mientrastanto.e Num. 60 del 07-2008

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Europa, Europa
Por José A. Estévez

¿Crisis? ¿Qué crisis?
Por Albert Recio Andreu

La reacción judicial a la política antigarantista del ejecutivo norteamericano: la sentencia del tribunal supremo de los estados unidos en el caso Boumediene et alt. versus Bush
Por
Ramón Campderrich Bravo 

 

Tráfico  de armas, especulación financiera y servicios ITV
Por Joaquín María Dodero Curtani 

El sentido de la vergüenza
Por Antonio Madrid 

La biblioteca de Babel
· Rossana Rossanda, La muchacha del siglo pasado

 

 

 

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Número 60
Julio de 2008

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Europa, Europa

José A. Estévez

Referendum irlandés y ratificación española

El enviado especial de El País a Dublín, Andrea Rizzi, en su crónica del 12 de junio, previa a la celebración del referendum sobre el Tratado de Lisboa en Irlanda, decía que “oyendo a los activistas, todas las críticas tienen un denominador común: el sueño de una Europa mejor. Pero excavando en las bases, la impresión es que en el rechazo pesan más los miedos que los sueños. Fundamentalmente, perder bienestar y los privilegios conquistados en estos años”. 

Es decir que para ese periodista resulta impensable que las razones del “no” puedan ser realmente “idealistas”. No cree que el fundamento de la postura crítica sea el ideal de una Europa mejor o una comprensión cabal de las consecuencias de la regulación contenida en el tratado. Los motivos reales tienen que ser reducidos a mezquinos intereses para mostrar que la oposición al tratado de los irlandeses carece de fundamentación racional. 

Sin embargo, uno podría preguntar al tal Rizzi si conoce realmente el contenido de la normativa europea. Quizá el desconocimiento esté más de su lado que del de los activistas irlandeses contra la ratificación. Pues, por ejemplo ¿hay algún argumento para seguir defendiendo la falta de responsabilidad política del Banco Central Europeo ante los ciudadanos? ¿Es posible seguir manteniendo que el banco pueda adoptar medidas que afectan gravemente a las economías domésticas y que detraen recursos públicos para inyectarlos en el sistema financiero privado sin tener que responder por ello ante nadie? 

En cualquier caso, los congresistas españoles deben pensar que sí existen esos argumentos, pues el 26 de junio aprobaron, de forma casi unánime, por 322 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, a favor de la ratificación del Tratado Lisboa. IU votó en contra, pero ICV se abstuvo: quizá tendría que explicar el por qué de esta ambigüedad a quienes votaron por esa formación. Puede que ICV considere que no hay suficientes razones de peso para oponerse clara y rotundamente a un tratado que prosigue en la línea de la imposición de las políticas neoliberales por la vía de la integración europea. 

La jornada laboral de 60 horas 

Para muestra, un botón. En su reunión de 9 de junio el Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores aprobó una modificación de la directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En su Artículo 6, esa norma prevé que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días. La nueva propuesta, como es sabido, permite que contando con el consentimiento “libre e informado” del trabajador, los estados puedan introducir una excepción que permita prolongar la jornada hasta 60 horas semanales. 

Una de las disposiciones en las que se funda la competencia del Consejo para adoptar este tipo de normas es el artículo 136 del Tratado CE que señala que “La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo (…) la mejora de las condiciones de vida y de trabajo” 

Desde luego, no deja de ser un sarcasmo que la finalidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo sirva de fundamento para prolongar la jornada laboral hasta las 60 horas. La retórica jurídica progresista del tratado sirve de base para la adopción de medidas netamente regresivas. 

Este proyecto de directiva supone un cambio muy importante. Las políticas europeas habían constituido hasta ahora un obstáculo para el mantenimiento de los derechos sociales. La defensa de esos derechos quedaba en manos de cada uno de los estados por separado y las políticas económicas que los socavaban tenían toda la fuerza conjunta de la UE. Sin embargo, ahora las políticas europeas se orientan directamente al desmantelar los derechos y conquistas sociales. No se trata, pues, sólo de que no haya una Europa social, sino de que estamos ante el nacimiento de una Europa antisocial. 

La Directiva de retorno 

La llamada “directiva de retorno”, constituye otro buen botón de muestra. Fue aprobada por el Parlamento Europeo en primera lectura el 17 de junio. Esta norma prevé que el internamiento de los extranjeros indocumentados se pueda mantener durante un período de seis meses, que podrá prorrogarse otros doce más si los estados lo consideran necesario. 

De esta norma se ha dicho que es “progresista”, porque impone límites temporales al internamiento de los extranjeros en situación irregular en los países donde esos límites no existían. Dejando de lado que 18 meses para tramitar una expulsión parece un periodo desmesuradamente dilatado, la afirmación sólo es parcialmente cierta. Pues tres de esos países, Irlanda, Dinamarca y Reino Unido “no participan en la adopción de la Directiva y, por tanto, no están vinculados en su totalidad ni sujetos a su aplicación”. 

También se ha dicho que, en el caso de España, la directiva no tendrá efectos negativos para los inmigrantes, pues en nuestro país en plazo máximo de detención es de 40 días. Sin embargo, el informe elaborado en diciembre de 2007 por la consultora STEPS para el Parlamento Europeo sobre las condiciones de las personas detenidas a la espera de expulsión habla de una realidad diferente. Así, en el apartado dedicado a España se dice que la duración máxima de la detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros es efectivamente de cuarenta días. Pero que, en la práctica, los extranjeros pueden ser detenidos de nuevo a su salida del centro y acumular, así, múltiples periodos de detención de 40 días. 

La directiva de retorno es la primera que se aprueba en materia de inmigración. Eso pone de manifiesto la hipocresía europea frente a los inmigrantes irregulares. Mientras las cosas van bien, se tolera su presencia. Pero cuando empieza la crisis ellos son las víctimas propicias para sufrir sus consecuencias en primer lugar. Los acontecimientos que se han concentrado durante este mes de junio han puesto de manifiesto con claridad cuál es el camino que sigue la actual Unión Europea. Es hora ya de intentar impulsar proyectos alternativos, antes de que la integración los lamine definitivamente.

 

¿Crisis? ¿Qué crisis?

Albert Recio Andreu

I 

Cada vez más,  los analistas económicos se parecen a los comentaristas deportivos. Con sus euforias y depresiones ciclotímicas, con su abuso de los lugares comunes y los tópicos. Con sus propuestas simplistas para salir del atolladero. Y los líderes políticos se comportan de forma parecida a los dirigentes deportivos, negando problemas cuando empiezan a ser evidentes y lanzado propuestas de humo cuando ya se están quemando. Solo hay una diferencia substancial: mientras el mundo del deporte es un mero juego relativamente impredecible (aunque a su alrededor se articule un gran tinglado financiero y político), la economía afecta a aspectos básicos de la vida social. Y los políticos y comentaristas económicos se apoyan en unos saberes que se presentan a sí mismos como conocimientos científicos,  producidos por una ingente infraestructura académica. Algo que hace aún más intrigantes los cambios de ánimo y la ausencia de propuestas sólidas cuando las cosas se complican. Unas propuestas que, al menos en los últimos treinta años, son siempre del mismo tipo, sea cual sea el diagnóstico. O que obligan a forzar el diagnóstico para que cuadre con la única propuesta conocida: más mercado, más flexibilidad, menos impuestos, más contención salarial.... 

II 

La recesión (o crisis, el nombre es secundario) actual tiene elementos planetarios y otros que afectan de forma desigual a países concretos. Tiene aspectos conocidos de otras crisis y aspectos nuevos, también conocidos pero menos asimilables a los modelos económicos de referencia. Entre los efectos generales destaca sin duda la crisis financiera internacional. Ésta ha sido un fenómeno recurrente en los últimos veinte años en los que periódicamente se han sucedido la explosión de las diversas “burbujas especulativas”. La diferencia fundamental es que mientras que muchas de las situaciones anteriores se caracterizaron por crisis bursátiles o recesiones que afectaron especialmente a la periferia del sistema (México, Rusia, Este de Asia) ahora el cataclismo se ha producido en el centro y ha impactado directamente en varios de los mayores grupos financieros mundiales. Quizás por ello las respuestas políticas han sido diferentes y en lugar de propugnarse políticas de ajuste las primeras maniobras se han orientado a salvar el sistema bancario mediante una provisión masiva de fondos por parte de los organismos reguladores públicos (Reserva Federal estadounidense, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo) para evitar la quiebra de las instituciones más afectadas (Bear Stearns, Northern Rock) y con ello la generación de un efecto dominó que hubiera afectado al conjunto del sistema financiero.  

Una política de intervención pública de cortafuegos que si bien evita la generación de una catástrofe a corto plazo corre el peligro de dejar intactas las condiciones para que la situación se vuelva a repetir. Esta sucesión de recesiones financieras es consustancial a la historia del capitalismo. Pero en las últimas décadas se ha reforzado a medida que ha avanzado la financiarización de la economía, la liberalización de los movimientos internacionales de capitales, la creación de una ingente cantidad de instrumentos financieros, la reducción de controles y el levantamiento de restricciones al comportamiento de las entidades financieras. No está claro hasta que punto las medidas actuales han tenido éxito en contener la crisis actual. Pero lo que es seguro es que sin una regulación estricta del sistema financiero estas crisis reaparecerán. Y se mantendrán intactos el poder y el condicionamiento de la esfera financiera sobre el funcionamiento global de la actividad económica. 

III 

La crisis actual tiene también sus aspectos particulares. Los países donde el frenazo ha sido más desestabilizador (España, Irlanda, Reino Unido, EE.UU....) se han caracterizado por la eclosión de una crisis inmobiliaria tras un largo período de crecimiento del sector. Es en gran medida una crisis clásica de desproporción: la inversión crece desproporcionadamente en un sector y su producción acaba por no encontrar compradores. Al detenerse las ventas su caída arrastra en cadena a los demás sectores con los que este sector se relaciona. 

Este esquema simple lo podemos complicar con otros elementos. Especialmente preguntarnos por qué se ha producido esta sobreacumulación inmobiliaria. Una de las posibles respuestas nos vuelve a situar en la senda del capital financiero: el impulso, vía crédito, del “boom” inmobiliario y del desaforado despegue de los precios (en gran medida explicable por las propias características del crédito hipotecario, avalado en teoría con un activo real y por tanto el que más fácilmente puede concederse a sectores de rentas bajas). Es asimismo un sector donde se pueden obtener grandes márgenes en un corto espacio de tiempo. Y cuya producción no es deslocalizable. No deja de ser sintomático que muchos de los países que hoy se enfrentan a una depresión inmobiliaria son los mismos que hace tiempo mantienen una balanza comercial deficitaria. Aunque no está claro en qué medida esta opción por el “ladrillo” ha sido debida a su incapacidad para desarrollar otro tipo de actividades, o han sido precisamente las ganancias fáciles las que han acelerado su desindustrialización relativa (posiblemente de todo haya un poco).  

IV 

Para complicar la situación lo que podría ser una crisis tradicional de demanda, que admitiría la receta clásica de una reactivación vía gasto público, se complica con el rebrote de los precios de alimentos básicos y petróleo. Hay una respuesta sencilla: la especulación se ha desplazado del financiero-inmobiliario a las materias primas. Y por tanto la respuesta debería ser en este caso del mismo tipo que la ya comentada: la vuelta a una regulación estricta de los mercados, las limitaciones a los movimientos especulativos.  

Pero la realidad apunta a una cuestión más estructural y que afecta al conjunto de los modelos de desarrollo. La que indica que estos crecimientos son el resultado inevitable de combinar una oferta de alimentos y petróleo difícil de aumentar a corto plazo con un aumento de la demanda por parte de las nuevas capas medias de los países en crecimiento. En el caso del petróleo la restricción de oferta es inevitable, provocada por el agotamiento paulatino de los yacimientos más ricos, el aumento de costes de los nuevos y la caída a largo plazo de la capacidad total de extracción (la especulación estaría anticipando en parte este crecimiento de los precios a largo plazo). En el caso de los alimentos coinciden más cosas: tanto las restricciones de la producción generada por diversas dinámicas las políticas de ajuste agrario (como la PAC europea), la urbanización de espacios agrícolas y la sustitución de producciones básicas para el autoconsumo por la producción masiva de productos de lujo para el mercado mundial como el nacimiento de una nueva demanda de biocombustibles nacida en parte como respuesta al encarecimiento del petróleo internacional. Ya se sabe que el mercado es un sistema de voto censitario en el que los ricos tienen más papeletas, por lo que consiguen trastocar los usos y destinos de la producción mundial. En suma, las alzas de materias primas, más allá de las turbulencias especulativas, mostrarían el impacto de la crisis ecológica (la imposibilidad de generalizar el despilfarro de recursos naturales) en el funcionamiento de la economía global. 

No es tampoco algo nuevo. Ya ocurrió en la década de los setenta. Pero como entonces sólo una minoría de economistas entendió la interrelación entre la economía y la naturaleza, la solución fue una salida hacia delante que nos ha conducido a la situación actual. Y, como entonces, en lugar de reconocer el problema se opta por respuestas que combinan los intereses de los grandes grupos del capital con la irresponsabilidad y la ceguera más extremas. 

Para muestra la lectura del Banco Central Europeo, para quien el problema se reduce a controlar la inflación, a contener la demanda y a hacer que el mercado funcione. Subiendo los tipos de interés sin duda se acabará por frenar la economía, pero a un coste social que puede ser intolerable. Eliminando los mecanismos de indiciación de rentas (básicamente salarios y pensiones públicas) simplemente se hace aumentar la parte de renta que va al capital, pero difícilmente se contiene una inflación importada. Ninguna de estas medidas va a resultar eficaz para promover la necesaria reordenación económica que exige la crisis ambiental. Pero éste es el único tipo de respuestas que han aprendido unos tecnócratas formados en los manuales de economía al uso. Y es el único tipo de respuestas que, al menos a corto plazo, están dispuestos a escuchar los poderes que manejan el núcleo de la actividad económica mundial 

V 

Por alguna de las razones ya comentadas, la crisis en España tiene caracteres aún más preocupantes. En los últimos años se ha deteriorado la posición industrial del país y la economía se ha escorado aún más hacia el modelo constructor-turismo. Sin olvidar el desaforado aumento del consumo de recursos básicos que sustenta nuestro “modelo de crecimiento”. Desde hace muchos años se repite el “mantra” de la necesidad de desarrollar el capital humano y la tecnología sofisticada sin que se aprecie ningún cambio sustancial. 

Y no se trata sólo de una trayectoria errónea, sino de la ausencia de mecanismos efectivos para cambiar el rumbo. Hasta hoy la historia de todos los países que han alcanzado un despegue tecnológico se ha fundamentado en la combinación de diversos mecanismos básicos: una moneda devaluada (para favorecer exportaciones), una política industrial agresiva en apoyo de los sectores de despegue, un esfuerzo del sector público a favor del mismo. Y casi siempre se ha caracterizado por un esfuerzo a largo plazo, puesto que las innovaciones no son una mera respuesta a las inyecciones monetarias sino que suelen ser el resultado de procesos de esfuerzo sostenido. 

Muchos de estos mecanismos no están hoy al alcance de lo que pueden hacer nuestras autoridades. Ni la política de tipo de cambio, ni gran parte de la política industrial están en las manos del gobierno Zapatero en el supuesto hipotético que tuviera la voluntad de aplicarlas. Ni tampoco se tiene una influencia directa sobre sectores productivos claves que están en manos de multinacionales extranjeras que aplican estrategias globales y sitúan sus centros más sofisticados en aquellas localizaciones que consideran mejores para sus intereses.   

A corto plazo parece que lo único que puede hacer el Gobierno es intervenir en aquello que le pide la patronal: reducir impuestos, aplicar la enésima reforma del mercado laboral, construir más infraestructuras para mantener los ingresos de las grandes constructoras… No hay ninguna garantía de que con ello vaya a mejorar el clima económico, pero con ello se saciarán una vez más los intereses de los sectores dominantes. 

VI 

¿Qué deberíamos pedirle al Gobierno en este contexto? 

En primer lugar una información realista de la situación. Que evaluara de verdad los costes sociales y ambientales del modelo de crecimiento que ahora esta en cuestión. Que explicara de forma realista qué medidas puede tomar y cuáles no. Cuáles son los condicionantes que le impone el actual modelo institucional europeo. Y cuales son las presiones inaceptables de los grandes grupos de interés. Seguramente este Gobierno no tiene ni los conocimientos, ni la voluntad ni aún menos el poder para cambiar el curso de las cosas. Pero como mínimo le deberíamos hacer responsable de llevar a cabo un trabajo sostenido para cambiar la actual balanza de poder, para introducir en el debate político puntos de vista diferentes y de realizar evaluaciones honestas de los efectos de cada política. Para ser un agente activo en campos como la necesaria regulación de los mercados financieros o las políticas ambientales y sociales globales. 

En segundo lugar la ampliación de los servicios públicos. Tanto para satisfacer demandas sociales perentorias, como para generar de verdad empleo en un momento en que el capital privado se muestra incapaz de garantizar aquello que le da más hegemonía social: la creación de puestos de trabajo. Es absolutamente irresponsable reducir la oferta pública de empleo en el momento actual. Y es asimismo evidente  que son los países con más peso en el empleo público los que aparecen como los mejores en términos de bienestar social. El pagar pocos impuestos y bajos salarios no ha servido en cambio en España ni para garantizar empleo estable ni para generar una economía privada competitiva. 

En tercer lugar empezar a plantear la necesidad de una reconversión ecológica de nuestra economía. Capaz de hacer frente al agotamiento (y encarecimiento) de recursos como el petróleo, de eludir una crisis alimentaria, de frenar la desertización… Capaz de garantizar a todo el mundo la satisfacción de necesidades básicas. Una reconversión de tal calibre que requiere un ambicioso programa a largo plazo de intervenciones diversas: tecnológicas, organizativas, sociales, culturales. Y que presupone generar nuevas fórmulas de cooperación social, pero también cambios en la modalidad y el funcionamiento de la esfera económica. 

Y todo ello combinándolo con políticas de sostenimiento de rentas básicas. De apoyo a los procesos de reorientación productiva. De mantenimiento de la indexación de pensiones y salarios. Políticas que si por una parte impiden el deterioro de las condiciones de vida de la población por otra actúan como potentes mecanismos anticíclicos. Algo que suele ser omitido por los que siempre son partidarios de los recortes sociales en época de crisis (lo que no les impide ser demandantes de todo tipo de subvenciones y rebajas fiscales). 

La crisis actual ha puesto en cuestión, una vez más, los dogmas de la escolástica del libre mercado y del crecimiento sin fin. Ha liquidado la confianza panglossiana a la que estaba limitado el debate económico. Pero si no empezamos por desmontar con firmeza sus dogmas, y no propugnamos cambios de enfoque general, corremos el riesgo de quedar soterrados por la aplicación de medidas que van a dejar incólumes las bases del modelo que nos ha llevado a la situación actual.

 

La reacción judicial a la política antigarantista del ejecutivo norteamericano: la sentencia del tribunal supremo de los estados unidos en el caso Boumediene et alt. versus Bush

Ramón Campderrich Bravo 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha desautorizado recientemente en su sentencia en el caso Boumediene et alt. versus Bush  uno de los mayores excesos de la política antigarantista impulsada por la Administración Bush: la negación del derecho de habeas corpus a aquellos detenidos etiquetados por la Administración Bush misma como “combatientes ilegales” o “enemigos combatientes”. Sin duda alguna, es ésta una buena noticia, pero el optimismo suscitado en numerosos medios de comunicación por esta sentencia debe ser moderado a la vista de los límites de su alcance, a los cuales no se ha prestado debida atención. 

El poder ejecutivo norteamericano ha esgrimido desde la adopción de la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001 un nuevo motivo justificante de la detención de una persona y la consiguiente privación de su libertad: ser declarada esa persona “combatiente ilegal” o “combatiente enemigo” por el propio presidente de los EEUU o por una autoridad delegada por éste a esos efectos. Junto a las categorías jurídicas más o menos tradicionales de sospechoso de haber cometido un delito y de prisionero de guerra conforme a las Convenciones de Ginebra, la Administración Bush ha invocado una tercera categoría, la de “combatiente enemigo” o “ilegal”, la cual sólo cuenta con unos pocos precedentes provenientes de la Guerra de Secesión y de la Segunda Guerra Mundial. Según la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre del 2001, el presidente Bush podía incluir en esta tercera categoría a quienes discrecionalmente considerase relacionados de algún modo con la organización guerrillero-terrorista Al-Qaeda y sus actividades, en el contexto de la denominada “guerra contra el terrorismo”. Las personas así catalogadas no debían ser tratadas ni como prisioneros de guerra ex Convenciones de Ginebra propiamente dichos, ni como presuntos delincuentes, y, por consiguiente, no tenían reconocidos los derechos atribuidos a los prisioneros de guerra en sentido estricto o a los acusados de la comisión de delitos. Entre los derechos negados a los “combatientes enemigos” por la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001 estaba el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente, civil o militar, y el derecho de habeas corpus, esto es, el derecho a un control judicial de la detención, puesto que, por un lado, la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001 preveía la creación de unas comisiones militares dependientes del poder ejecutivo encargadas de juzgar  y, en su caso, condenar, incluso a la pena de muerte, a los sujetos calificados de “combatientes enemigos” y, por otro lado, ordenaba a las autoridades judiciales estatales y federales no tomar en consideración todo recurso o acción legal que versara sobre las decisiones del presidente y demás autoridades del poder ejecutivo y de las comisiones militares respecto a los “combatientes enemigos”.  

Las críticas formuladas en sus sentencias por varias instancias judiciales federales y, en especial, por el Tribunal Supremo a la Orden del 13 de noviembre de 2001 a partir del año 2003 obligaron a la Administración Bush a intentar blindar legalmente la categoría de “combatiente ilegal” o “enemigo” y a reducir o suavizar el radicalismo antigarantista de la Orden del 13 de noviembre de 2001. Fruto de ello fue la aprobación por el Congreso de la Detainee Treatment Act (2005) y de la Military Commissions Act (2006). Estas leyes introdujeron desde un punto de vista jurídico un cierto control judicial de la aplicación por el ejecutivo de la categoría “combatiente enemigo” y, por consiguiente, de la detención de las personas así catalogadas por la administración norteamericana. Pero su verdadera función fue consagrar el núcleo básico de la Orden del 13 de noviembre de 2001. En efecto, la Detainee Treatment Act (en siglas, DTA) atribuye a un órgano del poder judicial de los EEUU, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, la competencia para revisar la decisión de la Administración en virtud de la cual se califica a una persona de “combatiente enemigo”, con el resultado de poder ordenar la liberación de una persona privada de libertad con base en dicha calificación si el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revoca la decisión de la Administración; y, por su parte, la Military Commissions Act (en siglas, MCA) reconoce algunas garantías procesales a favor del “combatiente ilegal” en el ámbito de los juicios ante las comisiones militares. Pero lo esencial, el “núcleo duro” de la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001, punto culminante de la política antigarantista de George W. Bush, queda salvaguardado: la categoría “combatiente ilegal” o “enemigo combatiente” es elevada a rango legal al ser expresamente recogida en la DTA y la MCA convirtiéndose así en un nuevo fundamento legal para justificar la detención y la privación de libertad por tiempo indefinido de los detenidos; la facultad para catalogar a una persona como “combatiente ilegal” corresponde a la Administración, aunque el ejercicio de esta facultad pueda ser controlado a posteriori por un órgano judicial; el sistema de las comisiones militares dependientes del ejecutivo se mantiene y se legaliza, a cambio de pequeños avances en sentido garantista en la regulación del procedimiento ante las comisiones militares (estos avances no llegan a suprimir el privilegio conferido a la Administración en el marco de los juicios ante las comisiones militares de vetar a los “combatientes enemigos” enjuiciados y a sus representantes legales el acceso a información clasificada como de interés para la seguridad nacional, información sobre la cual pueden fundamentar perfectamente sus resoluciones condenatorias las comisiones militares). La impresión antigarantista, en la línea de la Orden de 13 de noviembre de 2001, que dan la DTA y la MCA queda reforzada con algunos otros datos de relieve: el “combatiente enemigo” sólo puede acudir al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para revisar su status tras haber pedido infructuosamente la revisión del mismo ante un organismo dependiente del ejecutivo denominado Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente (en siglas, CSRT); el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, con sede en Washington, es considerado un tribunal particularmente receptivo a los planteamientos del poder ejecutivo, de quien depende, recuérdese, la catalogación de una persona como “combatiente enemigo”; el parágrafo séptimo de la MCA niega expresamente el derecho de habeas corpus a los “enemigos combatientes”, así como cualquier recurso judicial distinto al previsto ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia por la DTA.  

¿Qué innovación garantista introduce en todo este sistema legal especial montado por la Orden del 13 de noviembre de 2001, la DTA y la MCA la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Boumediene et alt. versus Bush

Sin duda alguna, una innovación importantísima, aunque no tan profunda, en mi opinión, como para derruir el edificio antigarantista construido en los años precedentes. En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo declara inconstitucional por un ajustado margen cinco votos a favor y cuatro en contra el parágrafo d7.1 de la Military Commissions Act, en virtud de cual los “combatientes enemigos” quedaban privados del derecho de habeas corpus y, por tanto, sólo podían acceder a una tutela judicial tras recurrir a un CRTS y ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en exclusiva. El Tribunal Supremo también rechaza explícitamente, en contra del parecer de los cuatro magistrados contrarios a la opinión de la mayoría, el reiterado argumento utilizado por la Administración Bush de que Guantánamo no es territorio de los Estados Unidos a efectos del ámbito de competencia espacial de los jueces y tribunales estadounidenses. Todo esto significa que los detenidos en tanto que “combatientes ilegales”, incluso quienes se encuentran retenidos en la base de Guantánamo, tienen desde un punto de vista constitucional reconocido el derecho a solicitar a un tribunal federal distinto al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia la revisión de su condición de “combatiente ilegal” y, por tanto, a exigir su liberación por falta de fundamento legal de su detención (en el caso, claro está, de no ser “recatalogados” como prisioneros de guerra en sentido estricto o como sospechosos de la comisión de un delito). De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo, ese derecho se puede ejercer sin tener que esperar a un pronunciamiento de un CSRT (el Tribunal Supremo recuerda que el sistema creado por la DTA y la MCA genera dilaciones indebidas en cuanto a la clarificación de la situación del detenido: algunos de los detenidos implicados en el caso llevaban retenidos en Guantánamo seis años sin haberse clarificado su status).   

La decisión del Tribunal Supremo no cuestiona, sin embargo, la calificación ejecutiva de “combatiente ilegal” o “combatiente enemigo” de una persona como fundamento legal de una detención, fundamento distinto a la condición de prisionero de guerra según las normas del derecho internacional y a la condición de sospechoso de la comisión de un delito según las normas del derecho interno. Lo que es más grave: el Tribunal Supremo reconoce de modo expreso la legitimidad jurídica de la detención por tiempo indefinido de los “combatientes ilegales”, la cual puede prolongarse, con independencia de las posibles decisiones condenatorias de las comisiones militares, hasta el final de la llamada “guerra contra el terrorismo” el ponente que expresa el parecer de la mayoría del Tribunal llega a afirmar que esta “guerra” puede durar “una generación o más”. En consecuencia, esta decisión del Tribunal Supremo deja intactos buena parte de los cimientos de la política antigarantista puestos durante los dos mandatos del presidente George W. Bush y que heredará el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y nada hay en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Boumediene et alt. versus Bush que impida a la Administración norteamericana “transferir [los prisioneros] a otra [distinta a Guantánamo] de nuestras bases militares en el extranjero o traspasarlos a nuestros aliados”, como señala cínicamente el miembro más radical de la máxima autoridad judicial estadounidense, el juez Scalia. 

No obstante las observaciones acabadas de hacer, la postura mantenida por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el caso Boumedine et alt. versus Bush permite todavía albergar esperanzas en la capacidad de reacción a favor de la tutela de los derechos fundamentales de algunas instituciones estadounidenses en esta época de recorte generalizado de derechos civiles básicos, en contra del lugar común que concentra todas esas esperanzas en las instituciones políticas europeas, lugar común que ha quedado muy mal malparado con la aprobación de la ominosa Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio.

 

Tráfico  de armas, especulación financiera y servicios ITV 

Joaquín María Dodero Curtani 

En el Parlament de Catalunya se está tramitando el proyecto de ley de seguridad industrial en el que se dispone la privatización del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV). Se clausura así una etapa de 23 años de gestión indirecta de este servicio público en régimen de concesión administrativa, a lo largo de la cual el grupo APPLUS ha consolidado un monopolio consistente en la gestión del 83% de las estaciones ITV  catalanas, tras adquirir dos de las tres empresas concesionarias. 

Siguiendo los cánones de toda ley privatizadora, tras incluir en su preámbulo la declaración  de fe en los supuestos beneficios que han de comportar para la ciudadanía  la  libre elección del servicio y el incremento de la competencia en el mercado, en su  articulado se incurre en la antinomia de prescribir que, por vía reglamentaria, deberá establecerse un límite máximo a la cuota de mercado de las empresas operadoras de las estaciones ITV el eufemismo utilizado para significar el volumen de negocio que se permitirá mantener a APPLUS

La incertidumbre no es lo más aconsejable para el buen funcionamiento de la economía de mercado, nos cuentan los expertos. Por ello la poderosa mano invisible que lo mueve ha obligado a nuestros ilustres Diputados a zanjar la cuestión en el periodo de  presentación de enmiendas al proyecto de ley.  

Así , en el momento en que se escriben estás líneas, sus señorías están enfrascadas en una ruidosa  discusión acerca del  porcentaje máximo de la cuota de mercado que  se reservará a  APPLUS (mediante una enmienda parcial introducida por PSC-ERC-ICV-EUiA que  propone un límite máximo del 50% y  otra  de CiU que lo fija en  un 35% ), o lo que es lo mismo, el tamaño del oligopolio que  han de preservar. 

La competencia es una de tantas “quimeras” que figuran en los manuales de economía, por si alguien todavía tiene dudas al respecto. 

Con ello, están eludiendo el necesario debate público sobre lo esencial: la naturaleza de la operación financiera mediante la que el fondo norteamericano de inversión de capital riesgo CARLYLE GROUP adquirió el pasado verano la propiedad del 75% del capital  social de APPLUS.  

CARLYLE GROUP es un engendro económico alguien lo ha definido como un “negocio para iniciados” urdido a partir de la “influencia” y “confluencia”  de la elite de políticos republicanos y de hombres de negocios norteamericanos que figuran entre su personal directivo (el ex-presidente George Bush padre, el ex-secretario de Estado James Baker III, el ex-director de la CIA y ex-secretario de Defensa Frank Carlucci), así como altos dirigentes políticos y hombres de negocios de Asia, Oriente Medio (la familia Bin Landen) y de Europa (el ex-primer ministro John Major o el rey de  los especuladores, George Soros). “El invento” administra  fondos por valor de  81.000 millones de dólares mediante  47 Fondos de Inversión que dedica a la especulación en todo tipo de sectores económicos y se ha visto involucrado en graves escándalos de corrupción y crisis empresariales. Por si fuera poco, también  detenta la  propiedad de importantes empresas dedicadas al negocio de la guerra que forman parte de lo que se ha venido en llamar “el complejo militar-industrial norteamericano” (entre ellas LANDAMARK, INDIGO, UNIT DEFENSE) que fabrican y venden tanques, aviones de guerra o misiles. 

El modelo de operación financiera elegido por CARLYLE para la adquisición de APPLUS es el del “pelotazo”: el controvertido leverage buyout LBO (compra de una compañía usando el valor de los activos de la misma para financiar su adquisición). Lo pone de manifiesto la intención de revender lo adquirido en un  corto plazo (expertos consultados lo cifran en seis años) obteniendo de ello importantes plusvalías. Algo que ha venido practicando a escala planetaria, aprovechándose de las  políticas de bajos tipos de interés, las ventajas fiscales existentes y la irresponsable laxitud de los autoridades financieras, un  factor coadyuvante de la  actual crisis financiera  mundial. 

Mediante una adquisición a crédito, con una mínima inversión (CARLYLE, solo desembolsó 400 millones de euros con cargo a sus  propios recursos, de los 1.485 millones de euros del monto total de  la operación) su Fondo de Inversión y sus dirigentes pretenden enriquecerse de forma rápida, haciendo recaer la mayor parte del coste de la adquisición sobre APLLUS y  sus asalariados, a quienes se invita a asumir el reembolso (mediante el pago de generosos dividendos) del crédito sindicado que obtuvo de La Caixa, Caja Madrid, Caixa Catalunya y otros cuatro colosos financieros  para hacer frente a los 1.085 millones de euros del  capital social suscrito.  

Los otros beneficiados de la operación especulativa han sido los antiguos propietarios de APPLUS: AGUAS DE BARCELONA-LA CAIXA (53,1% de su capital), Unión FENOSA (25%) y Caja Madrid (21,9%), los cuales han visto recompensado con importantes “plusvalías netas” (200 millones de euros en el caso de La Caixa) sus esfuerzos para levantar un emporio económico cimentado en la prebenda, la externalización y privatización del servició público ITV o la certificación industrial, y que ha sido favorecido por el poder político con la privatización de dos empresas públicas de la Generalitat (el “Institut d’Investigació Aplicada del Automóvil” y el “Laboratori d’Assaigs i Investigacions”). 

Tras la aprobación de la operación por la UE, el Gobierno catalán se ha limitado a exigir,  con éxito, un “peaje patrio” sobre tan edificante negocio, consiguiendo que el 25% del resto del capital social de APLLUS quedara en manos de entidades financieras catalanas, convirtiendo de esta forma a Caixa de Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Caixa Tarrassa y el RACC en socios partícipes de CARLYLE en el Consorcio que gestionará APPLUS. 

El Grupo La Caixa, tras la venta de su participación, se dispone a librar un nuevo asalto al estado de bienestar, ya que ha anunciado que en el futuro concentrará sus esfuerzos (las plusvalías netas obtenidas) en el negocio del sector de servicios de salud  (Mutua Adeslas) y en servicios sociales. Un ejemplo revelador de la naturaleza de la “obra social” que realizan las Cajas de Ahorro de acuerdo con su normativa reguladora, de su peculiar  interpretación del mandato de invertir sus depósitos una buena parte del ahorro de las llamadas clases subalternas “en la financiación de activos de interés general” y de la obligación de “fomentar el desarrollo económico y social en su actuación”, según se establece en el artículo 4 de la  Llei de caixes. (Y todo ello con el beneplácito del gobierno catalán, que renuncia a sus amplias atribuciones sobre las cajas de ahorro contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía). 

Ante la renuncia política a la explotación directa del servicio ITV por la administración, y la consiguiente claudicación ante los sucios negocios de CARLYLE y sus socios/ cómplices, a los ciudadanos responsables no nos queda otra respuesta que la objeción a  utilizar los servicios ITV CARLYLE-APPLUS, eligiendo a cualquier otra operadora de estaciones ITV de las que se autoricen en el futuro para dar ejemplo de consumo responsable.

 

El sentido de la vergüenza

Antonio Madrid 

Es difícil explicar a los niños cómo es el mundo. Es decir, es difícil explicar a los niños cómo las personas hacemos el mundo. Existe la duda acerca de qué realidades mostrar y cómo mostrarlas. En otros casos la duda no se plantea y directamente se disfraza la realidad o se miente sin más. De esta forma, los niños se hacen jóvenes y van configurando su visión del mundo. A veces, incluso, criticando y transformando la visión que les han transmitido sus mayores. 

Qué les vamos a explicar a los niños acerca de los inmigrantes. Hay una parte de la historia que se repetirá: lugares de origen, culturas diferentes, lenguas distintas, canciones propias, tradiciones, creencias religiosas… Tal vez se hable de las causas de la inmigración: por qué una persona deja su lugar de origen y marcha a otro.  

Tal vez algún niño pregunte por qué se tiende a tratar la inmigración irregular como delito, o por qué la nueva Directiva comunitaria en materia de inmigración restringe los derechos de los inmigrantes. Para prevenir indignidades intelectuales y morales consistentes en negar la realidad hay una vacuna muy simple: ponerse por unos días en la piel de las personas a las que se les va a aplicar la nueva normativa.  

Pero supongamos que la conversación continúa, bien en el colegio o en casa. ¿Cómo explicar la extensión contemporánea de la segregación de los inmigrantes y de aquellas personas que quedan situadas en los arrabales del modelo jurídico, social y político? ¿Cómo explicar y en su caso, justificar el incremento de las desigualdades y de los mecanismos de discriminación?  

La expansión de los mecanismos de segregación (política, social y jurídica) se ve reforzada por el adensamiento de la cultura del miedo y el arraigo de un pensamiento conservador que rebaja, cuando no anula, la idealidad transformadora. Este proceso se visualiza en decisiones políticas que se transforman en mecanismos jurídicos: la nueva directiva comunitaria sobre inmigración que recorta los derechos de los inmigrantes, debilita las garantías y endurece su tratamiento jurídico; o los proyectos del gobierno italiano para la población gitana o para las prostitutas. 

Junto a esta expansión del Estado penal, se mantienen las actuaciones ilegales que tienden a normalizarse: los vuelos secretos y la utilización del suelo español, el mantenimiento de Guantánamo, o la invasión de Irak. No se trata sólo del Leviatán desatado, sino de la progresiva aceptación social (en ocasiones resignación preñada de miedo) de la deshumanización del que es considerado y tratado como enemigo. Se trata también del auge del autoritarismo.  

Estos mecanismos (tanto los legales comentados como los ilegales normalizados) generan segregación y dan pábulo a la brutalidad social: los ataques contra gitanos (en Italia), contra los defensores de los derechos de las minorías, contra los homosexuales o contra los inmigrantes son prueba de ello. 

Algo de esto habrá que explicar si se quiere mostrar cómo las personas hacemos el mundo. Ante esto el sentido de vergüenza moral y política propia y ajena es irremediable.

 

La biblioteca de Babel 

Rossana Rossanda
La muchacha del siglo pasado

Foca, Madrid, 2008. 

Éste es un libro rico y denso, en que el lector es llevado firme pero lentamente a captar su verdadero sentido: un sentido atípico. Es la historia de una relación íntima de veintiséis años. Lo que pasa es que se trata de una relación extraña: la historia de amor entre una militante y su partido. Entre esta muchacha del siglo pasado y el partido comunista italiano. Desde su ingreso —y las cosas que lo hicieron a la vez posible e inevitable— hasta su expulsión a mediados de 1969, que se podía evitar, pero nadie intentó hacerlo. A lo largo de este turbulento período, van cambiando ella, el partido e, inevitablemente, la relación entre ambos.

Para una lectora que vive en el presente, el testimonio es extremadamente valioso. Son los años que van de la resistencia a la explosión de 1968. Pero son también los años de los electrodomésticos, de los antibióticos, del automóvil de un amigo, del incipiente uso de los anticonceptivos y de la conquista de Italia por la comida meridional (pizza y espaguetis). También hay una pequeña historia del marxismo italiano, donde los nombres que hoy consideraríamos clásicos son absolutamente desconocidos (por lo menos, hasta la mitad de los sesenta). Así van las cosas, parece decir Rossanda en sorna muchas veces: Herbert Marcuse era un desconocido antes de mayo; después de la revuelta, era un número uno en ventas. No es el único, por supuesto.

El contenido de este libro cuenta una historia extrañamente feliz. Feliz porque creyeron estar construyendo algo. La historia se detiene tras el “otoño caliente”. El análisis de lo que entonces no se vio (o no se quiso ver) es convincente. Lo que pasa es que ella ya no estaba en el PCI para intentar cambiar el rumbo. Al final, hay un inmenso pesar por lo que vino después: por los años de la reacción, por el empuje que se llevó al PCI por delante y, con él, todas las ilusiones que representó durante la juventud de esa muchacha, allá por el siglo pasado.

[Montserrat Sendra]

 

PÁGINAS-AMIGAS

Centre de Treball i Documentació (CTD)
http://www.cetede.org

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas

El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com

La Insignia-
http://www.lainsignia.org

Sin permiso
http://www.sinpermiso.info/

 

Revista mientras tanto

Número doble 104-105

mientras tanto

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Otoño-invierno 2007

104-105

NOTAS EDITORIALES
¿Cambio climático global o crisis socio-ecológica?

A. Recio

Elecciones: ganará la derecha, ¿pero cuál?

J.-R. Capella

La Unión Europea y el arte del doble rasero

G. Pisarello y X. Pedrol

Sucesión y desinformación

J. L. Gordillo

El catolicismo conservador, el pan nuestro de cada día

A. Madrid

En la muerte de Josep Guinovart

J.-R. Capella

 ARTÍCULOS
LOS COMUNISTAS ANTE LA TRANSICIÓN

Josep Fontana

EL LIBERALISMO HERÉTICO DE PIERO GOBETTI

Giaime Pala y Gianluca Scroccu

EL INIGUALABLE Y DESIGUAL SIGLO XX

Bob Sutcliffe

DEL MARXISMO-LENINISMO AL NEOCOLOQUIALISMO O LAS PRODIGIOSAS AVENTURAS TRANSPIRENAICAS DE CARLOS SEMPRÚN

José A. Tapia Granados

 MEMORIA HISTÓRICA Y PODERES PÚBLICOS
Presentación

POSIBILIDADES Y LÍMITES DE LAS ‘POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MEMORIA’
S
ergio Gálvez Biesca

¿PERSEGUIDOS O PERSEGUIDORES? SOBRE LA NECESIDAD DE AFRONTAR EL PASADO

Á
ngel Rozas

LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL COMIENZO DE LA TRANSICIÓN

A. González Quintana

TEMPUS FUGIT. LAS MEMORIAS DE LA TRANSICIÓN

X
avier Domènech Sempere

 RESEÑA
VIEJO Y NUEVO IMPERIALISMO: UN COMENTARIO SOBRE THE NEW IMPERIALISM DE DAVID HARVEY Y EMPIRE OF CAPITAL DE ELLEN MEIKSINS WORD

Bob Sutcliffe

OBITUARIO

CITA
 

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Avance Número 106 (en prensa) 

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Primavera 2008

NOTAS EDITORIALES
Cómo recomponer la izquierda

A. Recio

¿Es eficaz la ley integral contra la violencia de género?

J. A. Estévez

Apuntes sobre la Universidad española: el desarorrollo del mercado universitario

A. Madrid

La ofensiva pro-nuclear, una amenaza que debe tomarse en serio

J. Sempere

SOBERANÍA ALIMENTARIA
ARTÍCULOS

LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER ALIMENTARIO DEL NORTE: POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA DESTRUIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL SUR

Gerad Coffrey, Ana Lucía Bravo y Cecilia Chérrez

LIBRE COMERCIO FRENTE A PEQUEÑOS CAMPESINOS
Walden Bello

DIEZ RAZONES POR QUÉ UNA NUEVA REVOLUCIÓN VERDE PROMOVIDA POR LA ALIANZA DE ROCKEFELLER Y LA FUNDACIÓN DE BILL Y MELINDA GATES NO RESOLVERÁ LOS PROBLEMAS DE POBREZA Y HAMBRE EN ÁFRICA SUB-SAHARIANA
Eric Holt-Gimenez, Miguel A. Altieri. y Peter Rosset

COOPERACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN
Alex Guillamon

MIRANDO HACIA EL FUTURO: LA REFORMA AGRARIA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Peter M. Rosset

LA RUPTURA DEL CONSENSO EN TORNO A LOS AGROCOMBUSTIBLES
Eric Holt-Giménez e Isabella Kenfield

EL MOVIMIENTO POR UN COMERCIO JUSTO: DEBATES Y DESAFÍOS
Esther Vivas

RECURSOS EN LA RED
Documento: Declaración de Nyéléni

RESEÑA
Nuestros primos cercanos: chimpancés y bonobos

A. Barceló

 

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