. Aquí todo el mundo es partidario de seguir
cebando la máquina y fomentar el crecimiento. Curiosamente la lógica
que ha favorecido la desregulación financiera, el crecimiento de las
actividades especulativas, la proliferación de “activos” ficticios
que no sólo han provocado un cierto “auge” de los negocios, sino
también el enriquecimiento inmoderado de una exigua minoría social.
Por ello, si no es posible vaticinar los plazos y la intensidad de
la crisis actual, lo que parece evidente es que podemos empezar a
prepararnos para la próxima.
Aunque
hay temor sobre los efectos de la crisis, no parece que esta larga
experiencia de sobresaltos haya generado ninguna capacidad crítica
en la mayor parte de las élites dominantes. Aunque empiezan a oírse
voces sobre la necesidad de regular de nuevo los sistemas
financieros, reduciendo la increíble capacidad de generación de
activos ficticios, de momento no parece que la reforma del sistema
esté en ninguna agenda importante, Aunque la intervención pública en
sus diversas facetas está jugando un papel esencial en las
respuestas que se adoptan: desde la introducción de liquidez por
parte de los bancos centrales hasta las políticas de inversión en
vivienda protegida e infraestructuras a la que se están adhiriendo
con entusiasmo los enriquecidos empresarios de la construcción, el
discurso dominante sigue siendo el del mercado privado. No hay
diferencias sustanciales en las propuestas de estimular la actividad
mediante la devolución de impuestos. Lo que hay es mucha
inconsciencia en un momento en el que los diversos procesos
tectónicos (demográfico, ambiental, productivo. financiero...) más
bien demandan nuevas acciones colectivas con amplia participación
democrática. Y es esta ausencia de verdaderas propuestas de reforma
y cambio lo que hace más peligrosa la situación. Lo que exige de las
próximas víctimas y los que quieren estar a su lado empezar a pensar
en propuestas alternativas de gestión de la vida social. Empezando
por la inevitable regulación de los mercados financieros y la
revalorización de la intervención pública.
[Albert Recio]
España
ha dejado de ser católica
Cuando
Manuel Azaña dijo “España ha dejado de ser católica”, la voz
‘España’ estaba por ‘el estado español’. Pues era de la laicidad de
la República española de lo que estaba hablando, de la
aconfesionalidad del estado. La población, sin embargo, era
mayoritariamente católica aún entonces, por mucho que hubiera
aceptado la república aconfesional.
Hoy,
en cambio, es la sociedad española la que ha dejado de ser
católica. Es mayormente laica. E incluso el “catolicismo”
residual de la sociedad resulta ser, sobre todo, un asunto de bodas
y entierros, de rituales que compartir en ocasiones especiales.
Sobrevive, cierto es, un amplio espectro de creencias arcaicas, del
género de las evidenciadas por los futbolistas que se santiguan
antes de empezar los partidos, como si a algún dios pudiera
interesarle su suerte particular en un campeonato. Pero este
primitivismo no es siquiera cristiano, sino simple superstición,
compulsión psicológica. En España los seminarios están prácticamente
vacíos, al igual que los conventos y monasterios; las órdenes
religiosas, por mucho que medren con el negocio de la enseñanza, no
se renuevan generacionalmente. E ir a misa incluso ha dejado de ser
lo que era: un acto social. La población, en todo caso, no parece
diferir en lo substancial de otras poblaciones europeas a efectos de
creencias religiosas o de lo que es más común: de la ausencia de
ellas.
La
Constitución del 78 define la laicidad del Estado, aunque
—concesiones de la transición— hace mención especial de la Iglesia
Católica en función del pasado histórico cristalizado en los bienes
culturales que esta institución administra, pero cuya legítima
titularidad de fondo, claro es, corresponde al pueblo español. Sin
embargo los gobiernos de derecha y de centro derecha —no hemos
tenido otros— han hecho muy poco por materializar la nueva situación
constitucional de la Iglesia Católica ni el cambio sociológico en
las metafísicas de los españoles. Le vienen prolongando a esta
Iglesia una serie de privilegios que resultan crecientemente
intolerables.
Se
trata ante todo de beneficios fiscales: la Iglesia recurre para su
financiación a las arcas públicas, por una parte, y al trabajo
recaudatorio de la administración del estado, por otra. Cuando la
Iglesia Católica tiene el deber de financiarse por su cuenta en
vez de gorronear y sablear a una ciudadanía que en su mayoría
es ajena a ella.
A
la periclitada doctrina sexual de la Iglesia Católica se deben
ataques a derechos ciudadanos fundamentales. Así, sólo por su
influencia no se ha legislado una ley de plazos para la interrupción
del embarazo, lo cual, unido a campañas de acoso contra las mujeres
que ejercen este derecho y contra los facultativos que las asisten,
lesiona injustificadamente un derecho fundamental de todas las
mujeres. Hay que exigir una ley de plazos para la interrupción
del embarazo. Ya.
A
la misma influencia, que ya se manifestó y se manifiesta en campañas
contra las leyes del divorcio y del matrimonio —que ampara por fin
distintos modelos de vida en común—, se debe la no regulación del
derecho fundamental de todos a una muerte digna y sin sufrimiento
físico. También en este punto la Iglesia se convierte en una entidad
acosadora. Es preciso reformar la restrictiva legislación sobre
la muerte, reconociendo el derecho a la disponibilidad de la propia
vida y a la asistencia médica correspondiente, con todas las
cautelas que el caso, naturalmente, requiere.
La
Iglesia ha hecho de la educación su negocio, gracias a la llamada
enseñanza concertada, consistente en que la mayor parte del
sueldo del profesorado de los centros privados con ánimo de lucro es
pagado con dinero público. Siendo la instrucción un derecho
fundamental, no debe seguir siendo el objeto de un negocio
lucrativo, como no sea, provisionalmente, en términos estrictos
de mercado. Es preciso aprobar un plan cuatrienal para eliminar
progresivamente la enseñanza concertada y garantizar la
financiación de una educación pública de calidad, orientada hacia la
instrucción y no hacia el lucro.
La
Iglesia católica, sobre aprovecharse de la concertación educativa,
ha convertido su catequesis en disciplina escolar y se ha opuesto a
la enseñanza de los deberes y derechos ciudadanos elementales, a la
educación para la ciudadanía. Pero el adoctrinamiento religioso y
parapolítico es incompatible con la neutralidad en el ámbito
educativo. Es preciso echar de la enseñanza a quienes no respeten
los valores democráticos, por lo que las aportaciones públicas a
la enseñanza privada que subsistan deben ser incompatibles con
idearios que no respeten los valores democráticos.
El
estado español puede mantener relaciones como tal con el estado
vaticano, pero en cambio los miembros de la Iglesia española son
exclusivamente ciudadanos como los demás. Por esta razón es
preciso exigir la denuncia de los Acuerdos del Estado con el
Vaticano de 1979.
Hay
que eliminar también todos los símbolos y ceremonias religiosas en
los edificios, actos e instituciones públicas.
Convendría
que las gentes de izquierda fijaran su atención en las principales
organizaciones y personajes significativos del fundamentalismo
“católico”: la Legión de Cristo (Alicia Koplowitz, Ángel
Acebes, Ana Botella Francisco Camps, José María Ruiz-Mateos), grupo
dedicado a captar a la burguesía a través de instituciones de
enseñanza; E-cristians (J. Miró i Ardévol, grupo
significativo en Cataluña); Comunión y Liberación (secta
afín a “rojos” conversos como Pío Moa o César Alonso de los
Ríos); y, naturalmente, los purpurados Cañizares y Rouco: sus tomas
de posición permiten calibrar la elevada temperatura del catolicismo
talibán más inclinado a cercenar derechos fundamentales. Hay que
pararles los pies.
[J.-R. C., enero 2008]
Los
valores entre rejas de Obama
Un
periodista de TVE ha sido de los primeros europeos en lograr
acercarse a Obama a la salida de un acto electoral. Obama se detuvo
unos segundos para exponer, sintética y claramente, su proyecto de
política exterior: dijo que pretende basarla en valores y
—literalmente— “no sólo en la fuerza militar”.
“No
sólo” significa aquí “y también”. Obama rechaza la política sin
valores de Bush, su mentiroso pragmatismo, etc., pero no desdeña
la fuerza militar que el gobierno republicano ha usado
sin valores.
Visto
desde lejos, Obama presenta una imagen de cierta fragilidad; visto
de cerca, en cambio, se advierte que tiene la piel de un hipopótamo.
Es capaz de desayunarse un sapo, como los demás políticos. Hasta
ahora creía yo que no llegaría lejos en la carrera electoral, que le
pararían. Ahora me parece en cambio —si supera a la Clinton, esa
serpiente de cascabel— que puede llegar a presidente, dado que en
cualquier caso el partido republicano no ganará las elecciones.
Pero
al creer que los valores son compatibles con la fuerza
militar, esto es, con el entramado de intereses
militar-industriales y político-financieros, que es lo que hay
detrás del “no sólo” de su declaración sintética, Obama se equivoca.
Será un alivio ver a los republicanos fuera del gobierno del estado
más poderoso de la tierra. Pero está claro que el grupo dirigente
que les suceda no podrá ser muy distinto de ellos. No mientras el
conglomerado de poder que gobierna a los gobiernos de
Washington no quede cercenado. Los valores de Obama están
encarcelados por ese conglomerado, y al parecer Obama aún no lo
sabe, pues cree que son compatibles una cosa y la otra.
[J.-R. C.]
“Dejar
de molestar a las empresas”: la versión catalana de la directiva
Bolkestein
por
Joaquin Dodero Curtani
“Dejar
de molestar a las empresas” fue uno de los amables mensajes
publicitarios utilizados por Josep Lluís Carod Rovira en la última
campaña electoral de las autonómicas catalanas para referirse al
estimulante cometido que debería asignarse a administración y
empleados públicos. El mensaje expresa también lo que “piensan” los
compañeros del actual Vicepresidente del la Generalitat sobre la
administración, y obedece, como se verá, a la necesidad de
satisfacer demandas de intereses concretos.
Transcurridos
unos meses de la constitución del segundo gobierno tripartito, el
núcleo de asesores vinculados al President Montilla capitaneados por
su jefe de gabinete Pancho Taboas, se ha aprestado a desarrollar el
mensaje de Carod mediante un publicitado Acuerdo de Gobierno (“De
facilitación de los trámites a la actividad económica empresarial y
la simplificación de sus relaciones con la Administración”), la
versión catalana de la controvertida y ultraliberal Directiva
Bolkestein de libre circulación de servicios de la UE. La fecha de
aprobación del Acuerdo
—la
semana anterior al apagón eléctrico de la ciudad de Barcelona—
constituye un signo premonitorio de sus consecuencias.
El
Acuerdo es una copia chapucera de la Directiva. Establece las
líneas generales que deben comportar un cambio en lo que se refiere
a la función de control de la actividad de las empresas,
sustituyendo el actual sistema de Autorización Administrativa previa
al inicio de actividades empresariales por otro basado en la
presentación de una “declaración responsable” de las empresas: un
compromiso genérico de cumplimiento de los requisitos legales para
la actividad de que se trate.
Además, comporta la simplificación de algunos procesos
administrativos relacionados con la actividad de las empresas,
incrementando el número de trámites que pueden concluirse de forma
inmediata con la visita de las empresas a una oficina de la
administración. Se trata de un paso más en la senda de la
desregulación de la actividad económica iniciada por los Gobiernos
de CiU con los Proyectos Prysma i Citius, que el “segundo tripartito
catalán” se dispone a proseguir.
Mediante
el Acuerdo se amplía las competencias de las denominadas
“ventanillas únicas” (OGEs), a las que se dan nuevas funciones
decisorias no previstas en el art. 6 de la Directiva. Con las
ampliación de atribuciones de estas “OGEs”, el “Govern” transfiere
de facto más competencias y funciones a las Cámaras de
Comercio, al tener externalizada la gestión de diecisiete OGEs
mediante “Convenios de Encomienda de gestión” con las Cámaras. En la
actualidad, la Administración catalana solamente gestiona
directamente cuatro OGEs, una por capital de provincia.
La
obstinación de nuestra clase política en conceder protagonismo y
ceder la gestión de competencias a las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación
—una
institución que se remonta al modelo administrativo del antiguo
régimen francés y que fue acogida en nuestro país por la legislación
del “mercantilismo ilustrado”—
resulta, cuanto menos, chocante. Su actual configuración jurídica,
establecida por ley de Cámaras de 1993, es un puro artificio, puesto
que las define como “corporaciones de derecho público”
—como
entidades de base asociativa con fines de interés general—.
La frontera entre la defensa del interés económico general y el
interés privado es difusa. Resulta poco creíble que un comerciante o
un industrial pueda hacer abstracción de sus propios intereses en la
decisión de asuntos económicos como los que la ley atribuye a las
Cámaras de Comercio. Una insólita y polémica sentencia del Tribunal
Constitucional ha confirmado además la imposición de la afiliación
obligatoria, mediante una lectura forzada del principio de libertad
de asociación que tiene su fundamento en el artificio de la defensa
del interés general.
La
explicación del dicha obstinación debe buscarse en el objetivo de
entretejer el pacto de la clase política catalana con los llamados
“representantes de la sociedad civil catalana” (destacados patricios
y hombres de negocios). Los mimbres de tal pacto no son otros que
la redistribución de competencias de la Generalitat, el reparto de
influencias (algunos cargos políticos del Tripartito proceden de las
Cámaras de Comercio, como el Director del Consorcio de Turismo o los
dos últimos Directores Generales de Comercio), la concesión de
prebendas varias (como la co-decisión Generalitat-Cámaras de
comercio distribuir los 73.000.000 de euros anuales destinados a la
“internacionalización de la economía catalana”) y también la compra
de no pocos silencios y favores mutuos, como puede comprobarse en
las demandas sobre infraestructuras de transporte.
En
cumplimiento del mencionado Acuerdo de Gobierno de la Generalitat,
las próximas semanas será sometido a aprobación del “Govern” el
Proyecto de Decreto que desarrolla un primer paquete de medidas. El
contenido concreto del Decreto supone una claudicación ante las
demandas de “flexibilidad” de un sector del empresariado turístico
catalán con estrechas vinculaciones con conocidas “promotoras
inmobiliarias”, dispuestas a aprovechar con urgencia la inmejorable
coyuntura del sector turístico catalán para diversificar su negocio.
Para ello contarán con la ayuda que supone la supresión del trámite
de autorización previa administrativa en el ámbito de
establecimientos turísticos (Hoteles, Campings, Apartamentos
turísticos, Establecimientos de turismo rural, Oficinas de turismo
de la Generalitat) que según dispone el Proyecto de Decreto será
sustituido por la presentación de una Declaración Responsable por
parte de las empresas. La inscripción en este registro acredita ante
la ciudadanía que un establecimiento cumple con la normativa
sectorial vigente, lo que lleva aparejada la asunción automática de
responsabilidad jurídica de la administración. Con la reforma, el
Registro perderá credibilidad.
Con
el Proyecto de Decreto, el Gobierno catalán ha accedido también a un
vieja reivindicación de las Cámaras de Comercio: la cesión de la
gestión del Registro de Turismo de Catalunya, vulnerando de esta
forma el articulo 14 de la Directiva que prohíbe su intervención en
este tipo de actuaciones por estimar que no pueden ser juez y parte
en este tipo de asuntos.
Cuando
Carod y las fuerzas políticas que convocaron la manifestación “Dret
a decidir” nos proponen la “independencia” y la plena integración en
Europa como utopía para liberarnos de la “opresión nacional” que
sufrimos los catalanes por parte del estado español, no nos proponen
nada original y emancipador, ya que su utopía nos es otra que la
del neoliberalismo más rancio. Lo pone de manifiesto la versión
catalana de la Directiva Bolkestein. Para tal viaje no hacen falta
alforjas.
Preguntas
de un lector de periódicos
Si
llamamos genocidas a los que encerraron a los judíos en el ghetto de
Varsovia, los reprimieron cuando se rebelaron y los masacraron por
métodos tan diversos como el gaseado, el hambre, el agotamiento, etc…
¿Cómo tenemos que llamar a los que encierran a los palestinos en el
espacio de Gaza, los atacan indiscriminadamente y les cortan todo
tipo de suministro? ¿Y cómo tenemos que llamar al resto del mundo
civilizado que mira para otro lado y pide a los del nuevo ghetto que
sean pacientes y amistosos con sus carceleros?
Si
unos jueces absuelven a un banquero acusado de fraude fiscal
alegando que la ausencia de acusación fiscal y particular deja sin
sentido la acusación popular. Y si estos mismos jueces condenan a la
mesa de un Parlamento autónomo por una actuación política, con la
sola denuncia de la acusación popular (alimentada por los oponentes
políticos de los condenados)… ¿Cómo debemos considerar su
comportamiento: esquizofrénico, incoherente, partidista? ¿O
simplemente una aportación local al derecho contra el enemigo? Al
menos sabemos de quienes son más amigos.
Tontodecapirote
Comunicados
de JpD y UPF sobre el aborto y sobre la ley de memoria histórica
Comunicado conjunto JpD y UPF
1.-
La Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia quieren
manifestar su honda preocupación por la repercusión social que está
teniendo la existencia de sendas causas penales por supuestos
abortos ilegales en Madrid y Barcelona, así como por determinadas
actuaciones administrativas, de motivación poco transparente,
dirigidas contra clínicas donde se practican abortos acogiéndose a
las indicaciones legales.
2.-
Ante todo, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de
Fiscales creen imprescindible remarcar que el aborto dentro de los
supuestos legalmente previstos ha supuesto en éste y en otros países
una conquista histórica de las mujeres en el ámbito de la lucha por
sus derechos y su plena autonomía personal y social, resultando al
respecto inexplicable la renuencia que a la efectividad de tal
derecho se encuentra en el esquema de sanidad pública.
3.-
Ahora bien, ello tampoco debe llevar a considerar la legislación
vigente inoperante o inaplicable. Lo cierto es que los abortos
practicados fuera de toda interpretación socialmente adecuada de los
supuestos actualmente legales resultan perseguibles penalmente. No
podemos ignorar la existencia de casos donde por intereses meramente
económicos ciertos profesionales de la medicina eluden sus
obligaciones y construyen expedientes puramente ficticios sin
sometimiento a exigencia alguna. Son estos casos los que merecen el
reproche penal, mayor para los profesionales y legalmente menor para
las mujeres afectadas, en quienes además habrá que estudiar la
existencia de cuantas circunstancias modificativas de su
responsabilidad puedan razonablemente concurrir.
4.-
Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la
Democracia:
-
Estiman inadmisible que la existencia de los procedimientos
judiciales sirva de excusa a ciertos sectores sociales para
poner en cuestión y desarmar el derecho a decidir de las mujeres
en los supuestos legales.
-
Consideran que las causas penales en curso, por sus propias
características, deben ser extremadamente respetuosas con el
derecho a la intimidad de las mujeres que han acudido a dichos
centros y cuyas historias clínicas obran en los mismos,
manteniendo en la más absoluta reserva los datos acopiados hasta
su definitiva depuración y selección de supuestos ilegales.
-
Exhortan al Legislador a:
-
Ampliar la legislación en el sentido de implantar un sistema
de plazos.
-
Regular específicamente la objeción de conciencia de los
profesionales de la medicina en el ámbito de la salud
pública con el fin de evitar que con invocaciones genéricas
en tal sentido se prive a las mujeres de su derecho de
acceso a la sanidad pública.
Comunicado del Secretariado Permanente de la UPF
El
Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales, ante la
reciente aprobación por las Cortes Generales de la Ley de Memoria
Histórica quiere manifestar lo siguiente:
Recibimos
con gran satisfacción el texto legal que aborda tan importante
materia que recupera un pasado difícil de olvidar.
Como
asociación progresista, la UPF, no puede guardar silencio sobre esta
cuestión. No olvidemos la gravedad de lo que ocurrió en nuestro
país: un gobierno elegido democráticamente fue derrocado por un
golpe de estado que instauró un régimen dictatorial, que suprimió
las libertades públicas más elementales y reprimió brutalmente
durante cuarenta años a todo aquel que se considerase opositor al
régimen, con violaciones constantes a los derechos humanos.
Teniendo
una de las Constituciones más avanzadas de la época
—la
Constitución de 1931—
sobre la que poder construir una sociedad más justa, libre e
igualitaria, sin embargo, el golpe de estado auspiciado por unos
militares traidores
—cuyos
aliados eran la Alemania nazi y la Italia fascista—
nos despojó de ese futuro, sumergiéndonos en una sociedad en la que,
como en todas las dictaduras, era algo habitual la tortura, las
ejecuciones, las desapariciones forzadas, supresión de libertades
tanto políticas como individuales, etc.; colocándonos en el vagón de
cola de los países de nuestro entorno.
El
régimen franquista supuso, además de la mencionada supresión de
libertades políticas e individuales, años de retraso cultural,
científico, económico, social y de toda índole que tanto ha costado
superar y que tantas generaciones han tenido que sufrir.
La
necesidad de una Ley de Memoria Histórica ya fue defendida por la
UPF en otras ocasiones, como en el XXI Congreso de la UPF celebrado
en La Coruña en mayo de 2006.
Es
imprescindible en una sociedad democrática rendir homenaje y
reconocer sus derechos a las víctimas de la guerra y a todos los que
fueron objeto de represalias por defender la legalidad republicana o
tener ideas que se oponían a la Dictadura.
Asimismo,
era necesario declarar la ilegitimidad de los tribunales del
franquismo y las condenas dictadas por éstos por motivos políticos,
ideológicos o de creencia contra los que defendieron la legalidad
republicana o pretendieron el restablecimiento de la democracia.
Entendemos
que la Ley tiene sus limitaciones, y pudo haber llegado más lejos y
haber declarado la nulidad de los procesos y expedientes
administrativos y de las resoluciones y sentencias dictadas en los
mismos por los motivos antes mencionados
—políticos,
ideológicos, etc—,
aspectos que, por otra parte, hay que reconocer tienen una gran
complejidad técnica. En este sentido ya se pronunció esta asociación
en su XXI Congreso.
Por
ello, sin dejar de reconocer que esta Ley, en su redacción actual,
es mejorable, debe ser valorada positivamente y entendida como un
primer eslabón susceptible de un desarrollo más profundo en el
futuro.
Unión
Progresista de Fiscales.- Secretariado Permanente, 10 de enero de
2008
La biblioteca de Babel
Pier
Paolo Pasolini
Larga carretera de arena
Fotografías de Philippe; Séclier, trad. de Olvido García
Valdés; La Fábrica, Madrid, 2007, 189 págs.
En
1959, por
encargo
de la revista Successo, Pasolini publicó en tres
entregas su crónica de un completo recorrido por las
costas italianas, de Ventimiglia a Trieste. Hasta 1998
no encontramos la publicación íntegra de este precioso
relato (P. P. Pasolini, Romanzi e racconti 1946-1961,
Mondadori), que ahora está al alcance del lector
español en una cuidada edición de la colección Blow Up
(La Fábrica). Aquí las fotografías originales de Paolo
di Paolo que acompañaban las entregas de Successo
son sustituidas por nuevas fotografías en blanco y negro
de Philippe Séclier, quien 42 años después reconstruye
con su cámara el mismo viaje que hizo Pasolini. Esto y
la inclusión sobre fondo ahumado de los textos
mecanografiados de Pasolini sirven para subrayar la
distancia entre la Italia de finales de los años
cincuenta y la de hoy, actualizando la mirada
anticipadora de Pasolini sobre la gran transformación
que se avecinaba en Italia en los primeros años del
desarrollismo y el turismo de masas. La descripción
pasoliniana de los personajes y los lugares de esa
Italia a caballo entre dos universos es tan bella como
turbadora.
[Antonio Giménez]
Faïza
Guène
Sueños para marginados
Trad. J. Forment; El Andén, Barcelona, 2007, 139 págs.
El
retrato de una joven argelina que pese a ocupar
posiciones subsidiarias en la sociedad francesa se niega
a tirar la toalla, de esto trata el libro. Dicho de otra
forma, el texto expresa con un estilo directo y, en
ocasiones, excesivamente plano, la vida de un joven a la
que le ha tocado vivir el difícil papel de bisagra entre
la exclusión y la promesa de integración; entre su padre
y hermano migrantes como ella y una sociedad degradante.
El
libro tiene interés, sin ser una gran obra. La versión
castellana tiene bastantes errores de distinto tipo que
deberían haberse corregido.
[Antonio Madrid]
Devedeando, que es gerundio
Andrzej
Munk
La
pasajera (1963)
Nostro
Films,
Barcelona, 2007
Cállate.
No digas nada. Se te ve venir: “¡Joder con los de mientras.tanto.e! Ahora en vez de recomendar películas
enteras, te recomiendan solamente trozos.” Pues sí: ¡a que
negarlo! Porque Munk murió mientras rodada la parte central
de su película, en Auschwitz, y la dejó literalmente a
trozos. Sus colaboradores le dieron un manto de humanismo
socialista, pero eso cuadra poco
—por
no decir nada, vamos— con lo que está rodado en cinemascope.
Los trozos que quedan son más bien un pedazo de cine de la
crueldad; así, sin más. Eso sí, con la delicadeza de apartar
lo más indigno hacia los márgenes de la pantalla. O séase,
mostrando el horror cotidiano, aunque como cosa sin
importancia para los que viven diariamente en él. La
pasajera es también la historia de las contradicciones
de un alma malvada (que no saca mucho de lo que hace, para
mal de muchos). Trata
de una guardiana y una presa en el campo de concentración,
en que la nazi pretende ser el ama, pero, ¡mira tú por
donde!, la presa se niega a ser su esclava. La guardiana
pretende hacer valer su poder mortífero para someterla,
mientras la otra trabaja subrepticiamente para que se
conozca el horror y el sufrimiento. Munk no sabía muy bien
qué final darle, fijo. Lo que queda, es un mal sueño, una
pesadilla (entre otras cosas, porque no acaba). Pero también
es una de las mejores películas sobre los campos de
exterminio y sobre la insania represora y el heroísmo
cotidiano. Sus imágenes de Auschwitz indudablemente tienen
un sabor a lo verdadero, y han sido repetidamente usadas con
ese fin. En DVD han achicado la pantalla (a 9x16): una
lástima, la verdad sea dicha, porque la majestuosidad del
cinemascope es la que perturba los sentidos, tan lejos está
esta historia de todas las demás historias que se cuentan.
[La Puri (Oficina Soviética para el Cine)]